La Fiscalía interviene para proteger a los niños refugiados de Ucrania

La Fiscalía ha enviado una nota interna a todos sus fiscales delegados de menores para que sean más proactivos ante la llegada a España, huyendo de la guerra, de niños ucranios solos o acompañados por adultos que no son sus padres. El fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban Rincón, fija el protocolo que deben seguir y les insta a reclamar que las administraciones autonómicas asuman sus responsabilidades. La principal preocupación, según se desprende de la instrucción a la que ha tenido acceso EL PAÍS, son los niños procedentes de orfanatos y ...

La Fiscalía ha enviado una nota interna a todos sus fiscales delegados de menores para que sean más proactivos ante la llegada a España, huyendo de la guerra, de niños ucranios solos o acompañados por adultos que no son sus padres. El fiscal de Sala Coordinador de Menores, Eduardo Esteban Rincón, fija el protocolo que deben seguir y les insta a reclamar que las administraciones autonómicas asuman sus responsabilidades. La principal preocupación, según se desprende de la instrucción a la que ha tenido acceso EL PAÍS, son los niños procedentes de orfanatos y otros grupos traídos por ONG o ciudadanos sin ninguna coordinación con las autoridades. Hasta el 7 de junio, había en España 1.508 menores ucranios considerados no acompañados en sentido estricto y 3.202 menores con algún adulto, pero que se consideran en riesgo activo.

España diferencia distintos perfiles de menores en el caso de los ucranios. El primero es el que llega acompañado de sus progenitores, tutores o con alguna persona que acredita una relación de parentesco con documentos válidos en Ucrania. El segundo es el de aquellos que vienen con una persona que ejerce su guarda de hecho, aunque no necesariamente es su tutor legal, un perfil que encaja con grandes grupos de niños que llegaron a España acompañados de profesores, entrenadores o cuidadores. Y un último perfil es el del niño que huye totalmente solo, un menor extranjero no acompañado en sentido estricto.

Desde que comenzó la guerra y miles de refugiados empezaron a llegar a España (ya son cerca de 120.000), ha reinado cierto descontrol con los niños desplazados. En el caso de los menores que venían con sus padres no había dudas; en el caso de los niños solos, se aplicaba el protocolo que se usa para cualquier otro menor extranjero sin sus progenitores: las comunidades autónomas asumían su guarda y cuidado. Pero había dudas de qué hacer con el resto. La primera preocupación es hacer aflorar todos esos casos. Muchos niños llegaron gracias a iniciativas solidarias sin conocimiento de las autoridades españolas, sea, por ejemplo, con ONG o con familias que ya participaban en programas de acogida de niños ucranios. Pero ante esa casuística variada surgían preguntas: ¿quién fiscaliza que esos niños están en espacios adecuados? ¿Quién se asegura de que los adultos que los acompañaron en su viaje o las familias de acogida garantizan su bienestar, su educación, su acceso a la sanidad...? ¿Quién responde, en última instancia, si hay una situación de riesgo? La respuesta ahora está más clara: las comunidades autónomas.

La iniciativa de la Fiscalía está dirigida por tanto, sobre todo, a la protección de los niños acompañados por adultos que no son sus tutores legales, para los que existe un mayor vacío normativo. Este perfil es el que, según el ministerio público, “plantea especiales problemas”, ya que la situación de desprotección en la que se encuentran esos niños “la comparten con el responsable que los acompaña”. En ese colectivo encajan, por un lado, los que vienen de orfanatos, pero también de escuelas deportivas o equipos de fútbol. Estos niños vienen acompañados de sus cuidadores, que ejercen de tutores legales aunque estrictamente no lo son. Por otro, el ministerio público incluye a otros grupos “más o menos numerosos”, que fueron trasladados por alguna ONG en el marco de programas solidarios por ciudadanos voluntarios, sin mediación de la embajada y sin ponerlo en conocimiento de las autoridades españolas.

Tanto los niños solos como los acompañados por sus cuidadores que ejercen la guarda de hecho son responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero, ante la falta de precedentes e instrucciones claras, los gobiernos autonómicos no han asumido sus responsabilidades como deberían, según fuentes fiscales.

Un ejemplo claro de esta situación, aunque hay muchos más, es el del grupo de niños huidos de un orfanato de Ucrania gracias a la Fundación Madrina. Fue la entidad privada quien gestionó su llegada, buscó y descartó varios lugares para su alojamiento hasta que el grupo acabó en el colegio de un pueblo de Salamanca. La entidad privada se ocupa prácticamente de todo y financia los gastos, mientras que la comunidad apenas ofrece atención sanitaria y educativa. Las autoridades supervisan, no ejercen la guarda, que, en la práctica, aunque no formalmente, está en manos de sus cuidadores ucranios. Fue precisamente este episodio, según ha dicho este jueves el fiscal Rincón en un encuentro en la Fundación Profesor Uría, el que empujó a las autoridades a tomar cartas en el asunto para evitar “riesgos”.

Las instrucciones recibidas el miércoles definen el procedimiento que tiene que seguirse a partir de ahora. El primer cribado lo hará la Policía, que debe registrar al niño como menor en situación de riesgo, entregarlo a la entidad pública correspondiente e informar a la Fiscalía. Asumido este trámite, los fiscales deben incoar expedientes individuales e instar a la comunidad autónoma a que le preste atención inmediata y asuma su guarda provisional en el caso de que no lo haya hecho. Los fiscales también informarán a las comunidades sobre las peculiaridades de cada caso, para que decidan cuál es el acogimiento más adecuado (familiar o residencial). La recomendación expresa es que no se separe a los hermanos y que los gobiernos autonómicos mantengan informados a los fiscales de sus decisiones.

La nota llega más de tres meses después de que comenzase el conflicto y tras fracasar otras iniciativas que las autoridades españolas quisieron poner en marcha para proteger a los refugiados más vulnerables de esta guerra. Entre las alternativas, el Ministerio de Justicia quiso impulsar los acogimientos transfronterizos, una figura de protección del menor recogida en el Convenio de la Haya, pero era necesaria la colaboración de las autoridades ucranias, que no respondieron a la demanda española.