Cuando un pueblo pide el divorcio

Más de 120 municipios se han independizado de otro desde 1977, al contrario de la fusión que gestan las localidades extremeñas de Don Benito y Villanueva de la Serena

Ginés Páez en el museo de la mina de la entidad local menor de Tharsis, Huelva.PACO PUENTES (EL PAIS)
Alosno (Huelva) / Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres) -

Ginés Páez trabajó 49 de sus 76 años en la explotación de pirita de la localidad onubense de Tharsis. Lo que queda de la mina, hoy en desuso, ocupa las estancias de un museo que refleja la historia de su pueblo. “En esos vagones mandábamos los minerales hasta Huelva”, cuenta mientras señala tres locomotoras antiguas. “Pero había uno o dos días en semana que también llevaban pasajeros”. Tharsis nació gracias a la mina en los años cuarenta, cuando decenas de trabajadores se instalaron allí atra...

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Ginés Páez trabajó 49 de sus 76 años en la explotación de pirita de la localidad onubense de Tharsis. Lo que queda de la mina, hoy en desuso, ocupa las estancias de un museo que refleja la historia de su pueblo. “En esos vagones mandábamos los minerales hasta Huelva”, cuenta mientras señala tres locomotoras antiguas. “Pero había uno o dos días en semana que también llevaban pasajeros”. Tharsis nació gracias a la mina en los años cuarenta, cuando decenas de trabajadores se instalaron allí atraídos por el empleo que generó el yacimiento. El pueblo y las familias crecieron. Y hasta donde le alcanza la memoria, Páez siempre ha reclamado “la independencia” de su pueblo.

Las casas que se levantaron entonces ocupaban el término municipal de Alosno, cuyo núcleo de población dista unos ocho kilómetros de Tharsis. Como al principio era muy pequeño, Tharsis dependía administrativamente de Alosno, el Ayuntamiento matriz. Primero, como pedanía, y después, como entidad local menor (pequeños pueblos que no llegan a ser municipios, pero que ya tienen un grado muy alto de autonomía). Desde que empezó a crecer, Páez y otros vecinos lucharon porque Tharsis fuera independiente de Alosno. La ley prevé casos como este bajo la fórmula de “segregación de municipios”. Según datos recopilados por EL PAÍS, más de 120 pueblos se han segregado de otro municipio matriz en España desde 1977.

El empeño de los vecinos de Tharsis pasó de generación en generación. Los tharsileños reivindican una “identidad propia” y quieren tener un control total sobre el Presupuesto para decidir dónde va el dinero. “En España este fenómeno es algo muy cultural. Se piensa que el Ayuntamiento matriz no les cuida porque está lejos”, explica Federico Castillo, catedrático de Derecho Público en la Universidad de Granada. El hijo de Páez, José Tomás, de 41 años, es teniente de alcalde de Alosno (PSOE) y heredó la lucha de su padre: “[Tharsis] es como un bebé que ha ido cumpliendo años. Y conforme los cumple, va adquiriendo competencias y servicios que necesitan de partidas económicas”. José Tomás y Lorenzo Gómez, de 53 años y presidente de Tharsis (figura parecida a la de un alcalde para las entidades locales menores), estuvieron a punto de lograr la independencia. Tras años de intentos en los que concejales de Tharsis llegaron a encerrarse en el Ayuntamiento de Alosno, el Consistorio —también del PSOE— aprobó definitivamente en 2015 la segregación.

Vista aérea de la antigua mina y de Tharsis.PACO PUENTES (EL PAIS)

La figura de la segregación requiere ser ratificada por el Gobierno autonómico correspondiente. En 2018, la Junta de Andalucía dio el visto bueno a Tharsis, de 1.750 habitantes. “El día de la independencia fue un día histórico. La plaza del pueblo fue una fiesta”, recuerda Gómez. El alcalde que lideraba la Corporación que aprobó la segregación, Juan Capela, fue incluso manteado en Tharsis. Pero, en Alosno, la fiesta fue bien distinta. Decenas de vecinos no estaban conformes con el acuerdo de separación porque la mina quedó en el territorio demarcado para Tharsis y porque consideraban “injusto” el reparto de la deuda. Según ellos, Tharsis se quedaba menos deuda de la que le correspondía y, Alosno, más. Capela cuenta que llegó a sufrir un “escrache” en la puerta de su casa por las protestas. “Lo hice porque consideraba que era lo justo”, afirma.

Desde 2013, los pueblos han de albergar al menos a 5.000 habitantes para poder independizarse. Y reunir otras condiciones, como un alto grado de autosuficiencia. Ese año, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que restringía precisamente los requisitos para pedir la segregación de municipios y fomentaba, por el contrario, la fusión de localidades, como el reciente caso que han iniciado Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz. “En general, la segregación está mal vista porque España tiene un mapa muy fragmentado municipalmente en comparación con otros países debido a sus raíces históricas”, añade el catedrático Federico Castillo.

