El pacto del Constitucional impacta en la Audiencia Nacional

La presidencia de la Sala de lo Penal quedará vacante ‘sine die’. Dos magistrados saldrán del tribunal, que arrastra un déficit de jueces, según sus memorias

Concepción Espejel y Ramón Sáez, durante el juicio contra Josep Lluís Trapero, en 2020.CHEMA MOYA (EFE)

La renovación del Tribunal Constitucional tendrá efectos inmediatos en la Audiencia Nacional. El acuerdo pactado entre el Gobierno y el PP implica la designación de dos jueces de la Sala de lo Penal —Concepción Espejel y ...

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La renovación del Tribunal Constitucional tendrá efectos inmediatos en la Audiencia Nacional. El acuerdo pactado entre el Gobierno y el PP implica la designación de dos jueces de la Sala de lo Penal —Concepción Espejel y Ramón Sáez— para ocupar un puesto en el tribunal de garantías. La salida de ambos supondrá a corto plazo la reducción del número de efectivos disponibles para conformar los tribunales encargados de enjuiciar las causas en una institución que lleva denunciando desde hace meses la “grave situación” que atraviesa ante la gran carga de trabajo que acumula y el déficit de magistrados que padece.

En primer lugar, según explican fuentes de la Audiencia Nacional, quedará vacante sine die la presidencia de la Sala de lo Penal, puesto que ocupa Espejel y para el que no se podrá nombrar a nadie hasta que se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde 2018. Mientras tanto, el juez Alfonso Guevara asumirá ese cargo en funciones al ser el magistrado con mayor antigüedad. Para el hueco de Sáez sí se podrá elegir sustituto, pero antes habrá que completar todo el proceso que conlleva este tipo de designación.

La marcha de Espejel y Sáez dejará, además, con solo tres magistrados la Sección Primera de la Sala de lo Penal, a la que ambos pertenecen. Según fuentes del tribunal, este déficit se cubrirá con el traslado de magistrados adscritos como refuerzo a alguna de las otras tres secciones que componen el órgano. Y como Espejel también ostentaba la presidencia de esta Sección Primera —encargada, por ejemplo, de revisar todos los recursos presentados contra las decisiones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, incluido los permisos a etarras—, el juez Francisco Javier Vieira asumirá ahora en funciones ese trabajo.

En su última memoria, la Audiencia Nacional denunciaba que “la complejidad, volumen y duración del enjuiciamiento de las causas [abordadas en este tribunal] evidencian la insuficiencia de la plantilla para hacer frente a la carga de trabajo que pesa sobre la Sala de lo Penal”, proponiendo el nombramiento de tres jueces titulares más mientras se mantienen paralelamente los de refuerzo.

Según varios informes elaboradores por Espejel, este órgano atraviesa una “grave situación” que se ha acentuado con la pandemia del coronavirus —que obligó a suspender juicios y complicó la organización de los más numerosos—. Además, la aún presidenta de la Sala vaticina un incremento del trabajo, por lo que acaba de pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que renueve a los cinco jueces en comisión de servicio.

En este tiempo, la Sección Segunda se ha llegado a reforzar de urgencia después de que su presidente alertara el 17 de septiembre de que solo había dos magistrados en “activo” y de que se podía llegar a la “paralización” del órgano, al encontrarse el resto de baja médica, lo que hacía “imposible la firma y deliberación de asuntos así como la realización de vistas de juicios ya señalados”.

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