El PP se presenta como “partido de Estado” a la vez que alienta la insumisión contra el plan de ahorro energético
Cuca Gamarra: “Cuando a la gente se le imponen las cosas en vez de dialogar, se rebela”
El PP huye hacia adelante en la batalla contra el plan de ahorro energético del Gobierno, después de que Isabel Díaz Ayuso asegurara el pasado lunes que la Comunidad de Madrid no va a cumplir. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves, en un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), que “el PP es un partido de Estado” al tiempo que ha justificado la rebelión contra el decreto ley que recoge las medid...
El PP huye hacia adelante en la batalla contra el plan de ahorro energético del Gobierno, después de que Isabel Díaz Ayuso asegurara el pasado lunes que la Comunidad de Madrid no va a cumplir. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves, en un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz), que “el PP es un partido de Estado” al tiempo que ha justificado la rebelión contra el decreto ley que recoge las medidas: “Comprendemos perfectamente el enfado de los presidentes autonómicos, los Ayuntamientos y los ciudadanos porque a la gente, cuando se le imponen las cosas en vez de dialogar, se rebela”.
El plan, que obliga a comercios, grandes almacenes, cines, hoteles y edificios públicos a limitar a 27º grados la temperatura del aire acondicionado en verano y a 18º grados la calefacción en invierno, además de a apagar los escaparates a partir de las 22.00, “mantiene a todo el mundo absolutamente alterado”, según Gamarra. Durante su intervención, la secretaria general del PP ha admitido que este dispositivo obedece a una “exigencia europea”, cuando ha criticado que Pedro Sánchez extienda “seis meses más”, hasta octubre de 2023, el compromiso que reclama Europa.
Como vienen haciendo en los últimos días, tras el tuit de Ayuso anunciando la insumisión de la comunidad que preside, la dirigente popular ha calificado de “frivolidad” el paquete de medidas, pese a que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, planteó unas muy similares hace apenas dos semanas.
Gamarra ha insistido en el ánimo “constructivo” de su formación y ha recordado “la alternativa” que habían presentado y que incluye prolongar la vida útil de las centrales nucleares en España, algo que, en todo caso, no podría hacerse en el corto plazo, cuando se exige el ahorro.
A partir de ahí, la secretaria general del PP ha seguido fiel el argumentario de estos días, criticando que el Gobierno “pida que se baje la calefacción y el aire acondicionado mientras se monta en helicóptero o en avión Falcon, derrochando todo tipo de combustible”, en alusión a Pedro Sánchez, que como todos los presidentes del Gobierno se desplaza en los aviones de los que el Estado dispone para garantizar su seguridad. “Sánchez ha perdido los pies de la tierra. ¿Nadie de sus 800 asesores le puede decir las cosas como son? Lo que tiene que hacer es controlar su gasto y dejar de gastar energías en polémicas estériles”, ha añadido.
Gamarra se ha apoyado en los nacionalistas vascos, recordando que el Gobierno vasco también se opone al plan de ahorro energético. “¿También es egoísta el PNV?”, ha preguntado, a pesar de que el Ejecutivo vasco ha insistido hoy mismo en que cumplirá las medidas pese a la falta de diálogo con las autonomías. Y ha rechazado que el Ejecutivo les dé “lecciones sobre cumplimiento de la ley” cuando “habla de desjudicializar la política para que quienes han huido de la justicia no rindan cuentas ante ella” y “no insta al cumplimiento de la ley en Cataluña a quienes vulneran la educación en castellano”.
En el primer caso, se refiere al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia tras el procés, con un procedimiento judicial que sigue su curso y sin que ninguna institución estatal haya tomado decisión alguna que impida que sea juzgado en España si se produce su entrega. En cuanto a la posible reforma del delito de sedición, que reduciría su condena, el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente para su aprobación. Sí es cierto que el Ejecutivo ha blindado la norma catalana sobre los idiomas en las aulas con la que se frenó la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que fijaba un 25% de clases en castellano, al no recurrirla al Tribunal Constitucional.