Netflix y el resto de plataformas deberán asumir el coste de la cuota lingüística pactada entre el Gobierno y ERC

Las plataformas de series y cine como Netlix, HBO o Amazon tendrán que asumir en solitario los costes de la cuota del 6% en lenguas cooficiales, además del castellano, de sus emisiones que ha acordado Esquerra Republicana de Catalunya con el Gobierno en el anteproyecto de la Ley Audiovisual a cambio de dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. La cuota del 6% (algo por debajo del 7% que reclamaban inicialmente los republicanos) se explica de l...

Las plataformas de series y cine como Netlix, HBO o Amazon tendrán que asumir en solitario los costes de la cuota del 6% en lenguas cooficiales, además del castellano, de sus emisiones que ha acordado Esquerra Republicana de Catalunya con el Gobierno en el anteproyecto de la Ley Audiovisual a cambio de dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. La cuota del 6% (algo por debajo del 7% que reclamaban inicialmente los republicanos) se explica de la siguiente forma, según explicaron ayer fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, del que depende la medida: con la nueva ley audiovisual el 30% de las producciones que emitan las plataformas deben ser europeas; de ese 30%, la mitad (el 15%) tiene que ser producción en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español y, a su vez, de ese 15%, el 40% tiene que ser en lenguas cooficiales distintas del castellano, lo que equivale al 6% del total.

El Gobierno solo concretó ayer que el 6% del contenido ofertado en las plataformas audiovisuales, independientemente de su procedencia, deberá ser en catalán, vasco o gallego. Fuera de esta ecuación, sobre el resto de cuestiones que plantea la cuota lingüística —inédita hasta hora en la producción audiovisual en España— el Gobierno apenas ha despejado ninguna duda. El Gobierno no ha aclarado si esa cuota será distribuida equitativamente entre las tres lenguas cooficiales distintas del castellano ni cómo se computará para fijar los porcentajes, pero sí ha avanzado que habrá sanciones para las plataformas que incumplan la cuota pactada. En esa cuota no entrarán las series y producciones que sean servidas con subtítulos, sino que deberán ser dobladas a las lenguas cooficiales.

Sobre la entrada en vigor de esta obligación, el Gobierno pretende probar el anteproyecto de la Ley Audiovisual en el Consejo de Ministros antes de que acabe el año y que la nueva norma entre en vigor en 2022. El Gobierno no ha concretado cuándo se actualizarán los catálogos de las plataformas —presumiblemente en 2023— ni si Movistar + (con producción propia) o Vodafone y Orange (con servicio de televisión de pago pero sin producciones) deberán cumplir también con la exigencia lingüística. Las denominadas televisions lineales, como Antena 3 o Telecinco, no estarán obligadas a cumplir con la cuota lingüística y habrá un impuesto del 5% para la producción audiovisual, del cual se invertirá un 10% en este tipo de grabaciones, según explicó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuando dio a conocer el pacto este martes.

Silencio de las plataformas

Desde la parte de las plataformas afectadas por la ley ha habido pocas reacciones más allá del silencio. Consultadas por este periódico, ni Netflix ,ni HBO, Max, ni Amazon Prime Video, ni Disney+ han querido hacer declaraciones sobre el acuerdo. Un representante de Netflix ha remitido a la Asociación Española de Video On Demand, desde donde se ha insistido en la misma idea: no hablarán hasta que no conozcan el contenido concreto de la ley. Entre las españolas, Movistar + la plataforma con más contenido doblado y subtitulado en lenguas cooficiales, ha preferido también guardar silencio a la espera de detalles. Por su parte, José Antonio de Luna, director de negocio de Filmin, asegura: “No podemos manifestarnos en un sentido u otro hasta conocer los términos exactos del acuerdo o la redacción de la ley. En todo caso cabe recordar que en Filmin más del 25% del catálogo está disponible en alguna de las lenguas cooficiales del Estado”.

