Las claves de una jornada decisiva en el Congreso y en el Tribunal Constitucional

La reforma exprés del Código Penal impulsada por el Gobierno se ha dirimido este jueves en los plenos del Congreso de los Diputados y del Tribunal Constitucional. La Cámara baja ha dado el sí, por 184 votos a favor, 84 en contra y 1 abstención, el nuevo diseño legal de la malversación, que puede implicar importantes rebajas de penas para los líderes independentistas catalanes ya condenados (indultados del castigo de cárcel pero...

La reforma exprés del Código Penal impulsada por el Gobierno se ha dirimido este jueves en los plenos del Congreso de los Diputados y del Tribunal Constitucional. La Cámara baja ha dado el sí, por 184 votos a favor, 84 en contra y 1 abstención, el nuevo diseño legal de la malversación, que puede implicar importantes rebajas de penas para los líderes independentistas catalanes ya condenados (indultados del castigo de cárcel pero no del de inhabilitación) y los pendientes de juzgar. Pero esa votación ha incluido también dos enmiendas introducidas por el Ejecutivo para tratar de desbloquear la renovación del tribunal de garantías. Ambas han sido recurridas por el PP ante el Tribunal Constitucional, al que ha pedido que las paralice de forma urgente. El pleno de este órgano se ha reunido para decidir si accede a esta petición, pero, finalmente, ha decidido suspender y aplazar la reunión hasta el lunes. Ese aplazamiento ha permitido que la iniciativa se haya votado en el Congreso.

¿Qué se ha votado este jueves el Congreso? La Cámara baja ha celebrado un pleno en el que ha sometido a votación la última reforma exprés del Código Penal, que incluye un nuevo diseño legal del delito de malversación para distinguir aquellos casos en los que ha habido ánimo de lucro de los que no, y suavizar la pena en estos últimos. El texto incluye también una nueva modalidad para castigar a quienes desvíen fondos a fines públicos distintos a los inicialmente previstos. Un tipo en el que, supuestamente, podría encajar la malversación por la que se condenó a Oriol Junqueras y otros cuatro dirigentes independentistas y de la que están acusados Carles Puigdemont y decenas de ex cargos públicos de ERC y Junts. Todos ellos verían reducidas sus penas, lo que ha generado las críticas de la oposición y también de algunos barones del PSOE. La reforma del Código Penal que se ha votado en el Congreso incorpora además dos enmiendas que pretenden desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Para ello, elimina la obligación de que el nombramiento de los dos magistrados de este órgano que deben ser designados por el Consejo General del Poder Judicial exija una mayoría de tres quintos de los vocales y que el Constitucional conceda el plácet a sus nuevos miembros.

¿Qué ha recurrido el PP? Los populares han recurrido ante el Tribunal Constitucional las dos enmiendas al Código Penal que afectan a este órgano. Ambas fueron presentadas por el PSOE y Unidas Podemos. La primera modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria en el pleno del órgano para designar a magistrados del Constitucional. Hasta ahora, para ser elegido miembro del tribunal de garantías, los candidatos necesitan el apoyo de tres quintos de los vocales, pero con la reforma saldrían elegidos directamente los dos más votados. La segunda enmienda recurrida modifica la ley que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional para eliminar la potestad que ahora tiene de dar el plácet sobre la idoneidad de los nuevos magistrados que designa el CGPJ, el Gobierno y el Parlamento. Lo que impugna el PP es el procedimiento seguido para ambas reformas legales: la introducción de esas enmiendas sobre el CGPJ y el Tribunal Constitucional en una norma que nada tiene que ver con eso —la reforma del Código Penal— y con un trámite de urgencia.

¿Para qué se ha reunido el Constitucional? El presidente del tribunal de garantías ha convocado un pleno este jueves para decidir si se admite a trámite el recurso de amparo del PP y se paraliza por la vía urgente la tramitación de la reforma del Código Penal que incluye las dos enmiendas recurridas. Los populares solicitaron en su recurso la suspensión cautelarísima de los acuerdos alcanzados en los órganos del Congreso que han permitido tramitar los cambios en el Código Penal, lo que frenaría la aprobación de la reforma legal. El pleno ha comenzado a las 13.00 de este jueves, pero se ha suspendido hora y media después y aplazado hasta el próximo lunes. Además de decidir sobre la suspensión, el Constitucional tiene sobre la mesa las recusaciones a dos de sus miembros, presentadas por Unidas Podemos, que alegan que tienen intereses personales en esta decisión.

Para los socios de Gobierno, el intento del PP de frenar la reforma para renovar el Constitucional es un movimiento “antidemocrático”, en palabras del portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López. Podemos plantea que Pedro González-Trevijano, presidente del tribunal de garantías, y el magistrado Antonio Narváez tienen que abstenerse dado que lo que se debate les afecta personalmente. González Trevijano y Narvéz son dos de los cuatro magistrados cuyo mandato expiró el 12 de junio y fueron nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Los otros dos que quedan en funciones ―Antonio Xiol y Santiago Martínez Varez― fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial.

¿Qué consecuencias tendría en el CGPJ la paralización de la reforma legal? El órgano de gobierno de los jueces se reunirá el martes para designar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponde elegir. No hay acuerdo sobre los candidatos entre el bloque conservador y el progresista y ninguno reúne los 11 votos necesarios con la legislación actual para que salgan adelante las designaciones, por lo que, si el Constitucional suspende las reformas impulsadas por el Gobierno, la renovación del tribunal de garantías previsiblemente seguirá bloqueada. Si no las suspende, se facilitaría la elección del candidato preferido de los conservadores (el presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa) y el de los progresistas (el magistrado José Manuel Bandrés).