Sucedió hace unos meses en un céntrico e histórico restaurante del Paseo Mallorca de Palma, frecuentado por empresarios, abogados y gente bien de la isla. El rey del imperio del ocio nocturno mallorquín, Bartolomé Cursach, compartía mesa con uno de sus íntimos cuando todavía quedaban semanas para que arrancara en la Audiencia Provincial el juicio del que finalmente ha salido absuelto después de que la Fiscalía retirara todas las ac...

Sucedió hace unos meses en un céntrico e histórico restaurante del Paseo Mallorca de Palma, frecuentado por empresarios, abogados y gente bien de la isla. El rey del imperio del ocio nocturno mallorquín, Bartolomé Cursach, compartía mesa con uno de sus íntimos cuando todavía quedaban semanas para que arrancara en la Audiencia Provincial el juicio del que finalmente ha salido absuelto después de que la Fiscalía retirara todas las acusaciones que pesaban sobre él por presuntos sobornos a policías para que hostigaran a su competencia. Cuenta uno de sus interlocutores durante ese mediodía que Cursach se encontraba contrariado y quejoso por su paso por la cárcel, en la que estuvo 13 meses hasta que le concedieron salir tras el pago de un millón de euros. Especialmente amargo fue el tiempo que pasó alejado de la isla en Valencia, donde fue trasladado después de que algunos testigos del caso denunciaran amenazas del entorno del empresario. Ante los presentes, afirmó que no cejaría en su empeño de que dos jueces y un fiscal entraran en la cárcel por lo que le habían hecho pasar.

El juicio por el caso Cursach terminó la semana pasada con la absolución de 15 de las 17 personas que permanecían sentadas en el banquillo, acusadas de extorsionar a empresarios del ocio después de que la Fiscalía, en una intervención lacrimógena, retirara todas las acusaciones sobre ellos al considerar que las pruebas testificales practicadas durante las sesiones no permitían sostener su escrito de acusación, en el que reclamaba 18 meses de cárcel al empresario por delitos de pertenencia a organización criminal y prevaricación. Ahora, quienes indagaron el caso están a punto de ser juzgados por presuntas irregularidades durante la instrucción, como presiones a testigos. Cursach, personado como acusación particular, reclama más de 200 años de cárcel para el juez, el fiscal y los cuatro agentes de la Policía Nacional que le investigaron. Un primer paso en la cruzada que ha emprendido en su contra.

El juicio rompió en cierta manera el halo de misterio y rumorología popular que siempre ha envuelto su persona, a la que se le atribuyen leyendas que no se sabe si son del todo ciertas. Allí no pudo esconderse tras las gafas oscuras que sol que llevó puestas durante el tiempo que duró la última de sus infrecuentes apariciones públicas, forzada en enero de 2015 por el Parlamento balear durante una comisión de investigación sobre las obras del hospital de referencia de las islas. Sentado en primera fila durante las sesiones judiciales, con la melena suelta y ropa informal, siguió atento estos meses los acontecimientos. A veces con aspavientos, otras comentando al oído de su número dos, Bartolomé Sbert, también investigado. Sus gestos se pudieron ver en las grabaciones, como la sorpresa cuando una mujer que testificó en su contra le hizo una peineta al abandonar la sala sin que lo vieran las magistradas. Su voz apenas se escuchó, solo para decir que no iba a declarar. Ni un solo comentario a los medios que cubrieron el juicio.

Sus negocios

Hombre esquivo, ausente siempre de los actos con habituales de la sociedad balear, sigue rodeado de un pequeño círculo de íntimos que no le han dejado en todo este tiempo. Criado en una familia que trabajaba en puestos de conserjería en el elitista Club de Tenis de Palma, comenzó a hacer fortuna trayendo ropa de Londres para venderla en Palma. Después llegó el primero de sus locales, la discoteca Smash que lanzó su negocio, que creció en base al ocio nocturno de las principales zonas turísticas de Mallorca. Hoteles en Magaluf, la discoteca BCM —que responde a sus iniciales—, restaurantes, el gimnasio más grande de la isla y el mayor templo del consumo de cerveza de los alemanes de retiro etílico en Mallorca.

La joya de la corona de su imperio fue la archiconocida discoteca Titos, situada en pleno Paseo Marítimo de la capital balear. Con capacidad para 1.000 personas y un ascensor de cristal que mira directamente a la bahía, el empresario la puso a la venta en 2020 por 16 millones y medio de euros, acuciado por la mala situación que atravesaba el sector del ocio nocturno por las restricciones de la pandemia. Apenas un año después, Cursach llegó a un acuerdo con la familia Fluxà, propietaria de la marca internacional de calzado Camper, que finalmente compró el edificio por una cantidad que no fue desvelada. Los Fluxà se han hecho con la propiedad de varios inmuebles en la zona de Gomila, barrio de ambiente festivo de la noche palmesana que entró en decadencia a principios de los 2000, con el objetivo de rehabilitarlo y dar un cambio a la zona. Por el momento está previsto que el Grupo Pachá alquile el edificio para impulsar una sucursal del cabaret discoteca Lío Ibiza, orientado principalmente al turista de lujo.

Durante su ausencia, el empresario dejó sus negocios en manos de sus íntimos y de uno de sus hijos, que lleva su mismo nombre y participó hace unos años en el programa Desafío en el Himalaya, de Jesús Calleja. Sus incursiones nunca se limitaron a los negocios de ocio, también se convirtió en el máximo accionista del Real Club Deportivo Mallorca y del Club Atlético Baleares, dos equipos rivales en la ciudad que no están destinados a entenderse. Fue un hombre cercano al que fuera ministro y presidente de Baleares con el PP, Jaume Matas, con quien alternaba en partidas de pádel y que frecuentaba su gimnasio. Con sus amigos lo hacía frente al tapete de la mesa de cartas de su finca de Puntiró. Ahora se abre un nuevo episodio de la historia, el del juicio a los antiguos investigadores del caso. La fiscalía todavía no ha presentado su escrito de acusación, pero en el ambiente judicial se sospecha que será duro. El empresario mallorquín, junto a tres de sus empleados, sí lo ha hecho y reclama una condena de 32 años y medio para el juez Manuel Penalva; 37 y medio para el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, y entre 30 y 34 años y medio para los cuatro policías del grupo de blanqueo. En unos meses sabrá si se cumplen sus anhelos.