El desbloqueo asegura un largo período de mayoría progresista en el Constitucional
Una vez se materialice la renovación, el tribunal tendrá que iniciar la deliberación de numerosos recursos sobre leyes de gran repercusión política y social
El desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, tras la decisión del martes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), va a suponer que el tribunal de garantías pase automáticamente —cuando los magistrados tomen posesión, en las próximas semanas— de su actual mayoría conservadora (6-5) a otra de carácter pro...
El desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional, tras la decisión del martes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), va a suponer que el tribunal de garantías pase automáticamente —cuando los magistrados tomen posesión, en las próximas semanas— de su actual mayoría conservadora (6-5) a otra de carácter progresista (7-4). Y esa nueva mayoría lo será durante un largo período: hasta 2031 no volverán a intervenir ni el Gobierno (que nombra dos magistrados del Constitucional) ni el Consejo del Poder Judicial (otros dos). Entre medias se producirán las renovaciones correspondientes al Congreso y al Senado. Salvo que de las elecciones saliera una mayoría parlamentaria abrumadora del bloque conservador o del progresista, esas renovaciones no alterarían la relación de fuerzas (porque los cambios en el Constitucional se hacen por consenso de tres quintos de los miembros de las Cortes).
Una vez renovado con la citada mayoría progresista, el Constitucional va a tener mucha tarea por delante, aunque el primer paso ha de ser la elección de un nuevo presidente o presidenta. Los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer siguen siendo los principales candidatos. Con toda probabilidad, el vicepresidente será el magistrado conservador Ricardo Enríquez. En paralelo, habrá que empezar a deliberar sobre los numerosos recursos y proyectos de sentencia de especial calado político que se han ido guardando en un cajón en los últimos meses, a la espera de que sobre ellos decidiera un tribunal ya renovado. Es seguro que el fallo sobre la vigente ley del aborto —recurrida por el PP en 2010— ocupará un lugar prioritario en el calendario del Constitucional.
El ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, tiene terminado un borrador de sentencia desde la primavera en el que, según fuentes del tribunal, avala la ley, pero estableciendo determinados requisitos y cautelas para las mujeres que quieran interrumpir sus embarazos. En todo caso, no cabe descartar un cambio de ponente si el texto preparado por Arnaldo es considerado restrictivo por la nueva mayoría.
Otros recursos de relevancia que esperan resolución y que el tribunal ha mantenido en un compás de espera son los relativos a la ley de eutanasia, la reforma educativa (ley Celáa), la pérdida del escaño por parte del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, la legislación de la Generalitat para impedir la fijación de una cuota del 25% de castellano en las escuelas catalanas, las fórmulas alternativas de juramento o promesa de la Constitución por parte de los diputados y senadores de varios grupos, la reforma laboral y la reducción de competencias del Consejo General del Poder Judicial en funciones.
El desbloqueo del Constitucional marca la línea de salida de todas estas sentencias pendientes y, aunque es pronto para determinar un calendario de actuaciones del nuevo tribunal, fuentes del propio órgano de garantías estiman deseable y factible que todos estos asuntos hayan sido resueltos a lo largo de 2023. Las mismas fuentes subrayan, sin embargo, el carácter electoral del año próximo y la norma no escrita que aconseja que los fallos con mayor repercusión política y social no coincidan con campañas electorales.
A pesar de la restricción que ha imperado hasta ahora, la mayoría conservadora ha llevado a cabo una importante labor de tijera jurídica en el tribunal, poniendo en riesgo la estrategia del actual Gobierno de coalición frente a algunos de los problemas más agudos que ha tenido que afrontar. El caso más destacado es el de la sentencia sobre el decreto del estado de alarma que estableció el confinamiento de la población en el primer momento de la pandemia. La mayoría del tribunal dictó la anulación de ese decreto por considerar que esa “suspensión” de derechos fundamentales solo es posible bajo el paraguas jurídico de un estado de excepción.
El tenso debate que supuso dicha sentencia no ha permitido la normalización de la vida del tribunal en el año y medio transcurrido desde entonces, como ha quedado de relieve en los dos últimos plenos del Constitucional. En tales sesiones plenarias se ha aprobado, también en intensas deliberaciones, la medida cautelarísima pedida por el PP para retirar dos enmiendas propuestas por el PSOE y Podemos en un proyecto de reforma penal que incluía cambios legales para facilitar la renovación del propio Constitucional. En medios del propio tribunal se estimaba que era difícil que el Constitucional siguiera adelante con un aceptable clima interno tras las fracturas registradas.
La elección de los magistrados que corresponde nombrar al Consejo del Poder Judicial cogió el martes al Constitucional sin un plan cerrado para el relevo, pero los trámites que son necesarios para llevarlo a cabo se harán “de forma inmediata”, según fuentes del tribunal. Se estima que el pleno para dar el plácet a los nuevos magistrados —los elegidos por el Poder Judicial y los que ya había designado el Gobierno— tendrá lugar el jueves o el viernes. La toma de posesión se retrasará previsiblemente unas semanas.