Nueve meses de sobornos, fiestas con sexo, extorsiones y fiascos

Una trama de corrupción política y empresarial ha sido desarticulada en Canarias. Funcionó apenas nueve meses —entre finales de septiembre de 2020 y julio de 2021— y se disolvió porque los planes delictivos resultaron un fiasco. Al menos cinco empresarios pagaron alrededor de 100.000 euros durante ese tiempo a la red del intermediario Antonio Navarro Tacoronte, un hombre con numerosos antecedentes delictivos, organizador e impulsor del caso de corrupción co...

Una trama de corrupción política y empresarial ha sido desarticulada en Canarias. Funcionó apenas nueve meses —entre finales de septiembre de 2020 y julio de 2021— y se disolvió porque los planes delictivos resultaron un fiasco. Al menos cinco empresarios pagaron alrededor de 100.000 euros durante ese tiempo a la red del intermediario Antonio Navarro Tacoronte, un hombre con numerosos antecedentes delictivos, organizador e impulsor del caso de corrupción conocido como Mediador o mediáticamente Tito Berni.

El sumario recoge hasta 21 transferencias de algunas de esas empresas a la cuenta corriente de la pareja de Navarro Tacoronte por 83.000 euros, sin nada que justifique esos ingresos. Además, tres de las sociedades implicadas donaron 15.000 euros a favor del club deportivo Vega Tetir, presidido por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el diputado del PSOE que renunció al acta tras estallar el escándalo y al que la investigación sitúa como cabecilla de la organización corrupta.

Sobornos sin resultados conocidos. Los supuestos sobornos a políticos no tuvieron el resultado esperado. Los empresarios aceptaron abonar mordidas —en dinero o en especie, a través de comidas y fiestas, algunas con prostitutas— a cambio de que los cargos socialistas les librasen de sanciones, o les facilitasen licencias, contratos y subvenciones.

Una industria quesera, una firma de drones, una empresa de placas solares, otra de energías renovables y una sociedad de productos agropecuarios esperaban distintos tipos de ayudas de la administración canaria.

Pero los ex altos cargos, Juan Bernardo Fuentes (exdirector general de Ganadería en Canarias de agosto de 2019 a marzo de 2020) y su sobrino Taishet, que le sucedió en el puesto hasta junio de 2021, no facilitaron licencias, ni lograron eliminar o reducir multas, ni amañaron contratos públicos ni concedieron subvenciones a los cinco empresarios señalados hasta ahora en la causa, según se desprende del sumario.

Origen del caso: una denuncia falsa por 2.575 euros. La investigación a esta trama corrupta comenzó en diciembre de 2021 a raíz de una denuncia, que resultó falsa, sobre el robo de 2.575 euros en la tarjeta de crédito de Ángel Luis Pérez Peña, director de Deportes del cabildo de Tenerife. Este cargo insular se consideraba estafado por Antonio Navarro, quien no solo se defendió y demostró su inocencia en ese caso, sino que denunció a su vez una trama masiva de corrupción en Canarias de la que él formaba parte como actor principal. Allí se inició la investigación del caso.

Sin daño a la administración canaria. Quince meses después, la instrucción no ha logrado acreditar, de momento, daño alguno al patrimonio público canario, aunque la investigación sigue viva y pendiente de analizar numerosa documentación. Los servicios jurídicos del Gobierno canario desaconsejaron personarse en la causa como acusación particular al entender que no había perjuicio para el erario. El PSOE sí anunció que se personaría.

El intermediario como autor intelectual de la trama más fotografiada. Las fechas de los distintos contactos entre las dos ramas de la trama corrupta, la política y la empresarial, señalan que Antonio Navarro Tacoronte fue el autor intelectual del plan delictivo en el que participaron unos y otros. Navarro Tacoronte, según las fotografías que él mismo aportó a la causa, contactó y comió con varios de los empresarios implicados meses antes de conocer al que entonces era director general de Ganadería, Taishet Fuentes, quien sucedió en ese cargo a su tío Juan Bernardo Fuentes.

El intermediario puso a la rama política en contacto con la parte empresarial, a la que reclamaba dinero para conseguir un trato de favor de los cargos públicos que nunca acabó de fructificar.

El escándalo nacional de las visitas al Congreso de los Diputados. Especialmente grave consideró la juez instructora del caso las visitas de los empresarios acompañados del mediador al Congreso de los Diputados para reunirse con el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo: “Perfectamente descriptiva del proceder de la trama es la manifestación de Navarro Tacoronte: Se iban con los empresarios al Congreso, se hacía una visita por el Palacio, se hacían fotos para facilitarles la entrada en Canarias a través de la gestoría propiedad de Curbelo, procurando una adjudicación directa de algún convenio. Tras la visita en el Congreso se iban a almorzar y seguían de fiesta el resto del día, lo cual era abonado por los empresarios en cuestión y costaba entre 3.000 o 3.500 euros de media por noche”.

La investigación de la Policía y la Guardia Civil tan solo acredita dos visitas de dos empresarios al diputado Fuentes Curbelo en el Congreso (14 de abril y 28 de abril de 2021). Sobre el resto de las acusaciones vertidas en la declaración del mediador que cita la juez no hay pruebas documentales en el sumario.

Un general de la Guardia Civil que cobraba a los empresarios, pero no conocía a los políticos. Los investigadores y la instructora denuncian una organización criminal liderada por el exdiputado Juan Bernardo Fuentes y en la que se integra el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, el único en prisión ahora. Pero ambos no se conocen, no han hablado nunca y en el sumario no hay una sola prueba de su relación. Lo único que vincula a ambos es Antonio Navarro Tacoronte, el mediador.

El general “se valdría del cargo que antaño ostentó como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y sus relaciones para transmitir a los empresarios altas posibilidades de gestión y éxito en sus proyectos a cambio de las correspondientes e ilegítimas comisiones”, según la juez. En el registro a las propiedades del general se hallaron 61.000 euros en metálico. La documentación del sumario no acredita ninguna gestión exitosa del general a favor de los empresarios que le pagaban.

Un indicio de pago en especie; placas fotovoltaicas en la casa del diputado que no aparecen. La juez instructora escribe en el auto donde deja en libertad, contra su criterio, al exdiputado Fuentes Curbelo: “Existen indicios de que el empresario Bautista Prado llevaría a cabo la instalación de placas fotovoltaicas de manera gratuita en la finca que comparte Fuentes Curbelo con su esposa, a la vista de las conversaciones analizadas en el terminal del ahora detenido”. Sin embargo, la comisión judicial que realizó el registro en la vivienda del exdiputado socialista no encontró ni rastro de las placas solares, un supuesto pago en especie a cambio de que Fuentes Curbelo le ayudase a conseguir contratos de otras empresas privadas.

La cena en el Ramsés que acorrala a cinco diputados socialistas. El mediador y principal impulsor de la trama corrupta se pasea por determinados medios acusando a diputados del PSOE de conductas supuestamente indecorosas, aunque sin relación con actividades corruptas. Esos diputados salieron a cenar un día con su compañero de grupo, Juan Bernardo Fuentes, y con el mediador Antonio Navarro. Preguntado este en La Sexta si los parlamentarios estaban al tanto de las actividades de Juan Bernardo Fuentes, el mediador contestó: “A mi parecer, supongo que no”. En otras televisiones sugirió que alguno de esos diputados pudo acudir a fiestas con prostitutas pagadas por empresarios canarios. Todos los parlamentarios acusados de estar en esa cena han anunciado querellas contra Navarro Tacoronte.