Golpe a una trama de pateras de ida y vuelta a Argelia

Una red delictiva utilizó lanchas de gran potencia para trasladar migrantes de manera ilegal desde Argelia hasta las costas de Almería, un recorrido de poco más de 200 kilómetros, de donde pasaban provisionalmente a Alicante hasta poder ser enviados a su destino final, tanto en España como en Francia. Esas mismas embarcaciones eran utilizadas a la vuelta para transportar fugitivos de la justicia que deseaban escapar de Europa y para introducir drogas y objetos robados en el país norteafricano. Una operación de la Policía Nacional desmanteló este entramado tras detener el pasado 14 de diciembre...

Una red delictiva utilizó lanchas de gran potencia para trasladar migrantes de manera ilegal desde Argelia hasta las costas de Almería, un recorrido de poco más de 200 kilómetros, de donde pasaban provisionalmente a Alicante hasta poder ser enviados a su destino final, tanto en España como en Francia. Esas mismas embarcaciones eran utilizadas a la vuelta para transportar fugitivos de la justicia que deseaban escapar de Europa y para introducir drogas y objetos robados en el país norteafricano. Una operación de la Policía Nacional desmanteló este entramado tras detener el pasado 14 de diciembre a 24 personas, la mayoría en Alicante, pero también en Almería y Jaén, acusados de los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y receptación, según se ha hecho público este lunes.

La organización se servía de lanchas neumáticas con motores de gran potencia que compraban en Europa y trasladaban a Argelia, donde este tipo de embarcaciones están prohibidas por ley, explica a EL PAÍS el inspector Páez, jefe de grupo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que ha liderado la operación junto a la Europol. En la costa argelina cargaban a los migrantes y, en ocasiones, “cajetillas de tabaco de contrabando” con dirección al litoral del Cabo de Gata, “15 kilómetros de costa rocosa y llena de cuevas imposible de controlar” que los miembros de la trama criminal “conocían a la perfección, pese a vivir en Alicante”. Su forma de operar era con envíos masivos, señala el inspector. “Solían enviar muchas pateras a la vez, a veces hasta diez embarcaciones, para que, si se interceptaba alguna, las demás pudieran llegar a España sin problemas”.

Al llegar a Almería, desembarcaban a las personas y fardos y las ocultaban momentáneamente en las grutas de la zona, donde también se almacenaban drogas, sustancias estupefacientes, ansiolíticos o psicofármacos y una variedad de material robado, desde joyas a móviles de alta gama o patinetes, con las que cargaban las pateras para su vuelta al país magrebí. “La red tenía un grupo específico de personas dedicado a robar todo tipo de objetos en las playas y en el centro de Alicante”, que primero se guardaban “en establecimientos [regidos por] argelinos de la ciudad, como locutorios o carnicerías”, hasta su traslado definitivo a Almería.

Ocasionalmente, también esperaban en esas mismas cuevas pilotos de las embarcaciones que habían sufrido algún tipo de percance en sus travesías marítimas. Pero otras veces, el pasaje estaba formado por “prófugos de la justicia que venían desde España, Francia o Italia” y deseaban volver a su país “evitando los controles portuarios o aeroportuarios”, indica Páez. “Se trata de delincuentes que habían cometido todo tipo de delitos en Europa, desde robos con fuerza hasta homicidios, incluso”, explica el jefe de grupo, “y que no querían que los detuviesen en Europa”. Una vez con todo a bordo, las lanchas regresaban al litoral argelino.

Los migrantes que habían cruzado de ida el Mar de Alborán, mientras tanto, eran enviados a pisos preparados específicamente para albergarlos en Alicante. Se trataba de alojamientos precarios que los cabecillas de la trama “tomaban como okupas”. Estas viviendas se explotaban “todo el tiempo posible, hasta que surgían problemas judiciales con los propietarios y entonces los abandonaban y cambiaban por otros”. Todos estaban situados en la zona norte de Alicante, un grupo de barrios marginales con abundantes problemas de delincuencia y cuyos habitantes subsisten con los mínimos recursos económicos.

Allí, los migrantes recibían dinero por medio del sistema hawala, consistente en transferencias económicas realizadas en origen y destino por medio de intermediarios y basado en la confianza entre partes. “Las transacciones se hacían por parte de alguna persona o hawaler de Orán, a quien familiares o conocidos del migrante daban 10.000 dinares que se transformaban en 1.000 euros que concedía otro hawaler afincado en España”, explica Páez, “de mano en mano, sin constancia ni registro del movimiento de dinero”. En otros casos, los migrantes no pagaban en origen, sino que percibían las cantidades necesarias para hacer frente a su deuda con la red criminal y afrontar sus gastos de manutención o de tarjetas telefónicas hasta que pudieran devolver el dinero. Según la investigación, el coste del viaje entre Argelia y Almería era de 5.000 euros, llegar hasta Alicante costaba entre 200 y 600 más. Y, finalmente, el traslado a Francia estaba valorado entre 700 y 1.000 euros.

La investigación, desarrollada por más de un centenar de agentes durante seis o siete meses, y derivada de otra operación que desmanteló una trama similar que operaba en Almería, Murcia y Alicante, estableció que todo este entramado unía dos organizaciones perfectamente coordinadas y divididas en cuatro subgrupos. El primero era el de los cabecillas, que organizaban, coordinaban y repartían las tareas a sus subalternos. El segundo recogía a los migrantes en Almería, los trasladaba a Alicante y, de allí, al destino final elegido. Otra parte de la trama se encargaba de controlar los pisos de seguridad y facilitar todo lo necesario, como comida, drogas o teléfonos móviles, a los clientes. Finalmente, los agentes de la UCRIF detectaron al grupo de cambistas, los hawalers, “una parte fundamental en la trama”, a juicio de Páez, ya que “atacar los sistemas de financiación de estas redes es de gran ayuda en la lucha contra la inmigración ilegal”.

La Policía Nacional ha logrado responsabilizar a los 24 detenidos del tráfico, al menos, de más de 250 víctimas en 54 episodios migratorios acontecidos en los últimos meses. Tras su arresto, realizado el pasado 14 de diciembre, los agentes realizaron nueve registros y cuatro inspecciones en establecimientos comerciales de Alicante. En total, se intervinieron más de 40.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, tres kilos y medio de éxtasis de la sustancia llamada cocaína rosa, un millar de pastillas de ansiolíticos y psicofármacos, 56 gramos de fenciclidina o polvo de ángel y 710 cajetillas de tabaco de contrabando. También localizaron numerosos efectos sustraídos, como 61 terminales móviles, tres bicicletas de competición, patinetes eléctricos, varios dispositivos electrónicos, diversos documentos de identidad de terceras personas, tarjetas bancarias y numerosa documentación vinculada con la investigación, según detallan fuentes policiales.