El Senado suprime las enmiendas suspendidas por el Constitucional y continúa la tramitación de la reforma de la sedición y la malversación

La tramitación de las reformas de la sedición y la malversación continúa adelante en el Senado y se debatirá en el pleno del jueves, en medio de un clima enrarecido por la crisis institucional sin precedentes entre los poderes del Estado. La decisión del Tribunal Constitucional de impedir la tramitación en la Cámara alta de la reforma para su propia renovación —un tercio de los componentes del tribunal de garantí...

La tramitación de las reformas de la sedición y la malversación continúa adelante en el Senado y se debatirá en el pleno del jueves, en medio de un clima enrarecido por la crisis institucional sin precedentes entre los poderes del Estado. La decisión del Tribunal Constitucional de impedir la tramitación en la Cámara alta de la reforma para su propia renovación —un tercio de los componentes del tribunal de garantías, entre ellos el presidente, permanecen en el cargo con el mandato caducado desde junio— y del Consejo General del Poder Judicial —bloqueado desde hace cuatro años cuando sus miembros son elegidos por cinco años—, aprobada la semana pasada en el Congreso, no afectará, por tanto, al debate de las modificaciones legales de dos medidas con las que Pedro Sánchez confía en resolver la crisis territorial en Cataluña.

El fallo del Constitucional, adoptado con los votos a favor de los seis magistrados del sector conservador frente a los cinco del progresista, en un hecho sin precedentes en 44 años de democracia, obliga a excluir de la proposición de ley orgánica los apartados que incumben a la renovación del Constitucional y del Poder Judicial. La comisión de Justicia del Senado, que debía haber comenzado a las 9.15, se ha demorado más de dos horas a la espera del informe de los letrados de la Cámara.

La ponencia se ha ratificado con los cambios requeridos en la proposición de ley orgánica, con la excepción de las disposiciones transitorias cuarta y quinta y las disposiciones finales primera y segunda, apartado cuarto, cuya tramitación ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.

Antes de la comisión de Justicia, la Mesa del Senado ha mantenido una reunión extraordinaria a las 8.30, que ha durado una hora, en la que se ha acordado por cuatro votos a favor (los tres del PSOE y el del PNV) y tres en contra (PP) personarse y ser parte en el recurso de amparo en el procedimiento abierto tras el fallo del Constitucional y acusar recibo del auto con el que el tribunal de garantías ha comunicado la paralización de la tramitación en la Cámara alta de las enmiendas que el Gobierno había impulsado para facilitar la renovación del propio Constitucional.

La representación y defensa de la Cámara se ha asignado, de conformidad con el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, a la letrada Isabel María Abellán Matesanz, directora de la asesoría jurídica de la secretaría general del Senado. El auto del Constitucional da a las partes 10 días para presentar alegaciones. La Mesa de Congreso también ha acordado personarse en el procedimiento en representación y defensa de la Cámara Baja y presentará alegaciones en los próximos días.

A primera hora de la mañana, la Mesa del Senado también ha dispuesto continuar la tramitación de la proposición de ley orgánica que incluye la sustitución del delito de sedición por otro nuevo de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de cinco años, un tercio de la actual, y la rebaja de las penas máximas por malversación de 12 a cuatro años. A las 11.00, la Mesa del Senado se ha reunido de nuevo, esta vez de forma ordinaria, para la modificación del orden del pleno del jueves conforme a lo requerido.

Rechazo de los vetos en la comisión de justicia

El PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Junts registraron el lunes en el Senado vetos —equivalentes a las enmiendas a la totalidad en el Congreso— a la proposición de ley orgánica. Ninguna ha prosperado en la comisión de justicia. “El texto introducido mediante enmienda en el Congreso, se dirige a modificar el régimen de nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, con el único objetivo de atender al interés del partido en el Gobierno“Además, mediante una enmienda transaccional dan una nueva redacción al delito de malversación que supone un incomprensible paso atrás en la lucha contra la corrupción al volver al tipo previo a la reforma del Código Penal de 2015″, había alegado el PP, muy crítico con que la sedición y la malversación vayan al pleno del jueves. “Las formas son muy importantes y la protección de los derechos parlamentarios tienen que ser protegidos y en este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Ustedes decidieron por las prisas hacer un trágala, querían tramitar esta ley como fuera”, ha señalado Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, a los representantes del PSOE.

“La sedición no puede ser objeto de desaparición y la malversación de rebaja de condena, porque el mensaje que se traslada es que la ley no es igual para todos”, ha concluido el dirigente popular. Por su lado, Estefanía Beltrán (PNV) ha declarado: “Estamos ante la instrumentalización vergonzante de las instituciones por parte de la derecha”.

José María Oleaga, del PSOE, ha incidido en “la gravedad” y “momento triste por la situación anómala en que se encuentra la democracia española”. “El Constitucional ha tomado la decisión de que no podamos debatir una cuestión mediante medidas cautelarísimas, sin escuchar al Senado (...) Estoy convencido de que en un tiempo razonable se podrá solucionar el problema de fondo, que es el bloqueo del PP del Consejo General del Poder Judicial y que Alberto Núñez Feijóo dice que quiere mantener para proteger a la justicia de un Gobierno legítimo”, ha observado el senador socialista, que ha instado al resto de fuerzas a hacer frente a cualquier “intromisión” del poder judicial sobre el poder legislativo respetando siempre la Constitución. “Se atreven a saltar el legislativo español. Quieren ganar por la vía judicial lo que no ganan en las urnas. Lo que estamos viendo es el fin de la reputación democrática del Estado español”, ha intervenido Laura Castel (ERC).