Un grupo de ganaderos asalta el Ayuntamiento de Lorca e impide un pleno que iba a limitar las macrogranjas de cerdos

Un grupo de ganaderos ha asaltado este lunes el Ayuntamiento de Lorca (96.000 habitantes, Murcia) y ha impedido la celebración del pleno municipal, en el que estaba previsto que se aprobara una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para alejar del casco urbano las nuevas granjas de cerdos, una de las principales fuentes económicas del municipio. Unos 30 granjeros han superado la barrera de policías municipales montada ante el Centro de Desarrollo Local de la loc...

Un grupo de ganaderos ha asaltado este lunes el Ayuntamiento de Lorca (96.000 habitantes, Murcia) y ha impedido la celebración del pleno municipal, en el que estaba previsto que se aprobara una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para alejar del casco urbano las nuevas granjas de cerdos, una de las principales fuentes económicas del municipio. Unos 30 granjeros han superado la barrera de policías municipales montada ante el Centro de Desarrollo Local de la localidad murciana y han irrumpido violentamente en las instalaciones. El alcalde de la ciudad, Diego José Mateos (PSOE), ha calificado los hechos de “atentado contra la democracia que recuerda al asalto al Capitolio [de Estados Unidos] de enero”. El desalojo de los exaltados se ha producido unas tres horas después de que entraran por la fuerza. El portavoz adjunto de Vox en Andalucía y secretario general de Solidaridad, el sindicato asociado al partido, Rodrigo Alonso ha justificado este viernes la actuación violenta de los asaltantes: “se ven en la ruina y reaccionan”, ha escrito en la red social Twitter.

Los hechos han ocurrido cuando un pequeño grupo de ganaderos se ha desgajado de una manifestación convocada por la Asociación de Defensa Sanitaria del Ganado Porcino de Lorca (Adespolorca), que agrupa unos 800 ganaderos. Su portavoz, Francisco Román, ha explicado esta tarde en conversación telefónica con EL PAÍS que la protesta se organizó ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el alcalde, el socialista Diego José Mateos, para retrasar el debate de la polémica moción.

Esta moción parte de un acuerdo suscrito en junio de 2020 por todos los grupos municipales y por los propios ganaderos para tratar de ordenar ese sector. En la localidad, de unos 96.000 habitantes, hay en torno a 1,5 millones de cabezas de porcino repartidas en unas 1.500 granjas, de las que entre 600 y 700 tienen más de 2.000 cabezas cada una. El portavoz de los ganaderos ha desvinculado a la organización del grupúsculo que ha perpetrado el asalto.

La nueva regulación, que no afecta a las granjas que ya están en funcionamiento, impide que se construyan nuevas instalaciones de porcino o que se amplíen las existentes a menos de 1.500 metros de los núcleos de población, centros educativos y centros sanitarios de la localidad, ni a menos de 500 metros de manantiales o fuentes naturales o 100 metros de ramblas y cauces.

Para que la norma entre en vigor es necesario modificar el plan urbanístico de la ciudad, lo que requiere del consentimiento de diversos organismos estatales y autonómicos, como la Confederación Hidrográfica del Segura, la Mancomunidad de Canales del Taibilla o las direcciones generales de Ordenación del Territorio, de Ganadería, de Medio Ambiente, entre otras.

Todos los organismos, según ha explicado el alcalde en rueda de prensa, han dado el visto bueno a la modificación del plan urbanístico, pero han planteado, eso sí, “recomendaciones”, aunque tomando como base la legislación vigente que deben cumplir estas granjas. Se trata de especificaciones técnicas, unas 70, con las que deberán cumplir las nuevas granjas, además de los requisitos de distancia que se abordan en la moción.

Para Francisco Román, con esos nuevos requisitos no será posible poner en marcha nuevas explotaciones ni tampoco mantener las actuales, puesto que serán “imposibles de cumplir”. Aunque reconoce que se trata de leyes que superan el ámbito municipal, considera que el Ayuntamiento tiene todavía margen para “flexibilizar” y “minimizar” su aplicación. Exige, además, que se acredite “jurídicamente” que la normativa no afectará a las explotaciones ya constituidas.

Diversas fuentes apuntan, no obstante, a que el enfado de los ganaderos lorquinos ha venido motivado por una intensa “campaña de manipulación” a lo largo de todo el fin de semana propiciada por los concejales de PP y Vox, partidos que están en la oposición, y que han hecho un “auténtico lavado de cerebro” a los ganaderos mezclando esta normativa municipal con las declaraciones del ministro Alberto Garzón sobre de la ganadería intensiva o la campaña a nivel estatal contra las macrogranjas. Román reconoce haber tenido encuentros con representantes de ambos partidos ante la ausencia de contactos, apunta, con el alcalde.

Podemos e IU les culpan directamente de provocar al sector. “Hoy el campo ha estallado en contra del sanchismo”, decía a los medios de comunicación el portavoz del PP local, Fulgencio Gil, que ha participado en la protesta y que insistía en que no se puede estar jugando con la desesperación y el pan de miles de personas” ni “gobernar permanentemente a espaldas de la gente”.

La portavoz local de Vox, Carmen Menduiña, aseguraba que la nueva normativa local sobre las granjas “significará la desaparición del sector productivo” porque las restricciones que se van a imponer “son demoledoras y constituyen un ataque sin precedentes al sector ganadero”.

El portavoz de los ganaderos ha mostrado su rechazo a la forma violenta en que ha terminado la manifestación, que arrancaba en torno a las 8.30 en la arteria principal de la ciudad, la avenida Juan Carlos I, que ha sido colapsada con tractores. Desde allí unos 500 manifestantes se han desplazado al Centro de Desarrollo Local, donde se celebran los plenos. Fuentes municipales indican que se había previsto un dispositivo de la Policía Local para controlar el orden y que se vio completamente sobrepasado por la violencia de los manifestantes, que apartaron a empujones a los agentes y entraron en el edificio en masa. Una vez dentro, aseguran desde el consistorio, era imposible garantizar la seguridad tanto de los concejales y periodistas que seguían el pleno, como de otros usuarios del centro, en el que se imparten talleres de formación.