El juez busca a la desesperada un perito que le haga el informe final del ‘caso Neurona’

La falta de resultados en la búsqueda para encontrar una empresa que haga el informe pericial final sobre el caso Neurona, en el que se investiga a Podemos por la financiación de su campaña electoral de abril de 2019, ha llevado al juez de Madrid Juan José Escalonilla a ofrecer a la vez a seis empresas el encargo judicial de hacerlo. El escrito del magistrado se produce después de que otra media docena de empresas haya rechazado la propuesta y que una más, que se ofreció, ...

La falta de resultados en la búsqueda para encontrar una empresa que haga el informe pericial final sobre el caso Neurona, en el que se investiga a Podemos por la financiación de su campaña electoral de abril de 2019, ha llevado al juez de Madrid Juan José Escalonilla a ofrecer a la vez a seis empresas el encargo judicial de hacerlo. El escrito del magistrado se produce después de que otra media docena de empresas haya rechazado la propuesta y que una más, que se ofreció, fuera descartada tras constatarse que estaba especializada en pericias informáticas, pero no en consultoría electoral, que es sobre lo que debe versar el documento.

El magistrado considera clave este informe final para decidir si archiva la causa o si procesa a alguien, después de que el 27 de julio diera por cerrada la instrucción, a falta, precisamente, de recibir ese documento y otro informe de la Policía sobre correos electrónicos de Juan Carlos Monedero, fundador del partido. Los representantes legales de Podemos, que está imputado en la causa como persona jurídica, han presentado un escrito en el que reclaman al magistrado que detalle, entre otros aspectos, cuál ha sido el criterio seguido para elegir a las seis compañías.

El caso Neurona, que está a punto de cumplir dos años y medio de instrucción, nació como un macroproceso con múltiples piezas separadas y otras derivadas que se ha desinflado. El juez abrió siete líneas de investigación, de las que se dio carpetazo a seis —además de a otras tres derivadas, como el caso Niñera, todas archivadas ya—. Las indagaciones descartaron, entre otros asuntos, los supuestos sobresueldos a cargos de Podemos, el desvío de dinero de la Caja de Solidaridad o irregularidades en la reforma de la sede.

Solo sigue viva la parte principal del sumario: el contrato a la consultora Neurona, donde el juez sospechaba en un principio que la formación pagó más de 360.000 euros por proyectos para la campaña electoral de abril de 2019 que nunca se llevaron a cabo. Sin embargo, una vez acreditada una parte de ellos, ahora el magistrado quiere determinar si el valor de los trabajos coinciden con el precio abonado. Con ese objetivo, desde noviembre del año pasado, el juez Escalonilla se ha dirigido a distintos profesionales para que asuman el informe.

Ahora, el magistrado asegura en su escrito que ha “tenido conocimiento” de seis consultoras electorales que “pudieran estar capacitadas para la realización del informe pericial”. Se trata, según detalla la resolución judicial, de Aleix Sanmartín, MKE, Ideograma, Expertos-Minsait, Marketing Político AV Consultora y Áreas de trabajo en la consultoría electoral Florez-Morris. Escalonilla ordenó el pasado 4 de noviembre remitir a todas ellas un oficio “a fin de que comuniquen si aceptan el [en]cargo”.

Podemos ha presentado este lunes un escrito para solicitar “aclaraciones” tanto para conocer los detalles de la selección de estas seis firmas como algunas inconcreciones de la lista. Así, los abogados de la formación destacan que una de ellas, AV Consultora, tiene su sede en Argentina. Y que otra, citada por el juez como “consultoría electoral Florez-Morris” no es, aparentemente, una entidad mercantil, sino el nombre de un blog que escribe una persona que se identifica como miembro de las juntas directivas de dos asociaciones colombianas de consultores políticos.

Podemos también pide que se aclare a quién se refiere el magistrado cuando habla de la empresa MKE, ya que con ese nombre aparece tanto una cooperativa vasca que presta servicios a ONG, universidades y otros organismos privados y públicos, como una consultora de comunicaciones. También pide saber si las seis compañías figuran en “algún listado oficial de peritos” o cómo ha tenido conocimiento el magistrado de su existencia. Finalmente, pide al juez que aclare cuál será “el método de designación que se va a llevar a cabo, dado que se desconoce, respecto de cada una de las empresas señaladas, si cumplen y de qué forma los requisitos que veían acordados para la realización de la pericia”.