El Constitucional más próximo al PP revisará las leyes clave del Gobierno

El nuevo Tribunal Constitucional abrió este viernes su etapa más corta —dentro de siete meses volverá a renovarse en un tercio de sus componentes, cambiará el sentido de la mayoría y habrá que elegir a otro presidente—, con más riesgosa la vista —dos de los magistrados, elegidos a propuesta del PP, pueden ser recusados en asuntos que afectan directamente a la formación política que les propuso—, y con más incertidumbres —algunas de las leyes más emblemáticas del Gobierno que preside Pedro Sánchez serán examin...

El nuevo Tribunal Constitucional abrió este viernes su etapa más corta —dentro de siete meses volverá a renovarse en un tercio de sus componentes, cambiará el sentido de la mayoría y habrá que elegir a otro presidente—, con más riesgosa la vista —dos de los magistrados, elegidos a propuesta del PP, pueden ser recusados en asuntos que afectan directamente a la formación política que les propuso—, y con más incertidumbres —algunas de las leyes más emblemáticas del Gobierno que preside Pedro Sánchez serán examinadas y podrían ser anuladas por un tribunal de mayoría conservadora si acelera los ritmos habituales de trabajo—.

El pleno del tribunal eligió este viernes por unanimidad al magistrado conservador Pedro González-Trevijano como presidente, y al magistrado progresista Juan Antonio Xiol como vicepresidente. Sus mandatos serán de apenas siete meses.

Durante la mañana del viernes, los magistrados acordaron el apoyo cruzado entre los dos sectores de la institución para la que fue su primera votación de la nueva fase. Trevijano y Xiol fueron elegidos por los 11 votos de los actuales miembros del pleno del Constitucional. El magistrado Alfredo Montoya no participó en la votación pues se recupera del ictus que sufrió en agosto, y desde entonces no ha intervenido en las tareas de la institución.

En su primera intervención como presidente ante el pleno, Trevijano, que cambió la ponencia encargada a otro magistrado y logró declarar la inconstitucionalidad al confinamiento domiciliario del decreto de alarma, expuso este viernes su voluntad de abrir una etapa en la que el tribunal pueda tomar sus decisiones por consenso, o, en su defecto, por amplias mayorías. Este planteamiento fue secundado en otra intervención del nuevo vicepresidente, Juan Antonio Xiol.

El mandato de Trevijano al frente del tribunal de garantías será de apenas siete meses, hasta junio próximo, por el retraso de casi dos años en la renovación del tribunal. Y ello contando con que no haya nuevos problemas para ese nuevo cambio de cuatro componentes del Constitucional que debe tener lugar en junio de 2022. Se trata de los dos magistrados que corresponde designar al Gobierno, y los dos que debe elegir el Consejo General del Poder Judicial, si para entonces el órgano de gobierno de los jueces ha recuperado las competencias para efectuar nombramientos, algo que desde marzo de 2021 tiene vetado hacer estando en funciones.

Los magistrados deberán resolver recursos presentados por el PP y Vox contra algunas de las principales leyes y reformas impulsadas por el actual Gobierno de coalición. Entre otros, están pendientes de resolución las impugnaciones presentadas contra la ley de eutanasia, contra la reforma educativa contenida en la ley Celáa, y contra el cambio que supuso la supresión de la competencia para efectuar nombramientos por parte del Consejo del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde diciembre de 2018. También hay otros dos recursos contra la fórmula de juramento empleada por 29 diputados de diversos grupos en la sesión constitutiva del Parlamento. Las impugnaciones pretenden que quienes se valieron de tales fórmulas pudieron no adquirir válidamente la condición de parlamentarios.

Hasta ahora, el tribunal constitucional, de mayoría conservadora, ha avalado en sus últimas sentencias la legislación de la precedente etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, como la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que ahora va a reformar el Ejecutivo de coalición, o la que introdujo la prisión permanente revisable en el Código Penal.

También ha anulado una parte relevante de la producción legislativa del actual Gobierno relacionada con las medidas contra la pandemia de covid-19. El tribunal ha dictado hasta tres sentencias contrarias a los decretos que regularon el primer y el segundo estado de alarma, así como el parón del Congreso durante la etapa inicial de la emergencia sanitaria.

La etapa que ahora se abre en el Constitucional, por tanto, es de especial incertidumbre, y plagada de riesgos. No solo para el Gobierno y la mayoría parlamentaria que lo apoya, si prosigue la tendencia del sector conservador del tribunal a anular sus leyes.

El riesgo alcanza también a la propia institución, por la dinámica de fractura interna que la ha caracterizado en los últimos dos años, prácticamente desde que terminó el periodo natural de su mandato, prorrogado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para su renovación. Los buenos propósitos ahora anunciados por el presidente y el vicepresidente quedan pendientes de confirmación con los hechos que se produzcan.

Antecedentes

Los antecedentes inmediatos, desde luego, señalan en una dirección bien distinta a la que ahora se quiere emprender. Ninguno de los fallos sobre las normas para atajar la pandemia pudo ser consensuado. El sector conservador impuso su mayoría relativa, y las sentencias se aprobaron por seis votos a cinco, en el caso del primer estado de alarma, y por seis votos a cuatro, en el último del segundo estado de alarma, cuando ya faltaba el magistrado Alfredo Montoya en el pleno.

El ponente de la primera de estas sentencias fue el hoy nuevo presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, que es catedrático de derecho constitucional y fue nombrado en 2013 por el Gobierno de Rajoy.

Las deliberaciones sobre esta sentencia dieron lugar, por otra parte, a fuertes tensiones, a causa de lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada del Supremo, calificó como “elucubraciones doctrinales” del tribunal. Se refería a la discusión sobre la existencia de una suspensión o una limitación de derechos fundamentales con la medida del confinamiento acordado en el primer estado de alarma, y a la disyuntiva entre la procedencia del estado alarma o el estado de excepción para afrontar la situación.

El Constitucional acabó por entender que se había dado una auténtica supresión de derechos, que solo puede acordarse mediante la solicitud a las Cortes de la declaración del estado de excepción. Cinco votos particulares —entre ellos el del magistrado Cándido Conde-Pumpido, particularmente contundente— consideraron que dicha sentencia dejaba al país sin armas legales eficaces ante una pandemia u otras situaciones de emergencia.

Un hecho insólito

Se produjo entonces un hecho insólito, sin precedentes conocidos en la historia del tribunal, cuando los seis magistrados del sector conservador se negaron a asistir al siguiente pleno, mientras no recibieran las disculpas de Conde-Pumpido por las críticas que les había dirigido. El plante cerró el curso del Constitucional antes del verano. Para entonces ya estaba muy extendido en la propia comunidad jurídica el criterio de que la institución iba a quedar tocada por sus tensiones a propósito de la respuesta dada a la estrategia jurídica del Gobierno para hacer frente a la pandemia.

Aquel período de convulsión interna ha sido seguido, además, por la fuerte controversia sobre cómo se ha llevado a cabo la reciente renovación, y sobre la idoneidad de los candidatos. Una polémica centrada especialmente en Enrique Arnaldo, catedrático de derecho constitucional estrechamente vinculado al PP, que hizo negocios saltándose el Estatuto del Congreso, al que se debía como letrado, y en cuya trayectoria aparecen actividades académicas que incumplirían las reglas sobre incompatibilidades. En la votación parlamentaria de los candidatos al Constitucional, en todos los grupos que pactaron los nombramientos hubo fuga de votos en protesta por la elección. El pleno del propio Constitucional avaló la competencia de los juristas propuestos, pero con un voto en contra.