Cae una red que trasladó a Cádiz en motos de agua a decenas de menores llegados a Ceuta durante la crisis con Marruecos
La Policía Nacional ha detenido a 11 personas, acusadas de llevar de forma irregular a 160 migrantes a la Península en el último año
Todos sabían que el propietario de esa casa, pegada a la orilla del mar, en la zona de Benzú de Ceuta, era el jefe de una organización que transportaba primero drogas y luego también personas a la Península. Responde a las iniciales de A. M., tiene 36 años, de los que ha pasado ya 10 en prisión. Es español de origen marroquí y controlaba una red que, solo en el último año, ha llevado a Cádiz desde la ciudad autónoma a 160 personas, según la Policía Nacional. De ellas, ...
Todos sabían que el propietario de esa casa, pegada a la orilla del mar, en la zona de Benzú de Ceuta, era el jefe de una organización que transportaba primero drogas y luego también personas a la Península. Responde a las iniciales de A. M., tiene 36 años, de los que ha pasado ya 10 en prisión. Es español de origen marroquí y controlaba una red que, solo en el último año, ha llevado a Cádiz desde la ciudad autónoma a 160 personas, según la Policía Nacional. De ellas, 60 eran menores que entraron en España en mayo del año pasado, con motivo de la crisis con Marruecos, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera de Ceuta sin control.
La Policía Nacional detuvo a A. M. la semana pasada en su “acomodada vivienda”, y arrestó a 10 de sus compinches, entre los que se encontraban familiares y amigos residentes en los conflictivos barrios de El Príncipe y Rosales, según detallan fuentes de la investigación, que se inició hace un año con motivo de la interceptación en Algeciras de una moto de agua con cuatro menores a bordo.
Las detenciones han permitido desarticular una organización criminal que “llevaba muchos años funcionando en el Estrecho, principalmente dedicada al tráfico de drogas, pero que, con las dificultades que la pandemia generó al narcotráfico, amplió el negocio al tráfico de personas”, señalan las mismas fuentes, que alertan sobre la “policriminalidad” de estas organizaciones.
Ya fuese en moto de agua, previo pago de 6.000 euros, o en patera (por 3.000 euros), los traficantes estaban perfectamente organizados para captar a los inmigrantes, esconderles en unas antiguas instalaciones militares en la zona de Benzú (cercana a Marruecos) y luego trasladarles. Utilizaban, además, antiguas cuevas y túneles abandonados que tenían salida directa al mar para, sacar a los migrantes sin ser detectados.
“Si iban en moto, que tardan media hora en llegar a Cádiz, lo hacían por la mañana, a plena luz del día; y si iban en patera salían de noche”, explican los investigadores, que advierten de la dificultad de estas investigaciones, en las que tanto ellos como sus vehículos son rápidamente detectados en los barrios y áreas en las que opera esta clase de delincuentes.
La logística del tráfico de drogas era así utilizada para introducir irregularmente a personas en España. Los presuntos integrantes de la organización criminal tenían asignadas distintas funciones. Unos se encargaban de adquirir las embarcaciones en una tienda náutica de Algeciras “de confianza”, según relatan los investigadores, que observaron que todas ellas tenían el mismo logo, “una abeja”, razón por la que bautizaron “Maya” a la operación.
Coches alquilados, contravigilancias, vehículos lanzadera... “Los traficantes estaban perfectamente organizados y tomaban toda clase de medidas de seguridad”, explican los investigadores. Para ahorrar riesgos, o si alguno no podía sufragar los altos costes del traslado, usaban de patrones a los propios migrantes, en muchas ocasiones menores y casi siempre sin conocimiento alguno de navegación. “Sabemos que al menos en una ocasión una patera tripulada por un menor estuvo a punto de naufragar porque se rompió el suelo de aluminio y comenzó a entrar agua”, recuerda un agente. “Finalmente, lograron ser rescatados por Salvamento Marítimo”.
La Policía llevó a cabo dos registros en los que se incautó de un motor de embarcación, dos dispositivos GPS, dos transmisores de largo alcance, siete teléfonos móviles, diversa documentación y sustancias estupefacientes, junto con útiles para su corte y distribución. Los agentes calculan que en un año los traficantes han logrado unos beneficios de más de 500.000 euros. Los 11 detenidos están acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública. Diez de ellos han sido ya enviados a prisión por el juez.