Fuentes del Consejo Audiovisual de Cataluña, que se ocupa de la regulación y protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital, prefieren no hacer declaraciones sobre el acuerdo alcanzado hasta que no conozcan el texto definitivo de la Ley. Sin embargo, sí han mostrado su preocupación por el tema que les compete directamente: “Nos preocupa no haber visto ninguna información en referencia a las competencias del CAC, ni de los otros reguladores autonómicos [el andaluz y el valenciano]”, han comentado desde el CAC.

Hay que recordar que la nueva Ley Audiovisual también obliga a Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+ o YouTube a partir de 2022 al pago de la tasa de RTVE, de forma que a partir de ahora estas multinacionales deberán abonar el 1,5% de sus ingresos anuales en España para ayudar a financiar la televisión pública.

Los principales productores independientes catalanes se mantienen a la expectativa ante el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ERC. Jordi Oliva, presidente de Proa, la asociación de productores independientes de Cataluña, se ha mostrado prudente a la hora de valorar o no el anuncio: “Hay que ver cómo se traslada al texto definitivo”, ha explicado a este diario.“Defendemos que la ley blinde que la obligatoriedad de inversión recaiga en los productores independientes de manera que estos puedan decidir en qué idioma hacen una película”. El presidente de Proa ya había advertido de que “si el debate se deriva exclusivamente a la cuestión de la lengua, los productores independientes perdemos”.

Oliva asegura que quien puede producir en las lenguas cooficiales son las productoras independientes: “Las empresas más grandes tienen que rendir cuentas ante unos consejos de administración que están fuera de España y a los que una producción en una lengua minoritaria, como puede ser el catalán, puede no serles tan rentable económicamente como lo sería en otra lengua, por mucho que tenga un gran valor cultural”. Este es uno de los preceptos que persigue la Unión Europea: defender la diversidad cultural de cada país. “El productor independiente se cree su obra, y se la plantea ya en catalán, o en euskera, y creará un producto cultural que hará poso en el imaginario del país”.

Por otro lado, el porcentaje que las plataformas deberán reinvertir en las productoras independientes crea ciertos resquemores. “En función de qué consideran que es una productora independiente, elevaremos nuestras posiciones al Congreso”, dice el presidente de Proa. Oliva considera productores independientes a “todas aquellas empresas que no dependan, directa o indirectamente, de un prestador de servicios, o sea, de una televisión, ya sea nacional o de fuera, y que la mayoría de su capital social esté radicado en este país”. Sostiene que “el dinero que España está obligando a las plataformas a invertir aquí, tiene que revertir en el tejido industrial de este país, y eso no está garantizado en el caso de empresas con mayoría del capital fuera de España”.

El productor Tono Folguera, de Lastor Media, considera “fundamental” que se obligue a las plataformas a destinar un 6% a las lenguas cooficiales “sin que se reduzca solo al doblaje o a la subtitulación:”Para ellas tampoco es un drama”, ha comentado. “y, en cambio, para el audiovisual catalán o vasco o gallego, para la lengua y para la cultura es buenísimo. Ahora estamos haciendo en castellano películas que lo lógico sería que se hicieran en catalán. Imagínate si haces una peli sobre el escándalo del Palau de la Música y ves a los protagonistas hablando en castellano... Eso pasa”, ha comentado.

Xavier Atance, director de la productora Benecé Produccions, de Barcelona, destaca también que la presencia obligatoria de lenguas cooficiales en las plataformas ha de beneficiar a las productoras locales: “La gran discusión para nosotros, los productores de aquí, es sobre el porcentaje de los ingresos de las plataformas que deberán invertir en el país”. El borrador de la norma española obliga a las plataformas a invertir un 5% de sus ingresos generados en España en la producción de filmes y series del país, algo que ya cumplen desde hace años las televisiones privadas. “Creo que los productores deberíamos ser más valientes”, ha dicho Atance. “No nos hemos atrevido a exigir un porcentaje mucho mayor, como en otros países. Francia obliga a destinar el 20% a producción local...”.