ERC congela la reforma de la ‘ley mordaza’ por el ‘caso Pegasus’
Los partidos favorables a modificar la norma se plantean seguir los trabajos sin los republicanos hasta que amaine la polémica por el supuesto espionaje a los independentistas
El terremoto político provocado por el caso Pegasus ya altera la vida parlamentaria. ERC ha forzado este miércoles la suspensión de la reunión que iban a celebrar por la mañana los partidos partidarios de reformar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, con la advertencia de que no volverá a participar en estos trabajos hasta que el Gobierno aclare el supuesto espionaje a ...
El terremoto político provocado por el caso Pegasus ya altera la vida parlamentaria. ERC ha forzado este miércoles la suspensión de la reunión que iban a celebrar por la mañana los partidos partidarios de reformar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, con la advertencia de que no volverá a participar en estos trabajos hasta que el Gobierno aclare el supuesto espionaje a los independentistas catalanes destapado la semana pasada, han confirmado a EL PAÍS varias fuentes que iban a participar en el encuentro. Los otros partidos favorables a modificar la norma se plantean seguir los trabajos de manera discreta y sin los republicanos hasta que amaine la polémica para avanzar en una negociación que va más lenta de lo previsto.
Esta decisión es la primera materialización en el Congreso del abismo abierto entre los republicanos ―que reclaman ceses políticos por la presunta intromisión ilícita en los móviles de 63 políticos catalanes y vascos― y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ve como la votación prevista para este jueves del decreto de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania corre el riesgo de no ser aprobado.
“Hoy está claro que Pegasus nos ha condicionado la agenda a todos. Y más aún después de lo de [Margarita] Robles”, confirman a este diario fuentes de ERC, en referencia a las manifestaciones de la ministra de Defensa, que durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados este miércoles se ha preguntado qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien declara la independencia. Tras estas palabras, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, señaló a Robles como una de las responsables directas del supuesto espionaje y le ha pedido “responsabilidades” o “que se las hagan asumir”.
La decisión de ERC de levantarse de la negociación de la reforma de la ley mordaza se produce, además, en un momento crítico de la misma y después de que este partido hubiera presentado a comienzos de abril un documento a los otros cinco grupos parlamentarios partidarios de modificar la norma ―PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu y Junts― con los cambios que la formación nacionalista considera irrenunciables para que sus diputados voten a favor. Fuentes de algunos de los partidos consideran que la postura de ERC deja en el aire la aprobación de la reforma y creen difícil sacarla adelante antes de que termine la legislatura.
Más optimistas se muestran desde las filas socialistas, donde recalcan que su intención es “seguir trabajando” para alcanzar acuerdos con “todas” las formaciones partidarias de la reforma de la ley de seguridad ciudadana. Estas mismas fuentes insisten en que, por su parte, el anuncio de ERC no lo han interpretado como “una ruptura, un portazo ni nada de eso”. En la misma línea, desde Unidas Podemos aseguran están seguros de que se volverán a estos trabajos “lo antes posible como se ha venido haciendo hasta ahora”. La formación destaca la importancia de culminar la reforma de una ley que afecta “directamente a los derechos y a la seguridad de la mayoría de la sociedad”.
La reforma de la ley mordaza es un proyecto iniciado hace cuatro años, pero que las discrepancias políticas y las sucesivas disoluciones del Congreso han impedido fructificar. Como en otros proyectos del Gobierno, como la ley de memoria democrática, el proyecto ha concitado el rechazo frontal de los partidos de la derecha, pero también con las quejas de los aliados parlamentarios, que la consideran insuficiente. De hecho, los trabajos de la ponencia parlamentaria para materializarla están paralizados desde marzo ante los pocos avances ―se habían cerrado acuerdos sobre 29 artículos―.
Por ello, PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Junts acordaron entonces celebrar encuentros preparatorios entre ellos para limar diferencias y poder acudir a la próxima reunión de aquella con textos ya cerrados para agilizar el trámite parlamentario y sortear la oposición frontal de los partidos de la derecha. El objetivo era cerrar el nuevo texto antes del verano, cuando se cumple el séptimo aniversario de la entrada en vigor de la norma que aprobó el PP en 2015. Uno de estos encuentros era el que se iba a celebrar este miércoles.
Sin embargo, en estas reuniones a seis bandas los avances habían sido hasta ahora más lentos de lo esperado. Primero, el documento con las 11 exigencias de ERC y, ahora, el anuncio de este partido de condicionar su participación futura en estos trabajos a que se aclare el caso Pegasus son nuevos obstáculos en el accidentado trámite parlamentario para culminar la reforma. Los votos de los 13 diputados republicanos son necesarios para una reforma que necesita 175 votos afirmativos al tratarse de una ley orgánica.