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Juan Salguero tiene 41 años y es uno de los vecinos que no está conforme con el acuerdo de separación de Tharsis. Aficionado al cante del fandango —palo flamenco típico de Alosno—, lleva una pulsera del equipo de fútbol de su pueblo. “Cuando se enfrentan Tharsis y Alosno es peor que un Madrid-Barça”, bromea. Él preside una asociación que recurrió la segregación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En 2019, el tribunal resolvió a su favor y anuló la segregación porque, entre otras cosas, Tharsis “no tiene 5.000 habitantes”. La independencia solo duró unos meses.

Tharsis recurrió al Tribunal Supremo la decisión del TSJA porque entienden que el procedimiento para pedir la segregación empezó antes de la ley de Rajoy y el requisito de los 5.000 habitantes no se les puede aplicar (el primer pleno que aprobó la segregación fue en 2010). Y están a la espera de respuesta. El Tribunal Supremo anuló en 2020 la independencia de Ezkio-Itsaso (Guipúzcoa), que la había conseguido en 2015, por tener solo 150 residentes —en el caso del País Vasco son las diputaciones forales las que conceden la autorización—. Y en 2017, el Tribunal Constitucional también invalidó la de Medinyà (Girona), por el mismo motivo. Aunque en esos casos el Estado fue la parte denunciante.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España tiene 8.131 municipios. Y más del 85% no llega a los 5.000 habitantes. En esa lista sí está Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres), de 782 habitantes, que se separó de Talayuela, de 7.395. Y fue uno de los últimos en sortear la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración. La Junta de Extremadura aprobó en 2013 la segregación, que se formalizó en las elecciones municipales de 2015. Unos comicios en los que repitió como concejal Miguel Ángel Sánchez, de 56 años, uno de los impulsores de la segregación. Sánchez, ahora de Ciudadanos, cambió hasta seis veces de partido en 24 años. Su programa electoral siempre ha contado con la independencia. “Si había que poner una piscina o una casa de la cultura, primero la ponían allí”, se queja Sánchez. “Allí” era el Ayuntamiento matriz, Talayuela, a unos 25 kilómetros.

Julio Muñoz y Miguel Ángel Sánchez, delante de la placa del Ayuntamiento en Pueblonuevo de Miramontes, en Cáceres. Andrea Comas

Entre las comunidades autónomas donde ha habido más segregaciones desde 1977 se encuentran Andalucía, Castilla-León y País Vasco. Algunos de los casos más recientes son los del municipio de Fornes (Granada), que se separó de Arenas del Rey, o el de La Guijarrosa (Cádiz), de Santaella, ambos en 2018. Cuando los municipios se segregan, ya pueden tener alcalde y concejales propios y plena autonomía. Además, toman el control total sobre la recaudación de los impuestos; aprueban sus presupuestos y asumen todas las competencias en materia urbanística, entre otras funciones. Eso ocurre hoy en Miramontes, donde Julio Muñoz, su regidor (PP), de 46 años, destaca además que ahora pueden unirse a otras entidades superiores, como las mancomunidades, que dan más “prestaciones y servicios”, y en las que representan sus “propios intereses”. “Ahora podemos tener protección a las víctimas de violencia de género, que antes no teníamos, o recibir fondos europeos directamente”.

Miramontes comparte con Tharsis una existencia relativamente corta. En su caso, las viviendas se levantaron a raíz de la construcción de la presa de Tiétar en los años cincuenta, habitadas por colonos que venían de otros pueblos de la zona. Primero en barracones y, más tarde, en casas con una parcela y aperos de labranza para empezar una nueva vida. Hoy se dedican principalmente a la agricultura de regadío y al cultivo de tabaco. Entre aquellos primeros pobladores estaba María Ángeles Zamora, ahora de 72 años. “Yo quiero a mi pueblo a rabiar. Y he querido la independencia desde siempre”, dice delante de su vivienda. Como Tharsis, y otros pueblos de nueva creación, Miramontes tiene calles que forman una cuadrícula con amplios espacios entre ellas y casas bajas. Ambos tienen colegio hasta segundo de ESO, un par de bares y un centro médico, entre otras instalaciones.

María de los Ángeles Zamora, delante de su casa, en Pueblonuevo de Miramontes, Cáceres. ANDREA COMASAndrea Comas

En la fachada del Ayuntamiento de Miramontes, una placa recuerda la fecha de la segregación: el 3 de diciembre. Como cada año desde que la consiguieron, el próximo viernes celebrarán la “fiesta del día de la independencia”. Allí estará María Ángeles Zamora y bailará las típicas jotas del pueblo. Están satisfechos con el cambio y no quieren volver atrás. Pero también ha habido dificultades, como afirma el alcalde: “Estamos empezando como municipio y todos los comienzos son malos. Hoy podemos tomar nuestras decisiones y eso tiene un valor. Como cuando te independizas de joven y empiezas a vivir tu vida, tienes un camino largo. La autogestión no sale barata, pero tenemos la vista puesta a largo plazo”.


Cinco décadas de localidades independientes

Otras independencias más antiguas son las de Deltebre (Tarragona), que se desligó de Tortosa en 1977; Pilar de la Horadada (Alicante), que se segregó de Orihuela, en 1986; Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), de Frontera, en 2007 o Guadiana (Badajoz), de Badajoz, en 2012, según los datos facilitados por los Gobiernos autonómicos.


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