Las revueltas no anuncian otro 15-M

España no está ante un nuevo 15-M. Aquella revuelta de 2011, cuyo arranque fue el 15 de mayo, se tildó como una explosión de los indignados, con protestas en todo el país al rebufo de las erosiones de la crisis económica de 2008 y los recortes en las políticas públicas. Los acampados en los centros de las ciudades, singularizándose en la Puerta del Sol, blandieron la bandera del inconformismo ante unas instituc...

España no está ante un nuevo 15-M. Aquella revuelta de 2011, cuyo arranque fue el 15 de mayo, se tildó como una explosión de los indignados, con protestas en todo el país al rebufo de las erosiones de la crisis económica de 2008 y los recortes en las políticas públicas. Los acampados en los centros de las ciudades, singularizándose en la Puerta del Sol, blandieron la bandera del inconformismo ante unas instituciones, unos políticos, a los que gritaron que no les representaban. Se teorizó que España sufría una crisis transversal, del sistema. Ahora no es eso; de momento.

Dirigentes políticos, sociólogos y politólogos, en conversación con EL PAÍS, alejan el contexto del 15-M de hace una década de las circunstancias actuales. Aquella indignación no tiene relación “con las protestas sectorializadas en las que ahora cabe la negociación para que remitan”. Esta es la apreciación del sociólogo e investigador Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz (Teruel), diputado autonómico socialista aragonés y número tres de la ejecutiva de ese partido.

Las protestas en la bahía de Cádiz, en el sector del transporte, en la agricultura y en la ganadería, como las más presentes y urgentes en estos días, distan mucho de tener un hilo conductor que las una. Esta es la razón por la que el Gobierno está convencido de que en la parte que le pueda corresponder, y tenga capacidad de acción, habrá acuerdos porque hay margen para el diálogo y la solución. Mucho menos en los conflictos netamente laborales y, esencialmente, salariales como es el caso del sector del metal.

La lucha de la bahía de Cádiz concierne no solo a los trabajadores locales que exigen una subida salarial acorde con el IPC para no perder poder adquisitivo. Un imposible 5%, según contrapone la patronal. En esta protesta, los trabajadores van a encontrar el aliento de otros sectores profesionales de Cádiz, sensibilizados ante el enorme desempleo de la provincia: Un 23% frente al 15% de la media nacional. Colectivos de profesores y sanitarios del sector público y de pensionistas están y estarán con ellos en la calle.

Aun así, no se dan las circunstancias para una huelga general porque el descontento no es transversal. Esta opinión gubernamental coincide con la de otros analistas y economistas. Con los datos en la mano no asoma una España en quiebra. Todas estas interpretaciones se matizan con un “por ahora”, porque el alcance de la protesta sí llegará a los sectores de trabajadores más organizados en demanda de subidas salariales. De vuelta a Cádiz, los trabajadores piden una subida del 2% para este año mientras que las empresas ofrecen un 0,5%.

En estos casos, si no se disecciona la protesta, el barullo siempre perjudica al Gobierno. Esta es una realidad indubitada sobre la que la oposición conservadora tratará de asentarse. En el campo, con las reivindicaciones de agricultores, y ganadores, pequeños y grandes, se siente cómodo el PP. Los altos costes de producción son una realidad y, antes de la pandemia y los confinamientos, el sector ya preparaba movilizaciones.

El transporte se prepara para que su movilización la sienta toda España con una huelga en la víspera de las Navidades. “¡Hay que salir a la calle a decir que hasta aquí hemos llegado!”, ha clamado el presidente del PP, Pablo Casado. “¡Esto va a ser un infierno si no se escucha a los trabajadores!”, es el aviso del secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

¿Irán juntos? En la necesaria diferenciación de las protestas no será posible encontrar al PP y a los sindicatos CC OO y UGT detrás de la misma pancarta. Pepe Álvarez, Unai Sordo (líder de Comisiones) y los sindicatos minoritarios de Cádiz van a estar con las luchas del metal, en las que no es previsible la presencia de Pablo Casado.

En esta semana, se concretará la traslación política de las protestas al Parlamento. Los partidos tienen en cuenta que las elecciones generales no están a la vista, quizá sí las andaluzas y seguras las municipales y autonómicas en mayo de 2023. Están lejos, pero las tendencias que marcan las encuestas se escudriñan al máximo. El mensaje desesperanzador y alarmista contra el Gobierno tratará de ser contrarrestado por el Gabinete de Pedro Sánchez con anuncios y la amplificación de los mejores datos económicos. Como, por ejemplo, con la afiliación a la Seguridad Social, que estará en máximos en 2022, o la compra de viviendas.

Entre tanto, los sondeos apuntalan la nula transferencia de votos fuera de los dos bloques cimentados. Sí hay vasos comunicantes entre el PP y Vox, y del PSOE a Unidas Podemos, según constatan tanto Urquizu como el sociólogo José Pablo Ferrándiz, de Elemental Research.

El movimiento de intención de voto en el PP y en Vox es sutil pero casi constante. Por tanto, muy coyuntural. Pero siempre entre ellos. Vox, sin embargo, no renuncia a captar adeptos fuera de la clase media alta y alta, como ocurrió en sus inicios. A la manera europea, busca voto descontento en sectores obreros.

En el bloque de la izquierda, la expectativa está en el proyecto que pueda alumbrar Yolanda Díaz, con las marcas periféricas. La operación saldrá o no fructificará, con una opción diferente a Unidas Podemos, pero el objetivo es impulsar a Yolanda Díaz. “Retejer alianzas”, llamó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al movimiento que empezó la semana anterior en Valencia, con mujeres líderes de izquierda de diferentes lugares, como Mónica García, de Madrid; Mónica Oltra, de Valencia; Fatima Hamed, de Ceuta, y la propia Yolanda Díaz, que está llamada a ser la cabeza visible de la izquierda al PSOE. Su tarea primordial, como repite, es “gobernar”. Su reto inmediato, antes de fin de año, es conseguir la reforma laboral y parar, en lo que pueda, revueltas contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez.