Israel declara culpable a Juana Ruiz tras aceptar un acuerdo para cumplir 13 meses de cárcel

Una jueza castrense israelí ha declarado culpable a la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 63 años, encarcelada desde hace siete meses bajo la acusación de colaborar con una organización ilegal palestina calificada como terrorista, al tiempo que la fiscalía militar de Israel ha rebajado a 13 meses de prisión la petición de pena para Ruiz. Este giro procesal, que libra a la trabajadora humanitaria de la expectativa de una larg...

Una jueza castrense israelí ha declarado culpable a la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 63 años, encarcelada desde hace siete meses bajo la acusación de colaborar con una organización ilegal palestina calificada como terrorista, al tiempo que la fiscalía militar de Israel ha rebajado a 13 meses de prisión la petición de pena para Ruiz. Este giro procesal, que libra a la trabajadora humanitaria de la expectativa de una larga condena y abre la vía a su excarcelación, se hizo público este miércoles en una vista celebrada en el tribunal militar de Ofer, en Cisjordania. La jueza ha dictaminado la culpabilidad en cumplimiento del pacto alcanzado con la defensa y anunció que hará oficial la condena, previsiblemente de conformidad con la oferta fiscal, el próximo día 17 de noviembre.

La defensa de Ruiz aprobó el acuerdo propuesto por la fiscalía para cerrar el caso, dado que “se retiran unos cargos que acarreaban sentencias máximas”. La causa contra la cooperante española, empleada de la ONG sanitaria palestina Comités de Trabajo para la Salud desde 1993, entra así en vías de conclusión tras su detención el 13 de abril. En la madrugada de esa fecha, una veintena de soldados israelíes irrumpieron en su casa próxima a la ciudad palestina de Belén, donde vive con su familia desde hace más de tres décadas. Por razón de su residencia está sujeta a la jurisdicción castrense que rige bajo la ocupación israelí para los palestinos.

Pocas horas después de la vista en el tribunal militar, dos ministros resaltaban en un comunicado conjunto que “la admisión de culpabilidad” de Juana Ruiz, reconocida en su opinión en el pacto judicial, venía a confirmar que la trabajadora humanitaria había recaudado fondos para una organización terrorista. La nota, suscrita con enfoque político y no jurídico, por el titular de Exteriores, Yair Lapid, y el de Defensa, Benny Gantz, hacía explícita referencia al proscrito partido Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), calificado como terrorista.

Avigdor Feldman, defensor principal de Juana Ruiz, insistió en que aprobaba el acuerdo, pero no aceptaba en ningún caso los cargos de vinculación de su cliente con el FPLP, y alertaba contra la tentación de “malinterpretar” el pacto con la fiscalía. Israel acusa a ese partido de la izquierda palestina de haber creado una red de “organizaciones de la sociedad civil”, como los Comités de Trabajo para la Salud y otras seis ONG palestinas, para financiarse con donaciones de la cooperación europea. En el texto del acuerdo alcanzado se indica expresamente que Ruiz acepta los cargos, aunque no los antecedentes de los hechos incorporados con la fiscalía para incriminar a ONG palestinas.

La ONG israelí B’Tselem acusó a los ministros de Exteriores y Defensa de intentar manipular la condena negociada de Ruiz “para inculpar a las organizaciones de la sociedad civil palestina”. “No han aportado ninguna prueba antes y ahora pretenden justificar con este caso su decisión de clausurar y silenciar esas asociaciones”, precisó B’Tselem en las redes sociales.

En un comunicado difundido por el Ejército, se asegura también que la cooperante española “recaudó fondos para la ONG Comités de Trabajo para la Salud (en la que trabajaba”), y se añade a continuación que los caudales que captó de donantes europeos eran desviados luego al FPLP. Presuntamente, los antecedentes del caso incluidos por la fiscalía en su oferta e impugnados por la defensa han pesado en la decisión de la magistrada, que hizo hincapié en que constaran en el pacto durante la vista.

La justicia militar tendrá en cuenta, no obstante, lo acordado entre el fiscal y la defensa. La cooperante acepta dos de los cinco cargos que el fiscal había presentado en mayo en su contra —colaboración con organización ilegal y tráfico de divisas en Cisjordania— a cambio de una sentencia a 13 meses de cárcel y una multa de 50.000 shéqueles (cerca de 14.000 euros), relativamente leve para un caso de seguridad con supuestas vinculaciones con el terrorismo.

“Yo siempre pensé que trabajaba para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué en algo. Espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer daño”, cerró su declaración Juana Ruiz ante en el tribunal. Tenía las manos esposadas y llevaba grilletes en los pies. Un intérprete le tradujo al español las sucesivas intervenciones en la vista, y una letrada de su equipo de defensa le ofreció aclaraciones en árabe durante la sesión, a la que asistieron dos representantes del Consulado General de España en Jerusalén y una observadora de la ONU. La trabajadora humanitaria se declaró inocente. Antes se había quejado de no haber podido reunirse con sus abogados para conocer en detalle el acuerdo con la fiscalía militar.

El abogado Feldman rechazó que en los cargos de la fiscalía se mencionase a las seis ONG palestinas que han sido declaradas recientemente como grupos terroristas por el Gobierno y el Ejército de Israel. “No tienen ninguna relación con este caso”, protestó durante su alegato este veterano letrado israelí, defensor de los derechos humanos, que acabo aceptando la oferta en su conjunto. “El pacto es apropiado para la gravedad del caso, por lo que estamos satisfechos”, resumió Feldman. “Queda claro que ella no sabía que el dinero recaudado (de donantes españoles públicos y privados) pudo ser desviado al FPLP”, concluyó.

Ruiz ya asistió el lunes a una sesión a puerta cerrada en Ofer en la que su defensa abordó con la fiscalía militar una transacción que permita su salida de prisión. “El acuerdo está muy avanzado y se intentará hacer oficial”, anticipó entonces uno de sus letrados. “Confiamos en que sirva para facilitar la excarcelación”, añadió. Un juez castrense denegó hace dos semanas la petición presentada por la defensa para que la trabajadora humanitaria pasara a la situación de arresto domiciliario. La cooperante española está medicada a causa de una enfermedad crónica y sufre de una dolencia en un brazo que le paraliza parcialmente la mano, aseguran sus familiares.

Su marido, el palestino Elías Rishmawi, y la hija del matrimonio, María Rishmawi Ruiz (que se ha desplazado desde España para poder ver a su madre), pudieron hablar brevemente con ella tras la sesión judicial. “Está bien de ánimo, pero al final siempre se pone triste cuando se despide”, recordaba su esposo el encuentro del lunes. “¡Ojalá que pueda reunirse pronto con nosotros!”, resumía Rishmawi, quien conoció a Juana Ruiz cuando cursaba estudios de Farmacia en España. En siete meses de calvario judicial, la trabajadora humanitaria solo ha podido recibir dos visitas familiares en la cárcel, mantener media docena de encuentros con representantes consulares y hacer una llamada telefónica.