Tercera condena de cárcel para El Pequeño Nicolás

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, El Pequeño Nicolás, recibe un nuevo golpe. La Audiencia Provincial de Madrid lo acaba de condenar por tercera vez a cárcel. El tribunal le ha impuesto tres años y cinco meses de prisión por hacerse pasar por enviado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la vicepresidencia del Gobierno ante un empresario, según una sentencia dictada el pasado 24 de noviembre, a la que tuvo acceso EL PAÍS. En su fallo, los jueces lo consideran culpable de un delito de usurpación de funciones públicas y de otro de falsedad en documento oficial, pero lo absuelve de...

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, El Pequeño Nicolás, recibe un nuevo golpe. La Audiencia Provincial de Madrid lo acaba de condenar por tercera vez a cárcel. El tribunal le ha impuesto tres años y cinco meses de prisión por hacerse pasar por enviado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la vicepresidencia del Gobierno ante un empresario, según una sentencia dictada el pasado 24 de noviembre, a la que tuvo acceso EL PAÍS. En su fallo, los jueces lo consideran culpable de un delito de usurpación de funciones públicas y de otro de falsedad en documento oficial, pero lo absuelve del delito de estafa que también le atribuía la Fiscalía, que pedía para él una pena de seis años de reclusión.

El ministerio público, la Abogacía del Estado y Podemos, personado como acusación popular, acusaban al veinteañero de intentar estafar presuntamente a un empresario, Francisco Javier Martínez de la Hidalga, y a su esposa para quedarse con 500.000 euros. Una imputación que rechazó Gómez Iglesias durante el juicio, que acabó en noviembre y durante el que se presentó como un “joven inmaduro” que solo quería “tirarse el pisto” ante la “gente muy importante” entre la que se movía. Un chico que, según repite, sufre un trastorno de la personalidad con rasgos narcisistas y que quería “creerse algo”.

Según la acusación, Gómez Iglesias alquiló coches de alta gama con conductor para engañar a sus víctimas; consiguió “lanza destellos” de tipo policial para colocar en los vehículos; y falsificó documentos de Presidencia, Casa Real y el Centro Nacional de Inteligencia. “El acusado acudía a las reuniones con De la Hidalga en uno de esos vehículos, le recogía y le llevaba. Utilizaba el lanza destellos policial para abrirse paso entre la circulación, y le mostraba fotografías en las que aparecía junto a diversas personalidades. También simulaba llamadas telefónicas con la vicepresidenta y otras autoridades políticas”, detalla el ministerio público en su escrito de acusación.

Todo ello se produjo en 2014, cuando las andanzas de El Pequeño Nicolás aún no habían saltado a la luz pública. En aquel momento, según subraya la Audiencia de Madrid, el joven “mantenía relaciones con importantes empresarios, políticos y autoridades”, “por circunstancias todavía no esclarecidas”. En este contexto, contactó en octubre de 2014 con De la Hidalga, “que en esas mismas fechas tenía interés en una o varias operaciones con connotaciones económicas”, y se ofreció a colaborar con él “fingiendo” que trabajaba para Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta del Gobierno, y para el CNI.

“Para conseguir la finalidad buscada, no solo utilizó coches de alta gama en los que se activaron indebidamente señales luminosas idénticas a las utilizadas por vehículos oficiales en servicio de urgencia o prioritario, como muestra de la importancia de su estatus profesional, sino que también personalmente transmitió a terceros su vinculación profesional con instituciones del Estado, desplegando una puesta en escena para conocimiento y convencimiento de terceros. Y para reforzar esta creencia, no dudó en exhibir, o dejar a la vista, documentos con símbolos oficiales previamente elaborados por él mismo que no habían sido emitidos por los organismos o instituciones en ellos identificados”, apostillan los magistrados en su sentencia, de cerca de 100 páginas.

Sin embargo, respecto a la presunta estafa, el tribunal ha concluido que “no se ha probado, con total certeza, la entidad y finalidad” de las maniobras del veinteañero con De la Hidalga, que afirmó en el juicio que no se sintió estafado por el joven, aunque describió cómo se creyó el papel que representaba el acusado ante él. El empresario llegó a entregarle 25.000 euros tras acudir juntos a su banco para sacar todo el “efectivo” que pudiese —una operación que no se ejecutó en su totalidad ante las reticencias del director de la sucursal—.

A la hora de imponer la pena de tres años y cinco meses, los jueces han aplicado el atenuante de dilaciones indebidas: la causa se inició en 2014 y la vista oral no se celebró hasta ocho años después. Sin embargo, los magistrados han descartado rebajar la condena por el “trastorno de la personalidad con características narcisistas y de rasgos inmaduros” que sufre El Pequeño Nicolás, según han considerado probado los tribunales: “Ese [trastorno] no le impedía tener perfecto conocimiento de la realidad de los hechos, ni de sus consecuencias, actuando conscientemente con la finalidad de conseguir beneficios económicos por las operaciones que pudiera culminar con De La Hidalga”. También se le impone una multa de más de 8.500 euros, y se le castiga a pagar dos tercios de las costas del juicio —“incluidas las costas de la acusación particular y popular (Podemos), cuya intervención ha sido solvente en esta causa”, destaca la Audiencia—.

El Pequeño Nicolás, absuelto en 2018 en un primer juicio por calumnias al CNI, acumula ya tres penas de prisión. En 2021, la Audiencia lo castigó a un año y nueve meses por falsificar el DNI para que un amigo se presentase a la Selectividad en su nombre; y a otros tres años por hacerse pasar en 2014 por emisario del rey Felipe VI y de Sáenz de Santamaría durante un viaje a Ribadeo (Lugo), donde almorzó con el presidente de la compañía de transporte Alsa, Jorge Cosmen. Estos dos fallos se encuentran recurridos al Tribunal Supremo. Para febrero de 2023 se ha fijado una quinta vista oral contra Gómez Iglesias por crear una supuesta red criminal para obtener información confidencial de las bases de datos policiales. El ministerio público le pide otros nueve años y nueve meses de prisión por ello.