Termómetros rígidos e inseguridad ciudadana: las polémicas políticas que ya resuelve el decreto de ahorro energético
La norma aprobada por el Ejecutivo contempla la legislación de seguridad en el trabajo y prevé medidas de coordinación con las comunidades y las entidades locales
El decreto de ahorro energético que aprobó el Gobierno este lunes en el Consejo de Ministros ha provocado toda una tormenta política en la que se ha cuestionado desde su constitucionalidad porque invade competencias autonómicas a que cumpla las normativas de seguridad laboral, pasando por que genere inseguridad en las calles. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado este martes, recoge la respuesta a muchas de esas polémicas, como que ya se prevé ...
El decreto de ahorro energético que aprobó el Gobierno este lunes en el Consejo de Ministros ha provocado toda una tormenta política en la que se ha cuestionado desde su constitucionalidad porque invade competencias autonómicas a que cumpla las normativas de seguridad laboral, pasando por que genere inseguridad en las calles. El texto, publicado en el Boletín Oficial del Estado este martes, recoge la respuesta a muchas de esas polémicas, como que ya se prevé cierta flexibilidad en los límites a las temperaturas en algunos espacios, como restaurantes o cafeterías, o que el apagado a las 22.00 afecta a escaparates y edificios públicos no ocupados a esa hora, pero no hay mención alguna a alumbrado ornamental o a la seguridad nocturna.
Los 27º en los termómetros no son rígidos. El Gobierno Vasco, en boca de la consejera de sostenibilidad, Arantxa Tapia (PNV), pidió esta semana flexibilidad en la aplicación de las restricciones de temperaturas a 19 grados en invierno y a 27 grados en verano, en función de cada caso. El lehendakari Iñigo Urkullu dejó claro que lo acatarán y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha explicado este viernes que se contemplan posibilidades de adaptación. “No es lo mismo trabajar en una cocina que en una peluquería, en un trabajo sedentario que uno en el que tienes que moverte, donde los trabajadores tienen que desplazarse y tengan ejercicio acumulado”, ha explicado Ribera.
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, denunció públicamente que el texto del Ejecutivo también incumple el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo del año 1997, que establece que en las actividades de trabajo ligero, como las del comercio y la hostelería, no puede haber una temperatura de más de 25º.
El decreto de ahorro energético sí que recoge la normativa de salud laboral que citó Ossorio y contempla la posibilidad de aplicarla con cierta flexibilidad. “Los umbrales de temperatura indicados anteriormente [27º en aire acondicionado y 19º en la calefacción] deberán ajustarse, en su caso, para cumplir con lo previsto en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, contempla. Y añade: “No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca”.
El apagado del alumbrado y la inseguridad ciudadana. Junto al “Madrid no se apaga”, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó el lunes, que las medidas del decreto, entre las que se incluye el apagado de escaparates y edificios públicos en los que no haya nadie a las 22.00, generan “inseguridad”. El argumento ha sido recogido por varios dirigentes políticos, como la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís (Cs). “Cuando baja la luz, aumenta la criminalidad”, dijo en una entrevista de TVE. “En lo ornamental haremos lo que los técnicos nos digan. Si los técnicos nos dicen que hay que apagarlo, lo haremos. Pero las luces se ponen por razones de seguridad”, añadió. El alcalde socialista de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, también reconoció que le preocupaba apagar las luces en edificios como la Catedral de Santiago, y lo vinculó a una “imagen de menor seguridad y comodidad” para las personas que visitan la zona histórica. La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, subrayó que implicaría aceptar que “las ciudades, los comercios y las calles estén apagadas de forma casi completa” y que podía tener “consecuencias negativas para la seguridad de las mujeres en las calles”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado este viernes que vaya a provocar un aumento de la inseguridad en las calles: “Es un debate en el que el aspecto de la seguridad no tiene sentido alguno”. “A quien corresponde garantizar una iluminación adecuada, unas condiciones de seguridad, es a las instituciones públicas y no a las entidades privadas, a los comercios”, ha añadido. El apagado del alumbrado de escaparates a las 22.00 está regulado, según el decreto de ahorro energético, en una categoría que incluye “señales, carteles, anuncios luminosos, anuncios iluminados, alumbrado de escaparates, mobiliario urbano y edículos ―edificios pequeños― como marquesinas, cabinas telefónicas, etc”. Quedan excluidos también todas las señales y anuncios de tráfico. No hay ninguna mención ni al alumbrado de vigilancia, navideño o al ornamental.
Una vez sofocado el conato de desobediencia inicial, las quejas de oposición y algunas autonomías se han centrado en la falta de diálogo del Ejecutivo. La vicepresidenta Ribera ha asegurado que ha habido un “diálogo previo” con las comunidades en conferencias sectoriales de energía y medio ambiente. El texto prevé impulsar “medidas de coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales para hacer un seguimiento de las medidas adoptadas”, aunque a futuro.