El Gobierno y el PP cierran sin acuerdo la negociación para desbloquear el Poder Judicial

El PP cambia su dirección, pero el resultado finalmente es el mismo: nuevo fracaso del enésimo intento de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Con Pablo Casado hubo dos sonoras marchas atrás cuando ya todo parecía pactado, y con Alberto Núñez Feijóo al frente del partido, hoy ha llegado el primer fiasco. El resultado final es que el CGPJ lleva tres años y medio bloqueado, algo inédito. El Constitucional aún puede ser renovado, porque el jueves se...

El PP cambia su dirección, pero el resultado finalmente es el mismo: nuevo fracaso del enésimo intento de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Con Pablo Casado hubo dos sonoras marchas atrás cuando ya todo parecía pactado, y con Alberto Núñez Feijóo al frente del partido, hoy ha llegado el primer fiasco. El resultado final es que el CGPJ lleva tres años y medio bloqueado, algo inédito. El Constitucional aún puede ser renovado, porque el jueves se votará una norma para permitirlo que ha indignado al PP, pero aún no está todo escrito y los conservadores intentarán frenar también esa renovación. El desacuerdo es total. Una reunión la tarde de este lunes en el Congreso entre los negociadores de ambos grupos, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, terminó tras menos de una hora sin ningún tipo de acuerdo.

La ruptura llega después de que la dirección popular haya hecho pública este lunes su propuesta para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de tres años caducado por la resistencia de este partido a desbloquearlo. Al escuchar la oferta, Bolaños llamó a González Pons para verse. Pero el representante del PP exigió que para empezar a hablar el Gobierno retirara antes de este jueves, cuando se tiene que votar en el Congreso, la reforma legal exprés que ha registrado con apoyo de otros grupos para cambiar la composición del Tribunal Constitucional y que devolvía al CGPJ la capacidad de nombrar a sus dos magistrados del Constitucional, aunque manteniendo la prohibición de hacer nombramientos en otras instancias judiciales como el Supremo. La aprobación de esa reforma es para los populares la única “línea roja”. Bolaños, según fuentes del Ejecutivo, le dijo que no podía admitir ese chantaje y le ofreció poder introducir modificaciones en la tramitación de la norma, que del Congreso irá ahora al Senado. Pero Pons quería la retirada o nada y eso hizo imposible avanzar. Bolaños insistió a Pons en que esta norma exprés estaba pactada con la anterior dirección del PP para evitar que se bloqueara la renovación del Constitucional, pero Pons insistió en que esa era la línea roja y nunca se movió de ahí. El Gobierno interpreta que Feijóo ya ha tomado la decisión de no renovar el Poder Judicial en todo lo que queda de legislatura, lo que llevaría a cinco años de bloqueo, algo inaudito, y esperar así a que cambie la mayoría en el Congreso tras las elecciones para renovar en condiciones ventajosas para los conservadores. “Pretenden que de los tres poderes, dos se renueven con las elecciones y un tercero sea eterno y siempre en manos de los conservadores, voten lo que voten los ciudadanos. Es inacetable”, señalan fuentes del Ejecutivo.

Tras el desencuentro de esta tarde, fuentes de La Moncloa han puesto el peso de la ruptura en los populares: “El PP sigue poniendo excusas para no hacerlo; en esta ocasión, exigen la retirada de una proposición de ley, en tramitación en el Congreso, que busca garantizar la renovación del Tribunal Constitucional”, han señalado para añadir que la proposición de ley que el PP exige “fue acordada con la dirección anterior del PP en el marco del acuerdo de renovación del TC, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo que se produjo en octubre de 2021″. En el otro lado, los populares insisten en que González Pons ha ofrecido abordar la propuesta de su partido en el trámite de enmiendas de la ley que defiende el Ejecutivo, a lo que este se ha negado. El PP insiste en que la aprobación de la reforma exprés es una “línea roja” que el Gobierno “no debería cruzar”. Y esta era la principal condición.

Antes de la ruptura, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, señaló que el cumplimiento de la Constitución y, por tanto, la renovación del Consejo General del Poder Judicial“es innegociable”. Esto es, el Ejecutivo no acepta que el PP plantee condiciones para hacer algo que es su obligación: renovar los órganos constitucionales. Sin embargo, la negociación continúa y la solución final no está escrita. Pedro Sánchez ya anunció en el último momento, después de decir que no lo haría, la retirada de una reforma anterior que permitía renovar el Poder Judicial con la mayoría absoluta del Congreso, y no los tres quintos como ahora. Pero esta vez el Ejecutivo insiste en que su reforma es “impecable” y no tiene intenciones de dar marcha atrás, aunque nada es definitivo hasta el jueves. El Gobierno está muy molesto con el PP porque piensa que Alberto Núñez Feijóo ha tenido tiempo de sobra en los cuatro meses que lleva como líder del partido para pactar la renovación, sobre todo del Tribunal Constitucional, lo más urgente. Para el Ejecutivo, es muy relevante lograr de momento renovar el Constitucional porque cambiaría la mayoría, de conservadora a progresista, y podría así afrontar con ese cambio decisiones históricas como el recurso del PP contra la ley del aborto.

Los populares planteaban que esta renovación del CGPJ se haga con la ley en vigor (en la que los 20 vocales son elegidos por las Cortes), pero que, a continuación, el nuevo Consejo recién nombrado formule, en un plazo de seis meses, una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 vocales jueces; esa propuesta sería después analizada en una ponencia de la Comisión de Justicia del Congreso, que emitiría un informe también en un plazo de seis meses.

