Vox quiere blindar los símbolos de la dictadura elevándolos a “bienes de interés cultural”

Vox quiere boicotear desde el principio la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, cuya entrada en vigor ya solo está pendiente de su publicación en el BOE. Su portavoz, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes que la formación ultra presentará en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos en los que tiene representación (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Baleares) iniciativas para ...

Vox quiere boicotear desde el principio la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, cuya entrada en vigor ya solo está pendiente de su publicación en el BOE. Su portavoz, Jorge Buxadé, ha anunciado este lunes que la formación ultra presentará en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos en los que tiene representación (Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Baleares) iniciativas para “catalogar como bienes de interés cultural” todos los “edificios, construcciones, cruces placas, insignias y partes de edificios” que hacen apología de la Guerra Civil y la dictadura. “No podemos permitir que, con la excusa del fanatismo ideológico de estos vándalos, se destruya parte de nuestro patrimonio nacional”, ha enfatizado.

En realidad, la Ley de Memoria Democrática solo obliga a retirar, nunca destruir, aquellos “escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública” que hagan exaltación de la sublevación del 18 de julio de 1936 y del franquismo, “de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”, en referencia a la División Azul. También se incluyen los topónimos en el callejero y los nombres de centros públicos, como colegios.

La propia ley ya excluye aquellos “elementos con singular valor artístico que formen parte integrante del Patrimonio Histórico Español” o aquellos elementos arquitectónicos que formen parte de la estructura del inmueble y cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo. En estos casos, la ley prevé incorporar una mención que permita “reinterpretar” dichos elementos.

Es esta excepción la que quiere aprovechar Vox para colar por ella la protección de elementos que hacen apología de la dictadura y carecen de interés artístico o arquitectónico. La declaración de un bien como de interés cultural (la mayoría de las veces por parte de la comunidad autónoma en la que está ubicado) requiere de un complejo expediente en el que debe recabarse el informe de los expertos. Pero el mero inicio del procedimiento ya garantiza para el elemento cuestión la misma tutela y protección que si hubiera sido declarado como tal. Por ello, la intención de Vox es paralizar desde el principio la retirada de estos símbolos de edificios públicos, privados o religiosos. Y uno de sus primeros objetivos es blindar el Valle de los Caídos para impedir que se “resignifique” como “lugar de memoria democrática”, como prevé la ley.

La protección fraudulenta de los símbolos que hacen apología del franquismo como si tuvieran valor artístico o histórico no es el único instrumento que va a utilizar Vox. “Vamos a combatir la Ley de Memoria Democrática con todos los instrumentos a nuestro alcance”, ha subrayado Buxadé, tras confirmar que su formación presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma, aunque sin especificar en qué se basa. “Nuestros padres, abuelos y bisabuelos estuvieron en uno u otro bando, pero se reconciliaron nada más acabar la Guerra Civil. La izquierda ha pretendido reabrir todas las heridas y ahora quiere cancelar nuestra historia y nuestra cultura”, ha dicho.

En contra de lo que asegura Buxadé, dos veces candidato de Falange antes de entrar en Vox, la reconciliación no llegó hasta la muerte del dictador y la aprobación de la Constitución. En 1977 se abolió el Tribunal de Orden Público (TOP), sustituto del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creado por Franco para continuar la represión tras la Guerra Civil.