Bruselas pide que el Tribunal de la UE resuelva el conflicto entre la Fiscalía europea y la española

El grave conflicto de competencias entre la Fiscalía europea y la española por el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso ha subido este viernes de tono con la irrupción de la Comisión Europea. El organismo comunitario ha defendido que el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, sea el encargado de dirimir la disputa, una posición que coincide claramente con la defendida por la fiscal jefe europea, Laura Kövesi. E...

El grave conflicto de competencias entre la Fiscalía europea y la española por el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso ha subido este viernes de tono con la irrupción de la Comisión Europea. El organismo comunitario ha defendido que el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, sea el encargado de dirimir la disputa, una posición que coincide claramente con la defendida por la fiscal jefe europea, Laura Kövesi. El caso podría incluso derivar en un expediente contra España porque la normativa nacional no facilita recurrir ante Luxemburgo una decisión de la fiscal general del Estado como la adoptada por Dolores Delgado en la investigación sobre Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Delgado, con apoyo unánime de la Junta de Fiscales de Sala, decidió que la Fiscalía Anticorrupción española investigue la existencia de un posible delito en el contrato para la compra de mascarillas en el que participó Tomás Díaz Ayuso, y que la Fiscalía europea indague la posible malversación y daños al presupuesto europeo, dado que la operación se abonó con cargo a fondos comunitarios.

La Fiscalía europea reaccionó con un airado comunicado a esa decisión, acusando a la fiscal general del Estado de no ser imparcial por tratarse de la superior jerárquica de Anticorrupción y de no haber escuchado a ambas partes del conflicto. El órgano europeo lamentaba además que la decisión de Delgado sea inapelable y que la normativa española no prevea la posibilidad de dirimir el conflicto ante el tribunal europeo mediante una consulta prejudicial.

Kövesi ha trasladado sus quejas por escrito al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que, sin pronunciarse sobre el fondo del caso, se inclina también por no considerar como definitiva la decisión de Delgado.

“En caso de duda, debería ser finalmente el Tribunal de Justicia europeo el encargado de decidir”, ha señalado el portavoz del Departamento de Justicia de la Comisión Europea. La misma fuente ha añadido que “debe existir un mecanismo que permita que las cuestiones prejudiciales [para dirimir el conflicto] lleguen al Tribunal europeo”.

Fuentes fiscales y jurídicas consultadas admiten que la normativa es ambigua en este punto. El artículo 25 del Reglamento de la UE sobre la Fiscalía Europea deja en manos de “las autoridades nacionales” la decisión de quién será competente para la investigación “en caso de discrepancia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales que ejercen la acción penal [...]”. En este precepto es en el que se ampara Dolores Delgado para defender que ella es la que decide quién investiga el contrato vinculado al hermano de Ayuso. Pero ese mismo reglamento europeo establece (artículo 42) que el TJUE es competente para “pronunciarse con carácter prejudicial” sobre cómo interpretar los artículos que regulan la competencia de la Fiscalía Europea, entre ellos el 25. Es decir, la norma comunitaria prevé que el tribunal europeo tenga la última palabra en caso de discrepancias.

La duda es quién debe ser el que lleve el caso al TJUE. Los fiscales europeos se lo han demandado a Delgado, pero en su departamento argumentan que la fiscal general ya ha decidido conforme a la autoridad que le otorga el artículo 25 del reglamento y que lo ha hecho tras consultar a los fiscales de sala, que avalaron su tesis por unanimidad. Fuentes del Ministerio Público añaden que en el ordenamiento jurídico español las cuestiones prejudiciales solo están previstas dentro de los procedimientos judiciales, pero no en las diligencias de investigación previas como las que ha abierto la Fiscalía sobre las mascarillas compradas por la Comunidad de Madrid.

Descartada, por ahora, la consulta al tribunal europeo por parte de la fiscal general, el caso podría, no obstante, acabar en el TJUE por otra vía: a través del juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal designado para ejercer como juez de garantías del caso vinculado al hermano de la presidenta madrileña. La Fiscalía europea, al contrario que la española, dirige la instrucción de las causas que investiga, pero actúa bajo la supervisión de un juez que debe controlar las actuaciones que puedan afectar a derechos fundamentales y los recursos contra las decisiones del Ministerio Público que impulse el resto de partes del procedimiento. Las fuentes consultadas sostienen que el juez de garantías sí estaría habilitado para preguntar al TJUE por la competencia para investigar el caso si así se lo piden los fiscales europeos o incluso podría hacerlo de oficio si lo considera necesario.

Según detallan fuentes jurídicas la Fiscalía europea no ha solicitado a Abascal, de momento, que eleve el caso a la justicia europea y el juez tampoco tiene pensado hacerlo de oficio porque considera que el órgano que tenía que resolver la competencia es la Fiscalía General del Estado y ya lo ha hecho, informa J. J. Gálvez. En el caso de recibir la petición de los fiscales de la UE, Abascal estudiará si acepta la solicitud. El juez se ha limitado hasta ahora a dictar el decreto para abrir la causa tras recibir la comunicación de la Fiscalía europea de que había iniciado el procedimiento. Según el artículo 8 de la Ley de 2021 que contempla la creación de la Fiscalía Europea, el juez de garantías no se encarga de impulsar la investigación, sino de supervisarla y, por ejemplo, autorizar las indagaciones que se propongan cuando puedan afectar a derechos fundamentales.

Fuentes comunitarias reconocen que la pugna que se está viviendo a raíz de la investigación al hermano de Ayuso no tiene precedentes porque la Fiscalía europea lleva solo nueve meses operativa y no se había producido hasta ahora ningún choque de competencias de este tipo. El artículo 27 del reglamento europeo que rige la actividad de la Fiscalía europea obliga a las autoridades nacionales a no adoptar ninguna decisión sobre un caso en que haya mostrado interés el ministerio público comunitario.

Bruselas reconoce que los roces competenciales son inevitables, sobre todo, en estos primeros compases de la Fiscalía europea, en que no hay jurisprudencia previa. Por ese motivo, fuentes de la comisión consideran que sería muy conveniente que los jueces comunitarios resolvieran este primer choque competencial.

Desde el Departamento de Justicia de la Comisión también se señala que “se está supervisando la situación en todos los Estados miembros para comprobar que el reglamento de la Fiscalía europea se aplica correctamente y que todos los Estados cumplen las obligaciones previstas en esa norma”. Las mismas fuentes consideran que “es demasiado pronto para saber si en el caso de España se está cumpliendo correctamente o si debería iniciarse un expediente” y aseguran que aún no se ha llegado a esa fase”. Pero la beligerancia de Kövesi, que llegó al cargo a pesar de la resistencia de varias capitales gracias a sus credenciales como perseguidora del fraude y la corrupción en Rumania, parece destinada a dar al caso de las mascarillas una envergadura supranacional en la que, probablemente, no habían pensado los líderes del PP que destaparon el caso.