El PP había asegurado estar dispuesto a negociar todas sus condiciones y a ceder en algunas de ellas, pero sí fija una “línea roja”, según ha puntualizado González Pons, para sentarse con el Ejecutivo: que este retire la proposición de ley que se vota esta semana, que devuelve al CGPJ en funciones la capacidad de nombrar a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional y, sin embargo, mantiene la prohibición de hacer nombramientos en otras instancias judiciales como el Supremo, donde la falta de jueces amenaza con llevar al colapso a algunas salas.

En el documento que ha hecho público, el PP exige que la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos cuando está en funciones ―que aprobó el propio Gobierno hace un año― se derogue “íntegramente y no solo en lo que respecta al Tribunal Constitucional”. Pero según ha explicado González Pons, el documento es negociable, y la única línea roja es la que él ha verbalizado, que es la que afecta a la votación de esta semana. El Gobierno no ha dado muestras de estar dispuesto a retirar su propuesta; sin embargo, fuentes de la dirección popular confían en que La Moncloa cederá porque siguen existiendo contactos en privado ―que han continuado tras la rueda de prensa de González Pons― y el Gobierno “mantiene el interés” en pactar con el PP, según estas fuentes.

El método de elección de los vocales del Poder Judicial había sido el principal campo de batalla entre el Gobierno y el PP con la dirección anterior de Pablo Casado, que exigía cambiar el modelo para que los ocho vocales jueces fueran elegidos directamente por las asociaciones de jueces; con el sistema actual, esos 12 vocales (y los otros ocho, juristas de prestigio) son elegidos por el Congreso y el Senado, aunque de una lista de nombres previamente elevada por las asociaciones de jueces. La cúpula de Feijóo también insta a modificar el modelo, pero es menos tajante que Casado y no exige que se registre ya una ley cambiando el sistema. En su lugar, plantea una fórmula intermedia: que sea el propio CGPJ el que haga una propuesta de reforma del sistema y que después el Parlamento la analice, en una ponencia creada en el seno de la comisión de Justicia.

El PP defiende, así, que no está imponiendo un nuevo método de elección de los vocales, sino solo planteando que se estudie. González Pons ha especificado, además, que ninguna de sus condiciones es “innegociable”, salvo la retirada de la reforma que se vota esta semana. “No son innegociables porque si hiciéramos eso no hablaríamos de pacto. Claro que podemos hablar de todo esto. Habrá lugares en los que se pueda ir a menos”, ha dicho.

El Gobierno sostiene que el pacto no se ha producido aún porque los populares solo han dado largas a la negociación durante meses. Según el PP, las conversaciones fluían —aunque admiten que a trompicones porque el Ejecutivo “les insultaba en público”— y González Pons y Bolaños llegaron a reunirse físicamente, sin que ese encuentro trascendiera.

Otros cambios en la justicia

El documento de propuesta del PP, de siete páginas, establece siete “principios” en los que se debería desarrollar el acuerdo y 11 exigencias de reforma en materia de justicia. En primer lugar, los populares piden que la negociación de los nombres que deben integrar el CGPJ se haga entre los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, y no como hasta ahora entre el Gobierno (formado por PSOE y UP) y la dirección popular. En segundo lugar, los populares plantean que sean los vocales del CGPJ los que elijan a su presidente, “sin pactos previos”. Y, tercero, reclaman que de forma “simultánea” al proceso de renovación se presente una proposición de ley en el Congreso de forma conjunta entre el PSOE y el PP (y abierta a otros grupos que quieran sumarse) que incluya una serie de reformas sobre la justicia.

Entre estas reformas, los populares exigen derogar la norma “que impide al CGPJ tomar casi cualquier decisión estando en funciones”. Asimismo, establecen que no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores, y plantean que los magistrados del Tribunal Supremo deban tener 25 años de servicio activo en la carrera judicial.

Además, el PP apunta contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, porque indica que en esa proposición de ley “se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores”. Esto es, Feijóo pretende que Delgado, que fue ministra de Justicia antes de ser nombrada fiscal general por el Gobierno de Pedro Sánchez, pueda ser recusada.

De Prada, fuera del Consejo con la propuesta del PP

Según la propuesta del PP, el juez José Ricardo de Prada, magistrado del caso Gürtel y escollo en la última negociación entre el Gobierno y el PP de Casado, también quedaría fuera del próximo CGPJ. El motivo es que es un magistrado en activo y, sin embargo, entró en la terna por el turno de juristas. En el documento del PP se hace hincapié en que se deben respetar los turnos establecidos por la Constitución, 12 vocales procedentes de la carrera judicial y ocho vocales juristas, “sin que quepa introducir por este último cupo a integrantes de la carrera judicial en ejercicio”.

De Prada es ahora mismo magistrado en la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, pero en 2018, cuando fue propuesto como vocal para el CGPJ, se encontraba en servicios especiales, y por eso entró por la terna de juristas. Lo que plantea el PP en su propuesta ya figura así en la ley vigente, pero sobre el caso de De Prada hubo una agitada polémica entre el Gobierno y el PP, porque según el Ejecutivo la situación a tener en cuenta era en la que estaba el juez en 2018. Ahora, el PP introduce una disposición para asegurarse de que el magistrado autor de la sentencia del caso Gürtel quede fuera.