Condenado el expresidente de Invercaria por subirse el sueldo a 152.000 euros en la compañía de la Junta

La Audiencia de Sevilla impone a Tomás Pérez dos años de cárcel por malversación y absuelve a dos exdirectivos

El expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo, a la derecha, en los juzgados de Sevilla en 2019.paco puentes

La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente de la empresa de capital riesgo Invercaria Tomás Pérez Sauquillo a dos años de cárcel por malversación continuada debido a la subida “arbitraria” de su sueldo y parte de la plantilla de la compañía pública de la Junta andaluza. El tribunal ha condenado también al ex director financiero Antonio Nieto a un año de cárcel, ambos con la atenuante de dilaciones indebidas, y ha absuelto a los dos exdirectores de promoción Cristóbal Cantos y Juan María González, sobrino del expres...

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La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente de la empresa de capital riesgo Invercaria Tomás Pérez Sauquillo a dos años de cárcel por malversación continuada debido a la subida “arbitraria” de su sueldo y parte de la plantilla de la compañía pública de la Junta andaluza. El tribunal ha condenado también al ex director financiero Antonio Nieto a un año de cárcel, ambos con la atenuante de dilaciones indebidas, y ha absuelto a los dos exdirectores de promoción Cristóbal Cantos y Juan María González, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González.

Condenas previas en una macrocausa

Pérez Sauquillo ya acumula una primera sentencia con tres años y seis meses de cárcel por conceder un préstamo de 100.000 euros en 2009 de forma arbitraria a la firma Aceitunas Tatis y sin evaluación del proyecto subvencionado. Esta sentencia es la tercera de la macrocausa Invercaria que dicta la Audiencia de Sevilla, tras una primera condena a la excúpula de la empresa por el caso de Aceitunas Tatis y una absolución en la causa de la diseñadora Juana Martín. De las 40 piezas de la macrocausa, hay una decena pendientes de juicio en la Audiencia y alrededor de 25 investigaciones abiertas en el Juzgado de Instrucción 19 sevillano. Invercaria es una de las tres macrocausas que fiscalizan la corrupción en la etapa de los anteriores Gobiernos socialistas en Andalucía.

Pérez Sauquillo tuvo un contrato inicial en 2005 por 108.182 euros con Invercaria, que luego aumentó por decisión propia hasta 142.552 euros en 2007, 152.006 en 2008 y 140.472 en 2009. En paralelo, su ex director financiero Nieto comenzó con un sueldo de 26.000 euros que luego ascendió a 60.000 euros en 2007, 99.954 euros en 2008, 106.229 euros en 2009 y 75.098 en 2010. Los jueces reprochan a ambos exdirectivos que su fin era “enriquecerse” a costa de los caudales públicos.

“El dinero con que se abonaron esos llamativos excesos de retribuciones se perdió o se desvió de sus fines inexorablemente vinculados a destinos públicos para incorporarse ilegítimamente al patrimonio privado de sus perceptores”, reza la sentencia.

Sin convenio colectivo

Desde que entró como presidente en 2005, Pérez Sauquillo decidió las contrataciones de los trabajadores sin recabar informes previos o la autorización de la Dirección General de Presupuestos de la Junta, pese a la exigencia que figuraba en las sucesivas leyes de Presupuestos, recuerda el fallo. Invercaria carecía de convenio colectivo para sus trabajadores ni tablas salariales para determinar “de forma objetiva las retribuciones correspondientes a cada puesto de trabajo”, censuran los jueces.

Respecto al exdirector de promoción Juan María González, la sentencia recuerda que fue contratado por Invercaria con un salario de 60.100 euros, pero por decisión de los responsables de la Consejería trabajó desde el principio para el Observatorio para la Innovación y la Participación. Los jueces le absuelven porque a pesar de que Invercaria ostentaba un crédito contra él por un préstamo que le fue “cuadrado” en su salida de la empresa, también podía ostentar “legítimas reivindicaciones de naturaleza económica frente a la empresa”. La sentencia se apoya asimismo en que ni la propia Invercaria, personada como acusación particular, acusó en el juicio a González ni a Cantos, ambos absueltos. Los cuatro procesados han sido absueltos de prevaricación dado que sus contrataciones y subidas de sueldo no son “un asunto administrativo” y por tanto no cabe una condena por dicho delito.

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