Una derecha en transformación y cerrada al acuerdo con el Gobierno

La derecha española se ha transformado en 2022, aunque al estilo gatopardista: cambiando todo para que nada cambie. La metamorfosis más importante ocurrió en el PP, que defenestró a su joven líder criado políticamente en las Nuevas Generaciones de Madrid —Pablo Casado—y lo sustituyó por un político sénior de la periferia —Alberto Núñez Feijóo—. Sin embargo, el nuevo presidente popular,...

La derecha española se ha transformado en 2022, aunque al estilo gatopardista: cambiando todo para que nada cambie. La metamorfosis más importante ocurrió en el PP, que defenestró a su joven líder criado políticamente en las Nuevas Generaciones de Madrid —Pablo Casado—y lo sustituyó por un político sénior de la periferia —Alberto Núñez Feijóo—. Sin embargo, el nuevo presidente popular, que prometió a su llegada alcanzar pactos de Estado y que tiene las encuestas de cara, termina el año como su predecesor, sin haber suscrito con el Gobierno ni un mínimo acuerdo. Sus rivales en el espacio de la derecha también han afrontado un año de turbulencias internas. Vox atravesó un periodo aciago por su primera escisión, la de Macarena Olona; Ciudadanos agoniza en una lucha de poder por los restos del naufragio que libran Inés Arrimadas y Edmundo Bal. En conjunto, el bloque conservador, que sigue reconfigurándose, comparte un electorado muy movilizado y una estrategia de bloqueo a todo acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez muy similar a la de los años anteriores.

Casado, defenestrado. El PP se abrió en canal en marzo: un acuerdo vertiginoso de los barones territoriales del partido resolvió que el decano de todos ellos, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se hiciera con el control del partido, herido de muerte por la disputa entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Este terminó defenestrado por los suyos. El político gallego fue proclamado líder del PP el 2 de abril en un congreso sin rival. Configuró una dirección que reparte el poder entre el PP gallego y el andaluz, y se mudó a Madrid con su equipo de asesores más próximo de la Xunta.

Primer Gobierno conjunto de PP y Vox. El 11 de abril, apenas nueve días después del congreso del PP, Alfonso Fernández Mañueco fue investido presidente de Castilla y León con los votos de Vox, tras haber dado entrada a la extrema derecha en su Gobierno con una vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia de las Cortes autonómicas. Feijóo permitió hacer ese pacto hasta entonces inédito, aunque marcó distancias ausentándose en la investidura de Mañueco.

Ayuso logra el poder orgánico en Madrid. Feijóo entregó a la baronesa madrileña el poder del PP de Madrid que Casado le negaba, pero no por eso se libró de que ella le siguiera marcando el paso, como hacía con su predecesor. Ayuso hizo público que había presionado al líder del PP para que no pactara la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno. Tras superar la guerra interna en el PP y que trascendiera que su hermano cobró indirectamente de su Administración en plena pandemia, la presidenta autonómica ha encajado este año el primer golpe a su gestión: el 13 de noviembre se celebró en la capital una multitudinaria manifestación contra el deterioro de la sanidad pública.

La gesta andaluza de Moreno Bonilla. El 19 de junio, Juan Manuel Moreno Bonilla dio la campanada con una victoria histórica en las elecciones andaluzas, imponiéndose con una mayoría absoluta en el principal feudo socialista de España. El barón popular pudo gobernar en solitario y disparó a Feijóo en las encuestas, que desde entonces este ha liderado (salvo las del Centro de Investigaciones Sociológicas).

Vox sufre su primera escisión. Apenas un mes después de los comicios andaluces, el 29 de julio, Macarena Olona, la candidata de la extrema derecha, abandonó la política alegando cuestiones de salud. Después reveló que se daba de baja en Vox y sus desavenencias internas con la dirección de Santiago Abascal. Olona no se ha retirado de la vida pública ―aunque sí ha solicitado recuperar su plaza de abogada del Estado― y amaga con lanzar su propio proyecto político tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo.

