Reforma laboral frente a política

El Gobierno, los sindicatos y la CEOE chocan con la política. Su trabajado acuerdo para cambiar aspectos sustanciales de la reforma laboral de 2012, según criterio de un buen número de economistas y analistas de esa especialidad, se enfrenta al muro de los partidos y sus grupos parlamentarios. El 31 de enero, el Congreso tiene que convalidar obligatoriamente el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, ...

El Gobierno, los sindicatos y la CEOE chocan con la política. Su trabajado acuerdo para cambiar aspectos sustanciales de la reforma laboral de 2012, según criterio de un buen número de economistas y analistas de esa especialidad, se enfrenta al muro de los partidos y sus grupos parlamentarios. El 31 de enero, el Congreso tiene que convalidar obligatoriamente el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que se publicó el 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado. Firmado por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los decretos tienen que ser convalidados un mes después de su publicación oficial. Si no es así, decaen. El Gobierno no está dispuesto a que eso ocurra, por lo que sus esfuerzos para convencer al PNV, ERC, Bildu y al resto de partidos que apoyan al gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) de que los logros y mejoras son reales han empezado y se intensificarán desde este lunes mismo. El Ejecutivo está convencido de que a los partidos les mueve más el cálculo político que el rechazo a la literalidad de lo pactado con los agentes sociales. Todos enfrentados con todos, entre los bloques y dentro de los bloques, a excepción del PSOE y Unidas Podemos, que, esta vez sí, van de la mano.

La alegría de patronal, sindicatos y Gobierno se truncó muy pronto. Los compañeros de viaje del ejecutivo en esta legislatura, ERC, Bildu, PNV, Más País y Compromís, están en el rechazo a la convalidación. El BNG anunció un no inmediato y rotundo. Sus objeciones son por la izquierda al encontrar que la reforma no elimina la rudeza que supuso para los trabajadores los cambios en las leyes laborales del gobierno de Mariano Rajoy. No es el caso del PNV, que pone el énfasis en la preeminencia de los convenios autonómicos sobre los de sector. En ese terreno hay margen para el diálogo, según fuentes gubernamentales. Los reproches de que es una reforma blanda desesperan al Gobierno y a los sindicatos. En ambos ámbitos se reitera hasta la saciedad, y lo que les queda, que cuando eche a andar se apreciarán las enormes diferencias. La duración de los contratos, al extinguirse los de días y semanas, dará lugar a más contratos indefinidos, lo que llevará consigo en la práctica mayores indemnizaciones. Se pasará de una compensación de 12 días por año trabajado a 20, o a 33 si son nulos.

El largo texto aprobado ha propiciado un torrente de escritos explicativos para la discusión. Pero no es solo el fondo de la reforma lo que dificulta el acuerdo en el Congreso. Quienes se oponen, con diferentes argumentos, sostienen la queja en declaraciones políticas y en rivalidades dentro y fuera del Parlamento. Los sindicatos nacionalistas del País Vasco no pueden aceptar una reforma de la que el PP dice que casi es la suya, teoría que también sostiene Bildu. ERC asegura que con ellos no han hablado, algo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desmiente.

En la derecha ahora están en el no, pero no fue así en las primeras horas. Ha habido dudas entre el no y la abstención, y algunos de sus dirigentes han defendido esta última: porque la ha firmado la patronal y, además, no es demasiado lesiva para los intereses de los empresarios. Se mejora la temporalidad, se prorrogan los convenios que caduquen, se da voz a los sindicatos en asuntos que la habían perdido, pero no se cambia el poder de organización de las empresas en ajustes y salarios. Pese a que la reforma cuenta con el visto bueno empresarial, parece que el último relato va a ser que no pueden apoyar un texto que cambia, poco o mucho, lo que el PP aprobó.

La derecha dice que no; y la izquierda nacionalista, que la reforma es muy laxa. “El cortoplacismo guía a los partidos, con poca altura de miras, y sin tener en cuenta los beneficios para los trabajadores de esta reforma”. Esta frase de un interlocutor gubernamental, más de lamento que de enojo, incluye al PP. Sí hay disposición en Ciudadanos para negociar, según avanza su presidenta, Inés Arrimadas. Veremos hasta dónde puede llegar, pero un sí del partido liberal, si fuera acompañado por una abstención del PP, pondría en aprietos a la izquierda, porque saltarían sus contradicciones. Aun así, el contexto político español no está, en absoluto para que derecha e izquierda se avengan a facilitar un acuerdo que han logrado los agentes sociales, señalan con pesar interlocutores de la patronal. Pero aún hay veintiocho días por delante para alcanzar la meta.

Este logro irá junto a la búsqueda de la subida del salario mínimo interprofesional a mil euros. La economía marcará el 2022. El Gobierno, y los partidos lo tienen muy presente, dado el pálpito que transmite la sociedad. España vive lo que el sociólogo y politólogo José Pablo Ferrándiz describe como “malestar moderado”. La sociedad de 2022 no está en la fase de agudo enfado que empezó con la recesión económica de 2007 y 2008, cuando el pesimismo llevó a los ciudadanos a tener una percepción muy negativa de la economía, tanto individual como colectivamente. Ese malestar se extendió contra las instituciones porque nadie daba soluciones a los hondos problemas. Nadie se salvaba, recuerda este investigador de Elemental Research. La insatisfacción con las instituciones ha durado años, incluso cuando se produjo la mejora de la economía. En 2020 el optimismo y la cierta alegría económica se quebraron. Ahora, con ese “malestar moderado”, los partidos se la juegan por la economía y por la política. La mejora de la primera no lleva necesariamente a una buena percepción de la segunda. Este análisis de Ferrándiz coincide con la actuación y actitud de los partidos de la oposición. Ante posibles acuerdos solo ven riesgos electorales.

El Gobierno no quiere imaginar que la reforma laboral conseguida con los agentes sociales no tenga más votos a favor que en contra. Sindicatos y empresarios tienen un reconocimiento especial en la arquitectura institucional española, que les llega directamente de la Constitución, en su artículo 7. Muy relevantes, pero no más que el Parlamento. La reforma de la reforma necesita a todos.