Un sudanés que sobrevivió a la tragedia de Melilla acude a la embajada española en Rabat para pedir asilo

Un joven sudanés que sobrevivió a la tragedia de Melilla el pasado 24 de junio ha acudido este martes a la embajada española en Rabat para pedir asilo. Acompañado de un equipo jurídico español, el chico, de 24 años y de nombre Basir, alega persecución religiosa en su país y temor por su vida en Marruecos. Según los letrados, la delegación diplomática ha aceptado y sellado la documentación que fundamenta la solicitud, una fo...

Un joven sudanés que sobrevivió a la tragedia de Melilla el pasado 24 de junio ha acudido este martes a la embajada española en Rabat para pedir asilo. Acompañado de un equipo jurídico español, el chico, de 24 años y de nombre Basir, alega persecución religiosa en su país y temor por su vida en Marruecos. Según los letrados, la delegación diplomática ha aceptado y sellado la documentación que fundamenta la solicitud, una forma de acusar recibo que obligaría al embajador a decidir si facilita el traslado del joven para que el sudanés pueda pedir protección internacional y se estudie su caso en España.

La iniciativa tiene un gran peso simbólico y político y sitúa a las autoridades españolas frente al espejo. España ha defendido en diversas situaciones que cualquier persona necesitada de protección puede acudir a las embajadas españolas y pedir asilo y que, siendo así, no se justificaría una entrada irregular saltando una valla. Pero este caso pone a prueba la veracidad de ese argumento y el cumplimiento de la legislación por parte de las autoridades españolas. Aunque la posibilidad de pedir protección internacional en embajadas está recogida en la ley de asilo de 2009, no es realmente accesible, especialmente para los subsaharianos, y más concretamente en la embajada española en Rabat.

El objetivo de los abogados del equipo jurídico de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, es que el joven pueda ser trasladado a territorio español para que se estudie su solicitud. Así lo establece una circular enviada en noviembre de 2009 a todos los embajadores. La nota dicta que un embajador, en el marco de sus funciones, tiene la facultad para que, si según su criterio “la integridad física de esa persona corre peligro”, se lleve a cabo el traslado al territorio nacional (lo que implica facilitar un visado en su caso y, si fuera necesario, obtener un billete de avión de ida a España). Uno de los abogados del joven, Arsenio G. Cores, ha explicado en una nota de prensa: “Se trata únicamente de no impedir ni obstaculizar el cumplimiento de la ley y de los tratados internacionales que obligan a España proteger a las personas refugiadas y a garantizarles acceso al procedimiento de protección internacional de manera efectiva”.

El padre y uno de los hermanos de Basir fueron asesinados cuando él era un adolescente, en un ataque en el que salió gravemente herido. El joven procede del Estado de Kordofán del Sur, una de las zonas donde el conflicto armado es más intenso y donde el ejército, los grupos paramilitares y tribales han cometido la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales del país, generando un contexto de impunidad y de desprotección para la población civil. Tras la matanza, huyó de su aldea y se refugió con parientes, pero estos acabaron amenazándole si no se convertía al islam. Atemorizado, emprendió una huida en busca de un lugar seguro en el que vivir que dura hasta hoy.

Trascendencia política

Aunque se trate de un caso individual, la iniciativa tiene trascendencia política. España defendió ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos cuando se analizó la legalidad de la devolución en caliente en 2014 de dos jóvenes subsaharianos que estos podrían haber pedido asilo en sus delegaciones diplomáticas. El argumento funcionó ante el tribunal que, en 2020, respaldó a España y consideró que la devolución “había sido una consecuencia de su propia conducta” porque tenían alternativas legales y no las usaron. El dictamen del tribunal y el argumentario español chocaban, sin embargo, con los informes del Defensor del Pueblo y de diversas ONG, que llevan años denunciando que esos procedimientos no son reales.

Pero la cuestión ha vuelto a imponerse con fuerza en el debate público con la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio. Aquel día, 470 personas que lograron entrar en la ciudad autónoma fueron devueltas sin procedimiento legal a Marruecos donde, según denunciaron después, fueron golpeadas y trasladadas a la fuerza a ciudades lejanas. Muchas de las víctimas y de los devueltos eran refugiados de Sudán que, en muchos casos, habían pedido ya protección en otros países africanos sin demasiado éxito.

En su comparecencia del pasado 30 de noviembre, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se refirió a esta cuestión en el Congreso: “España es un país de acogida para cualquier solicitante de asilo que llama a nuestras puertas, pero no puede permitir que nadie intente derribarlas por la fuerza”. Grande-Marlaska afirmó que es falso que las personas “asaltaron nuestras fronteras de forma violenta ante la imposibilidad de pedir asilo”. Y añadió: “Ustedes, señorías, nosotros, todos, sabemos que la ley de asilo define claramente los espacios donde solicitar asilo [...]”. Uno de esos lugares, según determina la ley de asilo de 2009, son las embajadas españolas. Así lo recordó también el Defensor del Pueblo, que tras su investigación sobre lo ocurrido en Melilla recomendó al Ministerio de Exteriores que refuerce “los medios materiales y humanos de la Embajada y los consulados en Marruecos” para garantizar que las personas con necesidades de protección internacional puedan acceder y tramitar sus visados para solicitar asilo en España, “sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada”.

“Arriesgado para él”

El equipo jurídico, que asumió el caso de Basir de forma gratuita, está ahora preocupado por la seguridad del joven. El letrado Arsenio G. Cores ha explicado que el paso que ha dado Basir “es arriesgado para él” estando en Marruecos y que necesita protección urgente. El letrado ha añadido: “Aunque como refugiado tiene derechos reconocidos por la ley, el Estado español el 24 de junio decidió actuar contra esa legalidad, desprotegiéndole al expulsarlo ilegalmente de Melilla y vulnerando su derecho humano a solicitar asilo. España es responsable de la situación de vulnerabilidad y riesgo que ha generado contra una persona refugiada, que lo único que intenta es sobrevivir y que jamás pensó en venir a España, pero a quien ningún Estado protegió”.