El PP lanza la batalla fiscal ... hasta el fiasco de Liz Truss. Juan Manuel Moreno Bonilla anunció en septiembre que Andalucía suprimía el Impuesto de Patrimonio, un tributo autonómico que grava la riqueza de los contribuyentes superior a los 700.000 euros. El PP lanzó entonces una batalla fiscal contra la izquierda que provocó que algunos barones socialistas, como el valenciano, Ximo Puig, se apuntaran también a las rebajas fiscales. Todo cambió el 20 de octubre, tras la dimisión de la primera ministra británica, Liz Truss, por el monumental fiasco de su plan de rebajas masivas de impuestos. El PP, cuyo último programa electoral proponía medidas idénticas a las de Truss, abandonó paulatinamente la pelea fiscal. La debacle económica que anunciaba el PP no ha llegado y Feijóo ha aparcado la economía para centrar su oposición en la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno para favorecer a los líderes del procés independentista catalán.

Feijóo vota en contra del impuesto europeo a las eléctricas. La primera decisión de calado de Feijóo como líder del PP le llevó a votar en otoño en contra del impuesto extraordinario a las energéticas y la banca. El problema fue que, solo 24 horas después del voto negativo de los populares en el Congreso, la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Úrsula Von der Leyen, pronunció en Bruselas un contundente discurso en favor del gravamen a las eléctricas, dejando al PP con el pie cambiado. El episodio abrió una grieta de Feijóo con el PP europeo y con Von der Leyen, con quienes ya ha empezado a reconducir las discrepancias.

El volantazo en el Poder Judicial. El momento más frágil del liderazgo de Feijóo llegó el 27 de octubre, con la ruptura de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya ha cumplido cuatro años con el mandato caducado. Feijóo se echó atrás en el último momento, cuando el acuerdo con el Gobierno estaba casi cerrado. Lo hizo, dijo, al obtener la certeza de que el Ejecutivo iba a reformar el Código Penal para bajar las penas a los condenados y encausados del procés.

Ciudadanos se autodestruye. El tercer partido de la derecha sufría en silencio una progresiva decadencia sin haber conseguido representación en Andalucía (y con solo un procurador en Castilla y León) hasta que implosionó en una guerra interna. La disputa enfrenta a la líder, Inés Arrimadas, y a su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, que se medirán en unas primarias ―aunque ella no encabezará su lista― el próximo enero.

PP y Vox: el deshielo. El año que termina ha propiciado también el deshielo entre el PP y Vox con una reunión secreta que luego trascendió de Feijóo y Abascal y que inauguró una nueva etapa de relaciones fluidas entre ambos. La extrema derecha presiona al líder del PP para que encabece una moción de censura contra Pedro Sánchez; aquel se niega, aunque ha prometido abstenerse si Vox la presenta. En el horizonte, ambos partidos saben que se necesitarán tras las autonómicas de mayo.

De la crisis institucional al Tribunal Constitucional progresista. El bloqueo de los populares a la renovación del CGPJ detonó una crisis sin precedentes tras un recurso de Feijóo al Tribunal Constitucional. Los populares impugnaron el método legislativo exprés ―introducir enmiendas a una ley que nada tenía que ver― que había utilizado el Gobierno para sortear la parálisis, reformando la elección de los magistrados del propio tribunal de garantías y este, entonces con una mayoría conservadora, suspendió la votación en el Senado. Pero la partida en la justicia no terminó bien para el PP. Después de seis meses de jugada de los conservadores para influir en la renovación del Constitucional, el resultado es una victoria amarga. Aunque lograron que el CGPJ designara a los dos magistrados que ellos proponían, no evitaron la nueva etapa progresista en el tribunal, que echará a andar en enero. Feijóo ha amenazado ahora con actuar contra los dos magistrados del Constitucional propuestos por el Gobierno, anticipando una nueva batalla en la justicia. El año termina, una vez más, con un radical desacuerdo entre el Gobierno y la oposición.