El destino incierto de 200 guardias civiles de tráfico en Navarra

Unos 200 guardias civiles dejarán a partir de diciembre de este año de ejercer como agentes de tráfico en Navarra. El Gobierno que preside la socialista María Chivite ha cerrado un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial para asumir una competencia que en adelante recaerá exclusivamente en la Policía Foral. Navarra contará con su propia DGT (Dirección General de Tráfico), para lo cua...

Unos 200 guardias civiles dejarán a partir de diciembre de este año de ejercer como agentes de tráfico en Navarra. El Gobierno que preside la socialista María Chivite ha cerrado un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial para asumir una competencia que en adelante recaerá exclusivamente en la Policía Foral. Navarra contará con su propia DGT (Dirección General de Tráfico), para lo cual reforzará la plantilla policial asignada a estas funciones en las carreteras, y ofrece una “pasarela” a los guardias civiles afectados que les permitirá integrarse en el cuerpo de los forales. Las fuerzas de la derecha han interpretado este acuerdo como una cesión a los partidos nacionalistas que quieren expulsar a la Guardia Civil de esta región. “Para nada la Guardia Civil va a desaparecer de Navarra. No está en peligro su presencia en nuestra comunidad. Va a permanecer aquí, tendrá sus funciones y seguirá trabajando de manera coordinada con la Policía Foral sin ningún tipo de problema”, afirma el consejero navarro de Interior, Javier Remírez.

Navarra ejerció las funciones de control del tráfico hasta que esta competencia fue “cercenada” en el franquismo mediante normas de 1961 y 1962. La Ley de Amejoramiento del Fuero (el equivalente a los estatutos de autonomía), aprobada en 1982, reconoce y otorga a la comunidad foral la capacidad para gestionar dicha competencia, como ocurre en Cataluña y el País Vasco, aunque nunca la ha podido ejecutar plenamente. “La recuperación de la competencia del tráfico ha sido una reclamación constante sobre la que hemos estado de acuerdo todos los partidos”, señala Remírez. En 2000 el Gobierno de Aznar adquirió un compromiso explícito con el Ejecutivo que presidía Miguel Sanz (de la formación regionalista UPN) para avanzar en esta cuestión, pero no llegó a sustanciarse en nada. Fue en 2018 cuando Pedro Sánchez y Uxue Barkos pusieron los cimientos de un acuerdo que ha cristalizado ahora.

Tras 20 años sin recibir ninguna transferencia estatal, Navarra recibió en mayo pasado la competencia sobre la sanidad penitenciaria (valorada en 2,1 millones anuales). Ahora se hará cargo del Tráfico y la Seguridad Vial, cuya cuantificación económica no ha sido desvelada por el Gobierno de Navarra, aunque fuentes consultadas apuntan que supondrá unos 11 millones al año para las arcas forales.

Asunto “muy sensible”

La entrega a Navarra de las facultades plenas sobre el Tráfico es un asunto “muy sensible”, reconocen en el Ejecutivo foral. El portavoz de Navarra Suma (la coalición electoral de UPN, PP y Ciudadanos), Javier Esparza, ha defendido una “gestión compartida” entre la Policía Foral y la Guardia Civil, pero ha criticado que en la concesión de esta competencia lo que ha primado son “las fobias y el sectarismo del independentismo y del nacionalismo” y su deseo de que “cuantos menos guardias civiles haya en Navarra, mejor”. “Es mentira que vayamos a echar a la Guardia Civil de Navarra”, insiste Remírez.

Asociaciones del instituto armado, como la AUGC y Jucil, han expresado su preocupación por las consecuencias que tendrá este trasvase en la situación personal y laboral de los agentes que se ocupan de controlar la situación de las carreteras de Navarra. Tras conocerse la fecha del traspaso de la competencia, el portavoz de la AUGC, Pedro Carmona, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dé explicaciones del “destierro” de los agentes y sus familias de Navarra.

De los aproximadamente 1.800 guardias civiles desplegados en esta Comunidad, alrededor del 11% están asignados a la agrupación de tráfico. El Gobierno navarro ha tendido un puente a estos agentes para integrarse en la Policía Foral. “Tenemos tiene muy claro”, comenta a este diario el consejero Remírez, “que esta transferencia no va a suponer que ningún guardia civil salga de Navarra si no es voluntariamente”. Los funcionarios afectados podrán elegir entre pasar a la Policía Foral o continuar en la Guardia Civil desempeñando otras funciones en Navarra. El Ejecutivo foral asegura que mantiene conversaciones con el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y con los colectivos profesionales para concretar las condiciones del trasvase del personal.

La Ley foral de Policías de Navarra, promulgada en 2018 con el apoyo de todos los grupos políticos salvo los nacionalistas (Geroa Bai y Bildu), contempla en una disposición adicional la opción de “habilitar un mecanismo para permitir en términos policiales el traspaso de personal funcionario del Estado a la Comunidad foral” en el supuesto de transferir la competencia de tráfico, explica Remírez. Esta fórmula se dio cuando Navarra asumió la transferencia de Salud o, recientemente, con los nueve funcionarios de la sanidad penitenciaria que ya dependen de la administración navarra, y lo mismo sucederá, por ejemplo, con los cerca de 700 trabajadores de las cárceles vascas cuando su gestión recaiga en el Gobierno vasco.

La Policía navarra tiene en la actualidad unos 1.100 efectivos, de los que 280 están dedicados a labores relacionadas con el tráfico. El Gobierno foral calcula que necesitará otros 149 agentes para atender en exclusiva los servicios de tráfico y seguridad vial. Su incorporación será progresiva hasta completar el cupo en 2025 o 2026. Ese cupo se nutrirá de los guardias civiles que acepten cruzar la pasarela y mediante convocatorias públicas de empleo que se ofertarán en los próximos años.

El Estado viene recaudando alrededor de nueve millones anuales por las multas de tráfico que la Guardia Civil y la Policía Foral tramitan en Navarra. Esos ingresos pasarán ahora a engrosar las arcas forales. Con la titularidad de la competencia en sus manos, Navarra se ha marcado una hoja de ruta para implementarla totalmente en un plazo de cinco años. Entretanto irá conformando la nueva DGT foral, cuyo modelo está aún por definir. Este mismo mes, autoridades navarras han visitado el Servei de Transit catalán para conocer su funcionamiento y próximamente tienen previsto conocer cómo tiene organizado la Ertzaintza su centro de gestión del tráfico.