El Gobierno mantiene en un limbo al sudanés que pidió asilo en la Embajada española en Rabat: “Me siento como un zombi”

Un agudo dolor en la sien recuerda a Basir todos los días que no es libre. Las jaquecas llevan tiempo machacándolo, pero no puede ir al médico porque no quiere que su nombre figure en ningún registro. Escondido en una ciudad marroquí desde hace mes y medio, ni siquiera se atreve a acercarse a la farmacia a por una caja de paracetamol. Tampoco tiene dinero para comprarlo. Hay momentos en los que este joven sudanés de 24...

Un agudo dolor en la sien recuerda a Basir todos los días que no es libre. Las jaquecas llevan tiempo machacándolo, pero no puede ir al médico porque no quiere que su nombre figure en ningún registro. Escondido en una ciudad marroquí desde hace mes y medio, ni siquiera se atreve a acercarse a la farmacia a por una caja de paracetamol. Tampoco tiene dinero para comprarlo. Hay momentos en los que este joven sudanés de 24 años, que pide no revelar su verdadero nombre, quiere acabar con todo. En otros, se resigna a contar los días que le quedan para que “algo bueno” le ocurra por fin en su vida. Pero la cuenta puede ser infinita y la cabeza, a la que da vueltas y vueltas, no deja de dolerle. “No puedo más. Estoy realmente cansado de mi vida y me siento como un zombi”, cuenta a EL PAÍS por teléfono desde su escondite.

Basir sobrevivió a la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio y, seis meses después, decidió acudir a la Embajada española en Rabat y pedir viajar a España de forma legal y pedir asilo. El paso que dio, aunque podría cambiarle la vida, le obligaba a salir del anonimato de un refugiado sin documentos y le exponía aún más ante las autoridades marroquíes. Estaba desafiando al sistema porque su iniciativa pone a prueba el discurso oficial, la seguridad que ofrece Marruecos a los refugiados y el cumplimiento de la legislación por parte de las autoridades españolas.

La ley de asilo de 2009 contempla la opción de pedir protección internacional en una misión diplomática española para que alguien que huye de su país no tenga que forzar una valla o subirse a una patera para encontrar refugio en España. Es la alternativa que ministros y abogados del Estado han defendido en distintos foros (incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) para justificar las devoluciones en caliente de personas que no estarían agotando todas las opciones legales disponibles para emigrar. Al mismo tiempo, es la vía que las autoridades españolas se resisten a abrir. “Si se acepta, puede suponer un tremendo efecto llamada”, mantienen informalmente fuentes gubernamentales. El Ministerio de Exteriores, responsable en primera instancia de dar una respuesta, no ha contestado a las preguntas de este periódico. Tampoco el de Interior, cuya Oficina de Asilo y Refugio es la encargada de dar su parecer ante el traslado y, después, estudiar el expediente. La oficina de Acnur en España tampoco se ha posicionado.

La espera de Basir se prolonga desde el 13 de diciembre, ha pasado ya más de mes y medio. Nadie le ha respondido, ni sabe si lo harán, ni tampoco qué dirán. Para el equipo jurídico de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, que está acompañando el proceso, no hay duda de que su caso requiere la protección urgente que garantiza la ley: Basir, cristiano, alega persecución religiosa en Sudán —donde la minoría cristiana está expuesta a la persecución en sus comunidades y en sus propias familias— y temor por su vida en Marruecos. El padre y uno de los hermanos de Basir fueron asesinados cuando él era un adolescente, en un ataque en el que él salió gravemente herido. Tras la matanza, huyó de su aldea y se refugió con parientes, pero estos acabaron amenazándole si no se convertía al islam. Tras casi una década huyendo, este mes y medio de parálisis le ahoga. Tiene miedo de que las autoridades españolas compartan sus datos con las marroquíes y que estas tomen represalias contra él por alegar que sufre persecución en el país magrebí. No dejan de llegarle relatos de compatriotas sudaneses que han sido detenidos. Su abogado, Arsenio Cores, mantiene que el tratamiento que el Gobierno está brindando a Basir “vulnera sus derechos humanos y le mantiene en un entorno torturante”. Y añade: “Todo el riesgo que el joven sudanés corre ahora mismo es responsabilidad del Estado”.

En mensajes enviados a este periódico, Basir relata su angustia: “Mi situación empeora cada día en términos de seguridad. Vivir aquí por tanto tiempo es peligroso para mí y tampoco puedo pensar en volver a mi país o irme a otro lugar porque también pondría mi vida en riesgo. Además, no hay trabajo con el que pueda ganar algo para comprar comida o, sobre todo, medicinas porque estoy enfermo y vivo en la calle”. Basir, que ha renunciado a cualquier intento de entrar a España de forma irregular, asegura que el salvoconducto español es su “única opción y esperanza”. Mantiene que las mismas autoridades españolas que le expulsaron cuando consiguió entrar en Melilla deberían garantizarle ahora “seguridad y protección”.

Aunque se trate de un caso individual, la iniciativa de Basir y sus abogados tiene trascendencia política. Una vez ha decaído la polémica por la gestión del episodio del 24 de junio en el que murieron al menos 23 personas, partidos de distintas ideologías (del PP a EH-Bildu) están interesándose por el proceso y registrando preguntas parlamentarias para obligar al Gobierno a posicionarse. El asunto ha escalado también al Parlamento Europeo, donde el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán ha registrado una pregunta. El caso interesa también al Defensor del Pueblo porque entre sus recomendaciones tras aquella jornada de junio apeló a Exteriores para que facilitase este trámite en las embajadas españolas. La Fiscalía ha mostrado igualmente su preocupación por este tema. A pesar de descartar la imputación de cualquier delito a las autoridades españolas por su actuación en la valla de Melilla, el ministerio público instó al Gobierno a que facilite que los refugiados puedan pedir asilo en embajadas y puestos fronterizos. El decreto de la fiscal señaló “posibles fallas de un sistema” que permite que personas merecedoras de protección internacional pongan en riesgo su vida.