Los altos secretos permanecerán ocultos 50 años prorrogables, según la nueva ley
Los jueces deberán dirigirse al Supremo para reclamar al Gobierno la desclasificación de documentos
Los altos secretos, aquellas informaciones más sensibles para la seguridad del Estado, permanecerán ocultos a la opinión pública durante 50 años, un periodo que el Gobierno podrá prorrogar una década más en caso de que persistan las razones que aconsejaron su clasificación. Según han confirmado fuentes gubernamentales, así lo dispone el anteproyecto de ley de información clasificada, que sustituye a la vigente ley de secretos oficiales, aprobada en 1968, en p...
Los altos secretos, aquellas informaciones más sensibles para la seguridad del Estado, permanecerán ocultos a la opinión pública durante 50 años, un periodo que el Gobierno podrá prorrogar una década más en caso de que persistan las razones que aconsejaron su clasificación. Según han confirmado fuentes gubernamentales, así lo dispone el anteproyecto de ley de información clasificada, que sustituye a la vigente ley de secretos oficiales, aprobada en 1968, en pleno franquismo, y retocada en octubre de 1978, antes de aprobarse la Constitución. La nueva norma fija por primera vez la caducidad temporal de los secretos de Estado, que hasta ahora tenían carácter indefinido y podían prolongarse eternamente salvo que fueran expresamente desclasificados.
El Consejo de Ministros dará este lunes su primer visto bueno al texto, que será sometido a consulta de los distintos ministerios antes de su aprobación definitiva y remisión al Congreso ya en otoño, según fuentes gubernamentales. Si no se anticipan las elecciones, la norma debería estar en vigor en el plazo de un año.
Por vez primera, se fija un cauce para que los jueces se dirijan al Gobierno solicitando la desclasificación de un documento secreto en el curso de una instrucción: deberán hacerlo a través la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en vez de elevar directamente su petición al Consejo de Ministros, como hasta ahora.
Una de las principales novedades del texto es el paso de la Autoridad Nacional de Seguridad (ANS), el organismo que vela por la protección de la información clasificada, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente a su vez del Ministerio de Defensa, al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Se trata, alegan fuentes de La Moncloa, de atribuir esta competencia a un ministerio transversal, dado que el asunto afecta a distintos departamentos.
La Autoridad Nacional de Seguridad, un papel que hasta ahora ejercía la directora del CNI (según la ley reguladora del centro de 2002), es la encargada de vigilar que se cumplen las normas de protección de los documentos secretos y conceder las acreditaciones de seguridad necesarias para acceder a los mismos, investigando incluso posibles vulnerabilidades de los solicitantes. Además, coordina y presta apoyo a las unidades responsables de gestionar la información clasificada en los distintos ministerios, y garantiza el cumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia suscritos por España, actuando como interlocutor con sus homólogos extranjeros.
Su puesta en marcha obligará a dotar con nuevos medios al Ministerio de la Presidencia, pero fuentes gubernamentales rechazan que este cambio suponga un reforzamiento del poder de su titular, Félix Bolaños, en perjuicio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y alegan que esta última ha dado su visto bueno al anteproyecto.
El texto fija cuatro categorías de clasificación (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), frente a las dos de la normativa vigente (secreto y confidencial), para homologar la legislación española a la normativa de la UE y la OTAN y facilitar así el intercambio de documentos. Se clasificará como de alto secreto aquella información cuya difusión no autorizada pueda causar un daño extraordinariamente grave a los intereses o la seguridad de España; mientras que será secreta la que pueda dañarlos gravemente; confidencial la que los perjudique; y restringida, la que les resulte desfavorable. El plazo de caducidad de cada categoría variará desde un mínimo de cuatro años para los documentos de menor protección, hasta un máximo de medio siglo para los de alto secreto. Además, la clasificación de los documentos de las dos categorías superiores se podrá prorrogar. La desclasificación de un documento podrá ser total o parcial, manteniendo ocultos algunos párrafos.
Los documentos serán desclasificados por la misma autoridad que los clasifique, que en el caso de los de alto secreto será el Consejo de Ministros, mientras que los de inferior categoría podrán serlo por ministros (como los de Interior, Exteriores, Defensa o Economía), secretarios de Estado (como el de Seguridad o la directora del CNI) y autoridades civiles y militares (jefe de Estado Mayor de la Defensa y jefes de los tres ejércitos).
El anteproyecto recoge también el derecho de los diputados a acceder a los documentos clasificados, que ahora se realiza a través de la Comisión de Fondos Reservados del Congreso, una posibilidad que su ley reguladora también atribuye al Defensor del Pueblo.
La aprobación de una ley de secretos oficiales acorde con los principios democráticos es una vieja demanda de investigadores, historiadores y periodistas. Hasta en cuatro ocasiones se han iniciado los trámites para reformarla, pero ninguna ha culminado con éxito. El PNV ha hecho bandera de este asunto en las dos últimas legislaturas, pero sus propuestas han quedado varadas en el Congreso, ante el bloqueo de los grupos mayoritarios.
Aunque el Gobierno incluyó la nueva norma en su plan legislativo para este año, no fue hasta que estalló el escándalo Pegasus —el espionaje de los móviles de líderes independentistas catalanes— cuando el presidente, Pedro Sánchez, prometió acelerar la nueva ley de secretos oficiales y reformar la que regula el control judicial del CNI. Finalmente, en el reciente debate del estado de la nación, Sánchez anunció que el Gobierno aprobaría el correspondiente anteproyecto de ley antes de que acabara julio.
La reforma que este lunes verá el Consejo de Ministros no afecta al control judicial del servicio secreto, una materia que se regula por ley orgánica y cuya aprobación requiere mayoría absoluta del Congreso. Aunque para cambiar la ley de secretos oficiales basta la mayoría simple, el Gobierno asegura que buscará el mayor respaldo posible a la reforma, incluido el apoyo del PP.