Tres exjefes de la Policía niegan que autorizasen la estructura empresarial de Villarejo
El director adjunto operativo del Cuerpo con Rajoy explica que prohibió “por escrito” a un comisario investigar al rey emérito
El fiscal Miguel Serrano lanza la pregunta y la respuesta resuena en la sala de la Audiencia Nacional:
—¿Tiene constancia de si, en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa [de la Policía Nacional], se creó alguna estructura empresarial ad hoc para facilitar la actividad policial del [comisario jubilado] José Manuel Villarejo?
—No —responde contundente Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Tres antiguos jefes de l...
El fiscal Miguel Serrano lanza la pregunta y la respuesta resuena en la sala de la Audiencia Nacional:
—¿Tiene constancia de si, en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa [de la Policía Nacional], se creó alguna estructura empresarial ad hoc para facilitar la actividad policial del [comisario jubilado] José Manuel Villarejo?
—No —responde contundente Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Tres antiguos jefes de la Policía han desfilado este lunes por el juicio que acorrala a Villarejo por encabezar una presunta macrotrama de corrupción. Además de Pino, que ostentó el cargo de 2012 a 2016, han declarado también Agustín Linares y Pedro Díaz-Pintado, que ocuparon el puesto de 1987 a 1994, y de 1996 a 2004, respectivamente. Todos ellos, citados como testigos, han negado que autorizasen a su entonces subordinado para que montase una red de compañías que pudiera usar para sus labores como agente. “No sabía que tenía estructuras societarias”, ha afirmado, por ejemplo, Linares. Pino ha añadido que no le consta que hubiera funcionarios en el Cuerpo con esa capacidad.
Estas palabras infligen un golpe a la defensa, que mantiene que la red empresarial de Villarejo, a través de la que cobró cantidades millonarias por presuntos encargos de espionaje, formaba parte de la tapadera del entonces comisario. Esas compañías le servían para desarrollar sus actividades, “sin las cuales no se hubiera podido realizar”, ha insistido su abogado durante el juicio. Y, por tanto, si “estaba obligado a mantener una estructura empresarial al servicio de la seguridad del Estado para darle cobertura”, no podía formar una organización criminal. Pero la Fiscalía rechaza esa tesis y subraya que, más allá de que Villarejo fuese “policía de inteligencia”, se excedió y “aprovechó esa condición” para montar todo un tinglado societario y “lucrarse” a través de él.
El abogado de Villarejo, Antonio García Cabrera, apenas ha conseguido sacar algún punto a su favor. Como en la declaración de Díaz-Pintado, que ha detallado que sí sabía que el Cuerpo contaba con agentes “liberados”: “Además de Villarejo, había dos o tres personas en la misma situación”. ¿Conocía si tenían sus propias empresas, con las que facturan para dar una cobertura a su actividad policial? “Lo he conocido. Había dos o tres compañeros... Era su forma de trabajar para la Policía”, ha especificado Pintado, sin concretar nada más.
El letrado también ha utilizado a su favor sendos documentos firmados por los tres exjefes de la Policía cuando Villarejo se encontraba en prisión provisional y donde señalaban de forma genérica que conocían la condición especial del agente dentro de la institución. Los tres han matizado este lunes que rubricaron esos escritos a petición de la entonces defensa del detenido, y que lo hicieron para ayudar a un compañero. “Parecía que eso podría ser suficiente para que le pusieran en libertad”, ha dicho Linares. Por si le “valía de algo”, ha añadido Pino.
Orden sobre Juan Carlos I
Las declaraciones de Pino, Linares y Díaz Pintado han navegado este lunes por décadas de actividad policial. Entre otros puntos, el jefe de la Policía con Mariano Rajoy ha admitido al tribunal que “prohibió por escrito” a Villarejo que investigara al rey emérito. Según ha explicado, entre otros motivos, le ordenó que abandonara ese tema porque “eran hechos no cometidos en el territorio [español]” y “porque [Juan Carlos I] era una persona aforada”.
El comisario Villarejo, que aprovecha su condición de abogado para representarse a sí mismo y apoyar a su letrado defensor, ha tomado la palabra durante la sesión de este lunes para interrogar a un testigo. Entre titubeos, el también acusado no ha salido muy bien parado. Ángela Murillo, presidenta del tribunal, lo ha reprendido bastantes veces: por no hacer preguntas concretas a los interrogados, por sacar conclusiones impertinentes, por divagar y por no facilitar a los magistrados los folios de la instrucción donde se apoyaba para hacer sus afirmaciones.
La Audiencia Nacional ha retomado este lunes el triple juicio a la trama liderada por Villarejo, que comenzó el pasado octubre y que, según prevé el tribunal, no acabará hasta el próximo 23 de junio, para cuando ha fijado la última jornada. La Sala de lo Penal decidió juntar en esta vista tres líneas de investigación que se instruyeron por separado: las piezas Iron, Land y Pintor. La primera versa sobre la contratación del comisario por parte del bufete Herrero & Asociados para espiar supuestamente a otro despacho de abogados. Land se centra en la guerra familiar de los herederos de Luis García-Cereceda, el promotor que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Y Pintor investiga si el empresario Juan Muñoz fichó a Villarejo para obtener datos de un exsocio al que reclamaba una deuda.