Anticorrupción reclama al comisionista Luis Medina otros 891.000 euros para completar la fianza

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes al juez Adolfo Carretero, que instruye la causa por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia a precios desorbitados, que requiera a ...

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este lunes al juez Adolfo Carretero, que instruye la causa por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia a precios desorbitados, que requiera a uno de los dos comisionistas investigados, Luis Medina, que aporte otros 891.221 euros para completar la fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones que pide para él. En su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Anticorrupción detalla que la cifra que se embolsó el hijo menor de la modelo Naty Abascal y el anterior duque de Feria, Rafael Medina, por su participación en la operación bajo sospecha fue de 912.742 euros. A esa cantidad le añade el tercio que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal para determinar la cuantía de la fianza hasta elevarla a 1.216.989 euros.

Hasta ahora la justicia solo ha podido embargar bienes por un total de 325.762 euros (un yate valorado en 325.515 euros y los 247 euros del saldo de una cuenta), por lo que es la cantidad restante la que ahora reclama. No obstante, la fiscalía advierte que si al segundo imputado, Alberto Luceño, no se le pueden embargar bienes por la cantidad correspondiente a él, la cuantía de la fianza de Medina podría aumentar “dado el carácter solidario de la responsabilidad civil”. En su escrito, Anticorrupción pide al juez que, en caso de que el comisionista no aporte garantías sobre la cantidad aún sin cubrir, ordene el embargo de sus bienes, sin especificar cuáles.

La Fiscalía ha presentado este escrito a instancias del juez, que la pasada semana pidió su opinión y la del resto de las partes personadas sobre las iniciativas a adoptar contra el hermano del actual duque de Feria para la recuperación del dinero supuestamente estafado. La decisión la tomó después de que Deutsche Bank, la entidad financiera en la que Medina ingresó la comisión, le informase de que, de las tres cuentas que Medina tenía abiertas (una en dólares), dos tenían saldos negativos y en la tercera solo había 247 euros. En su informe, el banco también detallaba que el investigado mantiene una deuda de 5.719 euros con la entidad por no atender los cargos de una tarjeta de crédito.

En respuesta a la petición del juez, este lunes también presentaron escritos Podemos, el PSOE —que ejercen la acusación popular— y el Ayuntamiento de Madrid —como acusación particular—. Podemos plantea en el suyo que, si Medina no atiende el requerimiento para entregar en el plazo de tres días la cantidad necesaria para completar la fianza, se le inste “a que aporte relación patrimonial completa de sus bienes”. No obstante, el partido reclama al juez que inicie gestiones para averiguar su verdadero patrimonio y embargarlo. Y plantea también que solicite a la Agencia Tributaria información sobre los bienes que Medina pudiera disponer en el extranjero.

Podemos también pide al magistrado que amplíe la acusación contra Medina con un nuevo delito, el de alzamiento de bienes, al considerar que distrajo dinero de sus cuentas después de que Anticorrupción le tomara declaración en abril pasado y, por tanto, supiera que era investigado. Hasta ahora, la fiscalía acusa a los dos comisionistas de estafa agravada, blanqueo y falsificación. Ambos deben declarar ante el juez el 25 de abril.

Por su parte, el PSOE informa en su escrito al magistrado que existe un proceso en un juzgado de Sevilla para dirimir el reparto de la herencia de la abuela de Medina, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, entre cuyos beneficiarios estaría él, con vistas a embargar sus derechos hereditarios. El Ayuntamiento de Madrid plantea que se hagan gestiones para averiguar si existen otras cuentas más allá de las conocidas en el Deutsche Bank, así como si Medina tiene “bienes muebles o inmuebles de su titularidad” registrados.

El pasado sábado, el comisionista presentó un escrito, conocido este lunes, en el que reclama al juez que excluya al consistorio madrileño como acusación particular en la causa al considerar que este no se vio “afectado ni perjudicado por los hechos investigados”. Medina alega que el ayuntamiento estuvo “de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos”. Y apunta a que, como firmante de los mismos, el propio consistorio puede “acabar siendo investigado” en la causa judicial como responsable si se concluye que hubo irregularidades. El comisionista pide también al juzgado que exija a Podemos y al PSOE que depositen una fianza para seguir ejerciendo la acusación popular y que se unifican en una sola para evitar retrasos en la instrucción.

Según la querella de Anticorrupción, Medina y su socio, Alberto Luceño, recurrieron supuestamente a un primo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para entrar en contacto con el Ayuntamiento, al que ofrecieron “la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”. A cambio, se embolsaron seis millones de euros de comisión, gracias a que “inflaron artificialmente” los precios de los productos con comisiones disparadas: del 60% para las mascarillas; del 71% para los test; y del 81% para los guantes, según las pesquisas. Con los beneficios que obtuvieron, compraron bienes de lujo, como coches de alta gama, relojes de oro, un yate, al que Medina bautizó como Feria y registró en Gibraltar, y una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) con tres plazas de garaje valorada en más de un millón de euros. Luceño también pagó 60.000 euros por una estancia de una semana en un hotel de Marbella.