Amnistía Internacional insta al Congreso a prohibir las pelotas de goma por su peligrosidad

Las polémicas pelotas de goma vuelven a ser objeto de debate. En esta ocasión, de la mano del último informe de Amnistía Internacional, en el que reclama al Congreso prohibirlas por su peligrosidad al “conllevar un alto riesgo de golpear determinadas partes especialmente vulnerables del cuerpo, en particular los ojos”.

El estudio Derecho a la protesta en España que hace público este jueves la organización concluye que “este tipo de proyectiles es intrínsecamente muy impreciso, lo que impide que su uso pueda ajustarse a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza, que es...

Las polémicas pelotas de goma vuelven a ser objeto de debate. En esta ocasión, de la mano del último informe de Amnistía Internacional, en el que reclama al Congreso prohibirlas por su peligrosidad al “conllevar un alto riesgo de golpear determinadas partes especialmente vulnerables del cuerpo, en particular los ojos”.

El estudio Derecho a la protesta en España que hace público este jueves la organización concluye que “este tipo de proyectiles es intrínsecamente muy impreciso, lo que impide que su uso pueda ajustarse a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza, que establecen que los proyectiles de impacto cinético solo deberían emplearse contra personas implicadas directamente en actos de violencia, y dirigidos a la parte inferior del cuerpo por la alta probabilidad de causar lesiones graves si impacta en la cabeza o en la parte superior del torso”, condicionantes estos últimos que cree que no son respetados siempre por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Un informe de la asociación catalana de defensa de los derechos humanos Iridia asegura que, entre los años 2000 y 2020, hubo 26 personas “afectadas” por el impacto directo de pelotas de goma. De ellas, una, el seguidor del Athletic de Bilbao Íñigo Cabacas, falleció. El documento de Amnistía Internacional recoge el testimonio del periodista Bernat Vilaró, que sufrió el impacto en el cuello de uno de estos proyectiles cuando cubría los incidentes registrados en Barcelona tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenó, en octubre de 2019, a los líderes del procés. “El médico que me atendió me aseguró que si no hubiera llevado una máscara antigás, el impacto me habría partido la tráquea y causado la muerte”, recuerda a EL PAÍS. Vilaró presentó una denuncia que fue archivada en enero de 2021, tras argumentar la policía que su actuación estuvo justificada.

El documento de Amnistía Internacional se conoce coincidiendo con la negociación que los socios de investidura mantienen para reformar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, que el PP aprobó en 2015. Estas conversaciones han encontrado uno de sus principales escollos, precisamente, la exigencia de varios grupos de prohibir este material antidisturbios. El PSOE defiende que se mantenga su utilización. En los últimos 10 meses, el Ministerio del Interior ha adquirido 60.000 de estas pelotas para reponer las existencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los agentes han mostrado reiteradamente su rechazo a su retirada al considerar que ello supondría una pérdida de su capacidad operativa y rechazan su sustitución por las balas de foam (material viscoelástico sobre el papel menos lesivo), como hicieron los Mossos d’Esquadra en 2014.

Amnistía Internacional también cuestiona en su informe este último material al concluir que se han producido “deficiencias en su uso” que han causado lesiones graves a ciudadanos, por lo que plantea una suspensión temporal hasta “llevar a cabo una evaluación de su uso, de sus protocolos y especificaciones técnicas”. El documento también critica “el amplio uso que realizan los agentes” en España de sus defensas (las conocidas como porras) al considerar que con ellas ejercen una “fuerza innecesaria o excesiva, pudiendo causar fácilmente lesiones injustificadas”.

Las críticas del documento van más allá del material antidisturbios y también censura artículos de Código Penal, como el que castiga la sedición y, sobre todo, de la ley mordaza, de la que pide importantes reformas e, incluso, la derogación de algunos preceptos. Entre ellos, el 37.4, que fija como infracción leve ―sancionada con multas de 100 a 600 euros― “las faltas de respeto y consideración” a los policías. Amnistía Internacional considera este artículo “innecesario” y “un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión”, pues “otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretación [de qué una falta de respeto] queda bajo su consideración”. El informe detalla que este artículo es de los más utilizados desde que entró en vigor la ley mordaza, en 2015, con un considerable incremento el pasado año, cuando se esgrimió para imponer 26.254 sanciones, frente a las 14.892 del periodo anterior, las 18.867 de 2019 o las 21.258 de 2018.

“Insultos o injurias”

Este es uno de los artículos que más discrepancias genera en la negociación que mantienen los seis grupos parlamentarios ―PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y Junts― partidarios de la reforma de la ley mordaza. Los socialistas, que defienden mantener el texto actual, han rechazado las dos propuestas para modificarlo. Una es de Unidas Podemos, sus socios en el Gobierno, que quiere limitar estas sanciones a los “insultos o injurias”. La otra, la del PNV, que plantea, en un intento de acercar posiciones, castigar las “expresiones o conductas” que desacrediten a los agentes.

Para combatir la supuesta arbitrariedad en las sanciones por este artículo y otros de la ley mordaza, Amnistía Internacional propone crear “un mecanismo independiente de supervisión de la actividad policial, con capacidad para atender quejas individuales, investigar de oficio, y analizar y evaluar legislación, reglamentos y procedimientos operativos de las actuaciones policiales”. Esta propuesta va en la línea con la planteada recientemente por Unidas Podemos de instaurar un órgano independiente para investigar conductas policiales sobre la que existan sospechas de vulneración de los derechos de los ciudadanos. Esta comisión estaría presidida por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El texto cuenta con el apoyo inicial de cinco de los seis partidos que participan en las negociaciones. El PSOE ha pedido tiempo para estudiarlo.