Los vocales conservadores descartan un pacto previo con los progresistas para renovar el Constitucional el 22 de diciembre

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han dado por rota este viernes la negociación con los progresistas para la renovación del Tribunal Constitucional. Eso implica que al pleno del 22 de diciembre, en el que está previsto votar a los dos nuevos magistrados del tribunal de garantías, no se llegará —como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores— con un pacto p...

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han dado por rota este viernes la negociación con los progresistas para la renovación del Tribunal Constitucional. Eso implica que al pleno del 22 de diciembre, en el que está previsto votar a los dos nuevos magistrados del tribunal de garantías, no se llegará —como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores— con un pacto previo entre los dos sectores que garantice la elección de un candidato propuesto por cada grupo. Los conservadores han anunciado su decisión, de la que responsabilizan a los progresistas, después de que estos les comunicaran que no aceptan poner más candidatos sobre la mesa al margen de José Manuel Bandrés, el elegido oficialmente por este grupo. “En estas circunstancias”, señalan fuentes conservadoras, “en el pleno del día 22 se harán las propuestas que cada vocal considere conveniente y cada cual votará a los candidatos que considere oportuno, sin previo consenso sobre la idoneidad y oportunidad de los candidatos propuestos”.

La decisión de los consejeros propuestos por el PP no supone que la elección de los magistrados sea ya imposible, pero sí la complica y supone el fracaso definitivo de la negociación entre bloques abierta en septiembre pasado. Los conservadores aseguran que el 22 se votará, pero que se hará sin acuerdo previo, lo que deja en el aire el resultado. Para ser elegido magistrado del Constitucional se requieren 11 de los 18 votos del pleno del CGPJ. Los conservadores suman 10 y los progresistas ocho, por lo que hace falta un pacto entre los grupos o que vocales de uno acepten sumar sus apoyos a los del otro. Esta fórmula ya la intentó sin éxito el expresidente del CGPJ Carlos Lesmes antes de dimitir, cuando buscó un acuerdo con los progresistas y tres miembros conservadores, ante las persistentes maniobras de bloqueo protagonizadas por el sector mayoritario de este grupo.

Las reglas que se pactaron al inicio de las conversaciones establecen que cada vocal puede proponer hasta dos candidatos (o uno o ninguno), por lo que, en teoría, en el pleno del 22 podría haber hasta 36 aspirantes (dos por cada uno de los 18 miembros del órgano), aunque nadie cuenta con que eso vaya a ocurrir. La votación se hace en una única vuelta, y cada vocal puede votar a uno o a dos candidatos (o votar en blanco). Si ninguno reúne 11 apoyos, la votación habrá fracasado y el CGPJ dejará los nombramientos sin hacer, al menos por el momento. Por el contrario, si dos candidatos obtienen 11 apoyos, esos dos serán los nuevos magistrados del Constitucional. Si solo uno obtiene 11, ese aspirante queda designado a la espera de que se celebren nuevas votaciones (en ese u otros plenos posteriores) en el que se completen las dos designaciones, ya que el CGPJ solo puede comunicar al Constitucional los nombramientos cuando tenga los dos candidatos elegidos.

La tradición, y el compromiso adquirido por las dos partes al inicio de la negociación, implicaban que el CGPJ iba a enviar al tribunal de garantías a un magistrado propuesto por los conservadores y otro por los progresistas, pero la deriva que han tomado las conversaciones lleva a que no se descarten otros escenarios. El primero, y para muchos el más realista a estas alturas, es que ningún candidato logre los 11 votos necesarios y el CGPJ incumpla con su obligación de designar a dos magistrados del Constitucional, lo que obligaría al tribunal a pronunciarse sobre los designados por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez, y decidir si les da el plácet. Fuentes del Consejo admiten que la ruptura de las negociaciones y la falta de acuerdo sería un argumento a favor de aceptar la renovación parcial (solo con la parte correspondiente al Ejecutivo).

Otra opción

Otra opción es que, descartado el pacto de consenso entre bloques, se llegue antes del día 22 a algún acuerdo de mínimos que sume a vocales de ambos grupos. Si los 10 conservadores se mantienen unidos, necesitan el apoyo de, al menos, un progresista, mientras que estos podrían intentar un acuerdo con tres conservadores, la opción que ya exploró Lesmes sin éxito. Si antes del 22 no se llega a ningún tipo de acuerdo que garantice 11 apoyos a dos candidatos, habrá que esperar a lo que cada vocal vote de forma individual. Los conservadores no descartan presentar una candidatura en la que figure el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que estuvo hasta el final en las quinielas de los progresistas, pero estos, tras una votación interna, acabaron decantándose por José Manuel Bandrés por seis votos a uno (el vocal Enrique Lucas es hermano de ese candidato y no participó en la votación). Lucas recibió el apoyo de la consejera Mar Cabrejas, pero esta se ha comprometido ante sus compañeros a votar al elegido por la mayoría. En todo caso, fuentes del sector conservador insinúan que intentarán que alguno de los vocales progresistas acabe cediendo a votar a otro candidato. Fuentes progresistas descartan plantearse esta opción y advierten que también podría darse la contraria: que tres vocales del grupo conservad apoyen el día 22 al aspirante progresista.