El precedente de la descentralización de organismos que puso a León en el mapa
La ubicación del Instituto de Ciberseguridad muestra el impacto de estos organismos en provincias despobladas
La pregonada descentralización que entra ahora en el debate político para llevar a provincias periféricas las entidades públicas históricamente asentadas en Madrid tiene un precedente en León (125.000 habitantes). El entonces presidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apostó personalmente por instalar el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en suelo leonés. El organismo, actualmente dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Economía, lleva desde 2006 ...
La pregonada descentralización que entra ahora en el debate político para llevar a provincias periféricas las entidades públicas históricamente asentadas en Madrid tiene un precedente en León (125.000 habitantes). El entonces presidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apostó personalmente por instalar el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en suelo leonés. El organismo, actualmente dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Economía, lleva desde 2006 estimulando el desarrollo del tejido empresarial de la ciudad. En él trabajan unas 140 personas, una cifra no muy elevada en apariencia, pero que conlleva familias ubicadas en León y, sobre todo, un engranaje económico valiosísimo para un territorio privado del impulso que le brindaba la minería. En 2018, el que era secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, destacó en una visita los congresos y programas de formación que dan visibilidad, turismo y proyección internacional a León. La ciudad aspiró a albergar el Centro Europeo de Ciberseguridad impulsado por la Comisión Europea, pero finalmente recaló en Bucarest.
El expresidente Zapatero, esencial para ubicar en suelo leonés el entonces Inteco (Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación), alude recurrentemente a este organismo para reivindicar las zonas de periferia como foco de inversiones. Hace unas semanas, el palacio de congresos leonés acogió el XV Encuentro internacional de Seguridad de la Información, un foro que sirvió para que la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Economía, Nadia Calviño, anunciara una partida de 191 millones de euros para “atraer y desarrollar el talento” a través del Incibe.
La provincia leonesa está instalada en el descenso demográfico, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La previsión es que se quede en 412.000 residentes en 2031, los mismos que en 1920. Por eso, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, insiste en el “alto impacto” de instituciones como el Incibe, “uno de esos organismos o empresas públicas que en los grandes núcleos pasan desapercibidos o son desdeñados”. En cambio, resalta Diez, “pueden suponer la supervivencia de uno o varios sectores en una región pequeña”, como la suya. Más allá de la ciberseguridad, esta actividad genera “muchas empresas vinculadas al sector”, con sus empleos directos e indirectos, así como estudios universitarios de cualificación vinculados al sector, incide el regidor.
Uno de los fenómenos que sufren las capitales medianas que conservaban al menos a sus universitarios es que ahora no disponen de empleos acordes a esta formación y acaban expulsando a sus jóvenes hacia lugares como Madrid. Diez, que el pasado verano le recordó al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la escasez de inversiones en León con respecto a sus necesidades, pide que la descentralización no sea únicamente nacional sino autonómica. La mayor parte de las consejerías y empresas públicas de Castilla y León se encuentran en Valladolid, con el consiguiente impacto económico, ya que eso atrae la instalación de empresas.
La voluntad anunciada por el Ejecutivo, afirma el alcalde, debe afianzarse para “cambiar la inercia” de la España “que han vaciado”. El trabajo, así, se convierte en el “motor del empadronamiento” para obtener un crecimiento real no solo para las urbes sino para una economía más amplia. Una muestra es el cuartel que se va a instalar en Monte la Reina (Toro, Zamora), donde casi 1.100 militares acarrearán el asentamiento de unas 4.000 personas, un impacto de 43 millones de euros anuales y, sobre todo, un nudo de familias en buena posición económica, con sueldo de funcionario y una calidad laboral que contribuirá al crecimiento de unas comarcas que sufren la despoblación.