La Fiscalía pide un año de cárcel para cinco ocupantes de un piso en otro caso de ‘patada en la puerta’ durante el estado de alarma

Otra actuación policial polémica durante el estado de alarma decretado por la pandemia enfila su recta final en los juzgados de Madrid. La Fiscalía pide un año de cárcel y 720 euros de multa por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y dos leves de lesiones para cada uno de los cinco ocupantes de la vivienda del número 14 de la calle Pan y Toros, en el distrito de Villaverde de la capital. Los acusados fueron detenidos ...

Otra actuación policial polémica durante el estado de alarma decretado por la pandemia enfila su recta final en los juzgados de Madrid. La Fiscalía pide un año de cárcel y 720 euros de multa por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y dos leves de lesiones para cada uno de los cinco ocupantes de la vivienda del número 14 de la calle Pan y Toros, en el distrito de Villaverde de la capital. Los acusados fueron detenidos el 9 de diciembre de 2020 cuando los policías tiraron la puerta abajo sin autorización judicial tras ser alertados por una vecina de que se oían gritos y llantos en el interior del piso. Los 12 agentes que intervinieron en el operativo, y que llegaron a declarar como imputados, fueron exculpados por el juez el pasado mayo. La fiscalía, que respaldó aquella decisión, asegura ahora en su escrito de acusación contra los moradores que aquellos policías actuaron “cumpliendo con las funciones que son propias de su cargo” ante la sospecha de que se estaba produciendo en el domicilio un suceso de violencia de género. Aún no hay fecha fijada para la vista.

La defensa de los cinco acusados, que ha recurrido el archivo de la causa contra los agentes, acusa a estos de justificar aquella entrada en el piso en hechos falsos. “En la vivienda no se estaba cometiendo ningún delito, ni flagrante ni no flagrante”, recoge el recurso presentado por la abogada Marina Fernández, que compara este caso con el ocurrido en la calle Lagasca, también de Madrid, el 21 de marzo del año pasado. En este otro caso, el juez ordenó en junio la apertura de juicio oral contra los seis policías nacionales que irrumpieron también sin autorización judicial en un piso de la calle Lagasca para poner fin a una fiesta que contravenía las normas contra la pandemia. Aunque el ministerio público ha concluido que los agentes incurrieron en un delito de allanamiento de morada, no ha pedido pena para ninguno de ellos en su escrito de acusación.

En el caso del suceso de la calle Pan y Toros, la Fiscalía concluye, en línea con el contenido del atestado policial, que aquel día, sobre las 5.30 horas de la madrugada, un coche patrulla se desplazó al inmueble tras recibirse una llamada “en la que se alertaba que había una señora que gritaba y un niño que llorando en dicha vivienda y se escuchaba una fuerte discusión”. Según el relato del fiscal, los agentes “debidamente uniformados” llamaron insistente a la puerta hasta que, finalmente, uno de los ocupantes del piso abrió, aunque se negó de modo “chulesco y poco colaborador” a informar a los agentes sobre quién estaba dentro y cuál era el estado de la mujer y el niño, lo que hizo temer a los agentes que podían encontrarse ante “un suceso de violencia de género o doméstica”.

El ministerio público detalla que los ocupantes de la casa comenzaron a insultar y amenazar a los agentes, a la vez que se negaban a dejarles pasar. “Ante la imposibilidad de acceder a la vivienda y garantizar la seguridad de la mujer y el niño, y observando que había varios varones en el interior de la vivienda, quienes también se dirigieron a los agentes con expresiones similares, todos ellos en actitud agresiva, [los primeros policías que habían acudido] solicitaron apoyo policial, personándose en el lugar más agentes”. Estos, añade la Fiscalía, fueron recibidos con el lanzamiento de botellas de vidrio desde una de las ventanas de la casa. Tras un forcejeo con la puerta entreabierta, en el que se aprisionó el pie a un agente, otro de los policías utilizó un spray de gas pimienta hacia el interior del piso para que cesara la presión y su compañero pudiera retirar el pie.

La Fiscalía señala que, ante la situación creada, los agentes “trataron de acceder empujando la puerta con un ariete, lo que motivó que se desencajara de su marco”. Fue entonces cuando los acusados les permitieron en el acceso al interior de la vivienda. Una vez dentro, los agentes, “utilizando la fuerza imprescindible”, redujeron y engrilletaron a los cinco varones, que intentaron evitarlo “forcejeando y lanzando puñetazos y patadas”, también cuando eran trasladados a comisaría en los coches patrulla. Uno de los arrestados llegó a escupir a un funcionario al tiempo que le decía “te voy a pegar el covid”. La fiscalía destaca que dos de los agentes sufrieron lesiones leves.

La versión que han dado los arrestados durante la instrucción de la causa es totalmente distinta. En la denuncia que presentaron contra los agentes tras su detención afirmaban que en todo momento colaboraron y estuvieron dispuestos a identificarse, aunque admitían que, durante el diálogo que mantuvieron con los agentes a través de la puerta entreabierta, intentaron cerrar esta para ir a recoger sus documentos de identidad, pero que no pudieron porque un agente puso un pie y una porra para impedirlo. Ellos aseguran que recriminaron a los agentes esta actitud porque “no podían acceder al interior de la vivienda sin una orden judicial”.

Es en ese momento, siempre según los ocupantes, los agentes rociaron con gas pimienta el interior en cuatro ocasiones pese a que alertaron a los policías de que había un menor. Cuando finalmente la puerta fue derribada, los ocupantes denuncian que les golpearon. “Todos ellos fueron objeto de golpes, porrazos, patadas y puñetazos desde que salieron de la vivienda y hasta llegar a la comisaría”, continuaba la denuncia, que también habla de insultos xenófobos por su origen latino. La denuncia iba acompañada de fotografías de las supuestas lesiones sufridas, así como de los daños en la puerta del piso. Todos ellos niegan haber cometido ningún delito y acusan a la policía de “inflar artificialmente la infracción supuestamente cometida”, que reducen a los ruidos, para entrar en la vivienda sin orden judicial. En aquel momento estaba en vigor el segundo estado de alarma y las restricciones impedían las reuniones de más de seis personas no conviventes en los domicilios, y que ellos aseguran que tampoco incumplían.