Yolanda Díaz moviliza a un millar de expertos para la elaboración de su proyecto político

Podemos eleva la presión sobre la vicepresidenta por su papel en la futura plataforma

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (en el centro), llega a la celebración del 60 aniversario de la ONG Mensajeros de la Paz, el viernes en Madrid.Jesús Hellín (Europa Press)
Madrid -

El movimiento que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz busca abrirse paso en un contexto económico y político complicado, marcado por la elevada inflación (8,9% en septiembre) y los frentes abiertos en el Gobierno y dentro de Unidas Podemos. Más allá del ruido interno y de la gira por el territorio para presentar Sumar, más de mil personas expertas y de la sociedad civil, según ha podido saber EL PAÍS, participan ya en los 35 grupos de trabajo para...

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El movimiento que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz busca abrirse paso en un contexto económico y político complicado, marcado por la elevada inflación (8,9% en septiembre) y los frentes abiertos en el Gobierno y dentro de Unidas Podemos. Más allá del ruido interno y de la gira por el territorio para presentar Sumar, más de mil personas expertas y de la sociedad civil, según ha podido saber EL PAÍS, participan ya en los 35 grupos de trabajo para elaborar el proyecto que con toda probabilidad dará sustento a una plataforma electoral en los comicios generales de 2023. Pese a la tensión evidente de los últimos tiempos entre Podemos y la líder del espacio por el papel del partido en su estructura, Díaz sigue con sus planes y este mismo fin de semana la organización ha convocado en Madrid las primeras reuniones dirigidas a la ciudadanía interesada en participar en su movimiento.

La vicepresidenta presentó en septiembre los grupos temáticos encargados de dar forma a un “proyecto de país”, como ella misma lo describe, a 10 años vista. Según fuentes de Sumar, los equipos se encuentran ahora en pleno debate para abordar cuestiones tan diversas como “un plan de choque contra la desigualdad, la transformación ecológica de la economía o los nuevos derechos de los ciudadanos” y no está previsto —tal y como se desveló hace un mes— que expongan sus conclusiones hasta febrero, por lo que el anuncio oficial sobre la candidatura de Díaz también se hará esperar. Los coordinadores de esos grupos son fundamentalmente profesionales de reconocido prestigio en su ámbito y no ocupan, en su mayoría, cargos políticos. Entre los nombres conocidos entonces destacan el del analista Ignacio Sánchez-Cuenca (encargado de liderar el grupo sobre Calidad democrática); el magistrado del Supremo y exvocal del CGPJ escogido a propuesta del PSOE Fernando Salinas (Justicia); el escritor Bernardo Atxaga (Cultura); la activista Yayo Herrero (Transición ecológica justa); o el filósofo y ensayista César Rendueles (Bienestar y derechos sociales). También el histórico sindicalista y diputado independiente de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Agustín Moreno (Educación), o la concejala de Compostela Aberta Marta Lois (Cuidados).

Son pocos los detalles que han trascendido hasta ahora sobre la composición y los avances de cada grupo. El propio Sánchez-Cuenca reclamó en la presentación independencia para poder trabajar con comodidad en cada área, aunque Díaz sí reveló hace poco que el equipo de Herrero cuenta con unas 60 personas. La media de estos grupos es de 35 personas, y nunca cuentan con menos de 15 profesionales, precisan en Sumar. Paralelamente, el sábado, en tres reuniones diferentes, el movimiento congregó a unos 150 participantes interesados en formar parte del proyecto de forma activa. Estos encuentros, que se producen fuera de los focos y que iban dirigidos a personas previamente inscritas en su web, ya se organizaron en Asturias hace algunas semanas.

Desde julio, la titular de Trabajo ha llevado ya su proyecto a Madrid, O Courel (Lugo), Bilbao, Gijón y Sabadell, un recorrido que debe compatibilizar con la agenda institucional del ministerio —y su labor de coordinación con el presidente Pedro Sánchez como líder de UP en el Gobierno—. El viernes lleva Sumar a Mérida en un acto en el Museo Nacional de Arte Romano. Mientras la tensión entre la dirección de Podemos y la vicepresidenta por el proyecto se recrudece, la presencia de los referentes autonómicos de la formación en los encuentros territoriales es casi una constante. La cúpula del partido, sin embargo, traslada desde hace meses inquietud por la falta de concreción sobre sus planes electorales. Frente al respaldo tanto de Izquierda Unida como de Catalunya en Comú, la formación de Ione Belarra ya empezó a dejar claro en julio algunas de sus condiciones para la futura alianza, como presentarse en una coalición electoral con Díaz sin diluirse en ninguna plataforma. La misma intención fue reafirmada el jueves en una entrevista en TVE por la titular de Igualdad, Irene Montero. La ministra se manifestó “convencida” de poder “acordar los términos de esa coalición” que les permita “ser socios y aliados electorales”.

Aunque Podemos repite que Díaz es su candidata para las generales, una propuesta en su día de Pablo Iglesias, los choques con la vicepresidenta son constantes. Tras reprochar públicamente este mismo mes que ellos desconocieran el acuerdo para aumentar el gasto en Defensa incluido en los Presupuestos, el viernes advertían de que su formación no estará en ningún pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que excluya a la jueza Victoria Rosell. Una elección que incumpliría el acuerdo sobre la despolitización del Consejo al que acceden los dos partidos y que Díaz apoya. La estrategia sobre el Poder Judicial se decidía hasta ahora de forma coordinada dentro del grupo, por lo que el ultimátum de Podemos ha desconcertado a buena parte del espacio, que lo interpreta como una nueva desautorización a la vicepresidenta.

En paralelo, la coalición encara la recta final de legislatura con algunas normas cruciales para Unidas Podemos aún encalladas en el Congreso y sobre las que persisten las discrepancias con el PSOE, como la ley trans —de nuevo noticia esta semana por la ampliación del plazo de enmiendas— o la de vivienda, además de la negociación con los socios para las cuentas del próximo año. El calendario político, con elecciones autonómicas y municipales en mayo, aprieta, pero Díaz no despejará muchas de las incógnitas hasta ya entrado 2023. La redacción del proyecto, mientras, sigue su curso alejado de las polémicas partidistas.

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