Las verdades detrás del asalto al Ayuntamiento de Lorca

Los equilibrios del poder político en Lorca (Murcia) están muy ajustados. Diez concejales del PSOE, dos de Izquierda Unida y uno de Ciudadanos conforman el gobierno local que, tras las elecciones de 2019, estuvo a punto de constituirse con diez concejales del PP, dos de Vox y uno de Ciudadanos. Finalmente, el edil de Ciudadanos, hoy el vicealcalde Francisco Morales, optó por unirse a los socialistas con una condición: “Que se regularan las explotaciones porcinas bajo dos principios básicos: igualdad y sostenibilidad, lo que impli...

Los equilibrios del poder político en Lorca (Murcia) están muy ajustados. Diez concejales del PSOE, dos de Izquierda Unida y uno de Ciudadanos conforman el gobierno local que, tras las elecciones de 2019, estuvo a punto de constituirse con diez concejales del PP, dos de Vox y uno de Ciudadanos. Finalmente, el edil de Ciudadanos, hoy el vicealcalde Francisco Morales, optó por unirse a los socialistas con una condición: “Que se regularan las explotaciones porcinas bajo dos principios básicos: igualdad y sostenibilidad, lo que implicaba establecer la distancia de 1.500 metros respecto a cualquier núcleo urbano, también en las pedanías”, indica, y recuerda que también los dos representantes de Izquierda Unida mantenían esa posición.

Lorca, con cerca de 100.000 habitantes y un millar de cebaderos, es el segundo término municipal más grande de España, con una extensión de 1.675 kilómetros cuadrados y 39 pedanías, en las que viven diseminados en viviendas unifamiliares con terreno agrícola y ganadero cerca de 40.000 lorquinos. El pasado domingo, un vehículo con megafonía recorrió todas esos pequeños núcleos de población convocando a los ganaderos a una concentración este lunes contra “la nueva reglamentación que quiere aprobar el ayuntamiento y que nos afectará a todos”, señalan miembros de las asociaciones ganaderas que lo patrocinaron.

El lunes, unas 500 personas se concentraban delante del Centro de Desarrollo Local (CDL) donde iba a celebrarse el pleno que aprobaría la moción para regular las explotaciones de ganado porcino, y un grupo decidió asaltar violentamente el edificio municipal al grito de “¡gandules!, ¡os vamos a matar!”, llevándose por delante a policías locales que trataban de impedir su entrada a la fuerza.

El pleno fue suspendido porque “la policía nos dijo que no podía garantizar la seguridad de las personas que se encontraban en el edificio”, asegura el alcalde, Diego Mateos (PSOE), y la moción no se aprobó. De momento hay siete detenidos por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos, y una maraña de acusaciones cruzadas para explicar cómo pudo llegarse a ese extremo.

Las tensiones habían empezado una semana antes. “El día 21 de enero nos citó el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis Ruiz (PSOE), en el ayuntamiento para informarnos de que la moción iba a ir a pleno el día 31″, señalan miembros de las asociaciones ganaderas, reunidas en una suerte de “comisión negociadora” de ocho colectivos del sector, y corroboran en la corporación municipal. Hasta ese momento, existía un amplio consenso entre ganaderos y políticos y unas relaciones fluidas. Muchos de ellos, como ocurre habitualmente en los pueblos, son amigos de la infancia o forman parte de las mismas cofradías. Hasta el punto de que la tramitación de la moción había sido aprobada por unanimidad en julio de 2020.

“Nosotros estábamos de acuerdo en adaptarnos a las nuevas normativas, pero solo les pedíamos que las explotaciones cuya tramitaciones estaban en curso y cuyos propietarios ya habían hecho su inversión, pudieran continuar sus expedientes en un régimen de excepcionalidad, o provisionalidad, y ellos aceptaron”, señalan desde los colectivos de ganaderos, que se han sentido traicionados por el gobierno local. Esos casos, nueve, son el verdadero escollo de este asunto.

Se trata de nueve empresas, nueve expedientes —recogidos en la moción—, nueve explotaciones que se encuentran en un “limbo legal” a la espera de una serie de licencias que no llegan. Los permisos para construir granjas de menos de 2.000 cabezas las concede el ayuntamiento, pero cuando son de más de 2.000 animales los otorga la comunidad autónoma. En estos casos, muchas son solicitudes de ampliaciones, en total unas 20.000 cabezas de ganado entre todas, cuya aprobación depende del gobierno regional (PP).

Algunos de los propietarios de estas explotaciones, cansados de esperar la respuesta de los distintos organismos competentes de la comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular (direcciones generales de Medio Ambiente, Aguas, Carreteras, Urbanismo...), han tirado por la calle de en medio. “Han montado los cebaderos, se han metido en préstamos de 300.000 euros a diez años vista, han contratado a trabajadores, tienen familias, y ahora ven peligrar sus inversiones”, apuntan ganaderos y miembros del consistorio. Algunos de estos empresarios llevan esperando una respuesta de la administración regional desde 2014.

“Sistema integrado”

El negocio del ganado porcino está en auge en los últimos años debido, en buena parte, a la demanda de China, donde la peste porcina les ha obligado a importar mucha carne de cerdo. Sin embargo, muchos temen que esa “burbuja” estalle más pronto que tarde. Al mismo tiempo, la industrialización del sector ha pervertido mucho el trabajo de los ganaderos locales “de toda la vida” y de un trabajo tradicional que se realizaba en familia, con pequeñas granjas. “Los cebaderos, con centenares o miles de animales, son subcontratas de grandes empresas cárnicas instaladas en la zona”, explica un trabajador del gremio. “Los ganaderos asumen el riesgo económico, porque hacen la inversión para la instalación y ponen su mano de obra, a condición de que el empresario cárnico les meta los cerdos, les dé el pienso para cebarlos y las medicinas para tratarlos, pero quedan completamente a expensas de ese gran empresario, que le paga a unos diez euros por cerdo cebado y sube o baja el precio”, analiza. Lo llaman “sistema integrado”.

