Las claves del pacto de PP y Vox en Castilla y León: una ley de “violencia intrafamiliar” y silencio sobre la memoria histórica
El acuerdo defiende la “integración cultural” de los migrantes y deja fuera postulados de la extrema derecha como el recorte de la financiación a sindicatos y partidos
El PP y Vox han cerrado el primer Gobierno de coalición que incluye en España a la extrema derecha, y han adoptado un acuerdo que incluye varias cuestiones capitales del discurso ultra en materia de violencia machista e inmigración. El futuro presidente, ahora en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y su futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), han evitado ante los medios ofrecer detalles de un programa que incluye “una ley de lucha contra la violencia intra...
El PP y Vox han cerrado el primer Gobierno de coalición que incluye en España a la extrema derecha, y han adoptado un acuerdo que incluye varias cuestiones capitales del discurso ultra en materia de violencia machista e inmigración. El futuro presidente, ahora en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y su futuro vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), han evitado ante los medios ofrecer detalles de un programa que incluye “una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar” ―que no incide en la violencia específica contra las mujeres― y promueve una “inmigración ordenada, desde la integración y en contra de las mafias ilegales”. Se trata de 11 “ejes de Gobierno” con 32 “acciones”.
Las bases, plasmadas en cinco folios, se asemejan mucho a las exigencias que publicó Vox la noche del miércoles como medida de presión, amenazando con segundas elecciones si no había acuerdo. No figura en el pacto anunciado, sin embargo, nada sobre el decreto de memoria histórica que Vox insistía en suprimir.
Violencia machista. El futuro Gobierno impulsará una ley de violencia intrafamiliar, un concepto defendido por Vox para contraponerlo al de violencia machista, del que este partido reniega. Más de mil mujeres han muerto desde 2003 (cuando se empezaron a contabilizar estos asesinatos) a manos de sus parejas o exparejas. “Aprobaremos una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar para promover medidas preventivas y dotar de una protección adecuada a sus víctimas”, indica el punto 10 del acuerdo. Esa norma actualizará “la normativa vigente en materia de protección para mejorar la atención a las víctimas, especialmente cuando sean menores, mayores, mujeres, personas con discapacidad o personas vulnerables, y con especial énfasis en el medio rural”.
Mañueco, en rueda de prensa, ha hablado de “mimar a quienes sufren violencia, todo tipo de violencia”, sin incidir en el concepto “machista” o “contra la mujer”. “Hay que proteger a las víctimas de la violencia, sea la violencia machista, terrorista, sexo o raza. Son principios de nuestra Constitución”, ha añadido el presidente en funciones.
Inmigración. Mañueco se ha aliado con una formación cuyo cabeza de lista, Juan García-Gallardo, sostuvo que existe “una inmigración con una capacidad de adaptación limitada” y señaló a las personas del norte de África como presuntas responsables de “violaciones en manada”. La clave número 32 del pacto alude a promover “una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. El documento publicado por Vox la noche antes del apretón de manos requería eliminar “partidas presupuestarias y normativas que promueven el efecto llamada [de migrantes] y favorecen el tráfico de seres humanos”, y pedía colaborar con la Policía para identificar “inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados”, aspectos que no mencionan esta vez.
Educación. La impronta de Vox se aprecia en matices como el fomento de la educación “libre de adoctrinamiento ideológico”, tesis que reitera habitualmente la extrema derecha, pues García-Gallardo aseguró hace unas semanas que en los colegios “hay activistas que manipulan”. PP y Vox abogan, por otra parte, por una Selectividad nacional común.
Economía. Las líneas firmadas prometen garantizar “servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos”. Además, como pedía Vox, aluden a la “reducción significativa del gasto institucional superfluo y supresión del gasto público ineficaz, o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos”. Los ultras pedían privar de financiación autonómica a colectivos como los sindicatos o las agrupaciones políticas, si bien esta medida no aparece en este documento.
Medio rural. El pacto llama también a desarrollar infraestructuras para la conectividad de la comunidad, asegurar “la cohesión e integridad territorial”, luchar contra la despoblación y apoyar a las familias y la natalidad. Además, instarán al Gobierno central y a las instituciones europeas a proteger la producción propia “contra la competencia desleal del producto extracomunitario, que no cumple los mismos requisitos a los que están sometidos nuestros productores”.
Memoria histórica. El programa no alude a la memoria histórica, aunque Vox había anunciado que aspiraba a suprimir el decreto autonómico sobre la materia.