Muere Juan Ignacio Campos, el fiscal del Supremo que investigaba al rey emérito

El ‘número dos’ de la Fiscalía General de Estado ha fallecido este miércoles en Madrid

Juan Ignacio Campos, teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El número dos de la Fiscalía General del Estado, el fiscal Juan Ignacio Campos (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 71 años), ha fallecido este miércoles en Madrid, según han confirmado fuentes fiscales. Además de teniente fiscal del Tribunal Supremo, Campos era desde junio de 2020 el encargado de dirigir las diligencias abiertas por el Ministerio Público ...

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El número dos de la Fiscalía General del Estado, el fiscal Juan Ignacio Campos (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 71 años), ha fallecido este miércoles en Madrid, según han confirmado fuentes fiscales. Además de teniente fiscal del Tribunal Supremo, Campos era desde junio de 2020 el encargado de dirigir las diligencias abiertas por el Ministerio Público contra Juan Carlos I, una investigación que estaba prácticamente concluida, a la espera de analizar unos datos solicitados a Suiza relativos a unos apuntes contables de los años 2014 y 2015. Campos llevaba un tiempo enfermo, pero seguía trabajando. El fiscal, según ha confirmado este periódico, ha ido este miércoles a trabajar y, ya de vuelta en su casa, se ha encontrado mal a primera hora de esta tarde y ha fallecido.

El fiscal Campos, de perfil progresista, llevaba más de 40 años en la carrera fiscal, pero su nombre saltó a los medios en junio de 2020, cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, le encargó ponerse al frente de la investigación al rey emérito. Entonces Campos era el jefe de la especialidad de delitos económicos de la Fiscalía. Delgado justificó la elección de Campos para esa investigación en la “transcendencia institucional” del caso. “Se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal reúne una extraordinaria cualificación y experiencia”, explicó la fiscal general. Fuentes fiscales reconocieron entonces que la personalidad discreta y alejada del perfil de fiscal estrella fueron también determinantes para dejar en manos de Campos una de las investigaciones más delicadas a las que se ha enfrentado el Ministerio Público.

Tras conocer su fallecimiento, la Fiscalía General ha emitido una nota en la que lamenta la “gran pérdida para la carrera fiscal” que supone la muerte de Campos, un “ejemplo de profesionalidad, discreción, lealtad y honestidad”. “Uno de los mejores penalistas de este país. De talante conciliador y compromiso con el servicio público, Juan Ignacio deja un vacío irremplazable en la Fiscalía española y un legado imborrable para todos las/os fiscales”, añade la Fiscalía.

Fiscal desde el año 1978 y fiscal de sala del Tribunal Supremo desde 2005, Campos ocupaba el número uno de la carrera desde el pasado mes de enero, cuando fue nombrado teniente fiscal del Supremo. Su primer destino fue la entonces Audiencia Territorial de Barcelona. En 1982 pasó a formar parte de la Fiscalía de Madrid, de la que en 1990 fue nombrado teniente fiscal. Desde 1994 era miembro de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, donde se elaboran o supervisan los dictámenes más importantes, y en el año 1996 se integró en la Fiscalía del Tribunal Supremo, cuya área de delitos económicos coordinó durante una década. En ese cargo dirigió la actuación del ministerio público en causas de relevancia como Malaya (la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella) o Terra Mítica (las irregularidades en el parque temático de Benidorm). También uno de los más recientes, el recurso contra la primera sentencia de la trama Gürtel, en el que la Fiscalía ha apoyado mantener la condena al PP.

Campos siempre intentó mantenerse en un segundo plano y su nombre solo adquirió cierta relevancia pública a raíz de las diligencias abiertas a Juan Carlos I. Pero incluso al frente de este caso se ha afanado por alejarse del ruido mediático que arrastraba esa investigación, que él, según contaba a su entorno, abordó como “una más”. Sabía que era un caso importante, pero como la mayoría de asuntos que llegan al Tribunal Supremo, aseguraba cuando se le preguntaba por la responsabilidad que suponía dirigir las pesquisas contra el anterior jefe de Estado.

En la investigación al rey emérito Campos ha dirigido un equipo formado por otros tres fiscales del alto tribunal expertos en estos delitos (Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig) y miembros de la Fiscalía Anticorrupción, encabezados por su jefe, Alejandro Luzón. El equipo ha contado además con el apoyo de la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, cuya labor ha sido determinante para recabar documentación de otros países.

La muerte del fiscal Campos se produce cuando la investigación al rey emérito está prácticamente concluida y el teniente fiscal del Supremo ya tenía decidido desde hace semanas cerrar el caso. La intención inicial era decretar el archivo antes de este viernes 17 de diciembre, cuando concluía el plazo tope de investigación de una de las tres diligencias abiertas, las relativas a dinero oculto en un trust financiero domiciliado en el paraíso fiscal de Jersey supuestamente vinculado al rey emérito. Pero el retraso en el envío de una documentación solicitada a Suiza llevó a Campos a pedir hace unas semanas una nueva prórroga en la investigación, que le fue concedida por la fiscal general. Tras esa ampliación, los fiscales tenían otros seis meses para presentar sus conclusiones, aunque la intención de Campos era no apurar ese plazo y, salvo que se encuentre alguna nueva información, cerrar las diligencias. Las otras dos líneas de investigación (el supuesto cobro de comisiones ilegales por la intermediación en el contrato de las obras del AVE a La Meca y el uso por parte de Juan Carlos I de fondos de un empresario mexicano) están ya exprimidas. Los investigadores han concluido que la imposibilidad de perseguir presuntos delitos cometidos por el rey emérito antes de su abdicación, en 2014, las dos regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas impiden pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra el anterior jefe de Estado.


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