Así las cosas, los representantes de los ganaderos —entre los que se encuentran algunos de esos relevantes empresarios— acudieron a la cita el día 21 y se encontraron con que la moción “había pasado de tener siete folios a 32, e incluía otro montón de requisitos que antes no estaban, como tener que presentar estudios de impacto paisajístico, o de evolución del tráfico en la zona donde vaya a ponerse una explotación”, describen los miembros de la comisión.

“Se trata de los informes preceptivos de los correspondientes organismos regionales competentes que se solicitan y se adjuntan antes de ser aprobada cualquier modificación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que es como se ha presentado esta regularización de acuerdo con los técnicos municipales”, explica el alcalde, Diego Mateos. “Pero esos informes, no son más que recordatorios de la ley vigente, y ellos lo han interpretado como nuevos requisitos”.

“Ellos”, son los ganaderos, que no tienen un pelo de tontos ni de ignorantes. Saben perfectamente que van a tener que tragar con la legislación medioambiental y quieren hacerlo, pero también quieren sacar algo a cambio: “Salvar a esas nueve empresas de la posible ruina y, con ello, mantener unido y fuerte al sector ante posibles embates futuros”.

Él, el alcalde, tiene poco margen de maniobra y se encuentra presionado por sus socios de gobierno —que aún no le han aprobado los presupuestos— y por su acuerdo iniciático así que les invita a presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva (tres meses después de la inicial), a reclamar al gobierno regional o incluso a acudir a la Justicia, pero se lava las manos en un tema con el que tiene que seguir adelante.

Pedro Sosa (54 años), uno de los dos concejales de IU que apoyan al gobierno local, ha sido además matarife durante 30 años en una de las empresas cárnicas más fuertes de la localidad, Jisap, donde también era —está en excedencia— presidente del comité de empresa y ha montado más de una huelga. No en vano es la bestia negra del sector. Por eso, cuando el pasado lunes llegó al pleno de la contienda atravesando con su moto el cordón policial, los manifestantes le increparon y le destrozaron la moto después.

“Antes hacer un cerdo costaba un año, ahora lo tienes en tres cuatro meses y, muchas veces, rajas el cuero y sale agua, porque están engordados de manera artificial; a los empresarios de la carne les interesa que haya muchas explotaciones para que haya más competencia y poder rebajar los precios de cebar a los animales al máximo; y, además, algo muy importante: las explotaciones necesitan agua, que muchas veces no es de Lorca, sino de la comunidad de regantes, o de pozos ilegales o directamente del río turrilla”. La última macrooperación del Seprona, el servicio de Medio Ambiente de la Guardia Civil, señala a Murcia como la región de España donde se han detectado más pozos ilegales y uno de las zonas que sufre más desertificación de la península.

El “error” de todo esto, según el exalcalde Fulgencio Gil (PP) y principal portavoz de la oposición, “radica en haber presentado esta moción como una modificación del Plan de Ordenación Urbana, en lugar de como una regulación puntual que pretende homologar la distancia de 1.500 metros tanto en el casco urbano como en las pedanías”. El edil popular arengó a los ganaderos para que se movilizaran y acudieran a la manifestación que días más tarde terminó en el asalto. “Lo que les dije fue que entendía que no se habían cumplido los compromisos adquiridos con ellos por parte del gobierno municipal y que no se estaba gestionando bien, y que desde el grupo popular les respaldábamos en sus exigencias como siempre”, agrega tras haberles acompañado también en la manifestación del pasado lunes 31.

Los miembros de la comisión se reunieron con el concejal de Urbanismo y con el alcalde el lunes 24, el martes 25 y el miércoles 26 por la noche, tras llamar al regidor y pedirle que acudiera adonde se encontraban. Le dijeron: “Si no sacas la moción del orden del día y nos das una prórroga de un mes para que podamos estudiarlo, tendremos que movilizar a los ganaderos”, aseguran. “Todo muy cortés”, aclaran.

Esa noche, en el vacío de una galería comercial cerrada, se rompieron las buenas relaciones que se habían mantenido hasta entonces entre antiguos amigos, vecinos, compañeros de colegio, de cofradía, y que ahora tenían intereses enfrentados. El desencuentro se enconaba. El jueves, por grupos de WhatsApp, los representantes del sector cárnico hicieron el llamamiento y lograron reunir el viernes por la tarde en el salón de bodas Faroli, a las afueras de la localidad, a un centenar de ganaderos para convocar la manifestación del lunes. Allí se presentaron —unos dicen que invitados y otros dicen que no— concejales del PP y de Vox que les arengaron y dieron su mitin, según los presentes y los aludidos. El conflicto empezaba a ser instrumentalizado por algunos partidos sin que, aparentemente, nadie previese las consecuencias.

Lo que le llegó a los ganaderos de las pedanías, megafonía y “teléfono escacharrado” mediante, era: “Nos quieren cerrar las granjas para abrirlas en Cataluña”, relata uno de ellos. “Empiezan por el porcino y acabarán por todos los animales”. Eso explicaría que el afamado y laureado propietario de quesos Roano, que cría cabras en una pequeña explotación familiar, esté entre los detenidos. “Fueron desinformados, intoxicados, ellos mismos te lo dicen: “Sabíamos contra quién íbamos pero no contra qué”, advierte el vicealcalde Francisco Morales. “Ahora, aparte de identificar a los autores materiales del asalto, habrá que descubrir quienes son los autores intelectuales”.