El PP se enreda con los menores extranjeros

Los menores extranjeros no acompañados, menos de 9.000 en toda España, ganan protagonismo en la agenda política de la derecha. Vox los pone en la picota cuestionando los recursos públicos que se destinan a su acogida y es partidario de su expulsión sin miramientos, y el PP esboza estos días sus planes para un colectivo que, aunque no llega al 0,4% de todos los extranjeros extracomunitarios que viven en España, provoca acalorados debates entre sus votantes. La posició...

Los menores extranjeros no acompañados, menos de 9.000 en toda España, ganan protagonismo en la agenda política de la derecha. Vox los pone en la picota cuestionando los recursos públicos que se destinan a su acogida y es partidario de su expulsión sin miramientos, y el PP esboza estos días sus planes para un colectivo que, aunque no llega al 0,4% de todos los extranjeros extracomunitarios que viven en España, provoca acalorados debates entre sus votantes. La posición del partido de Pablo Casado no es clara y en apenas dos semanas ha defendido cosas distintas.

El pasado 14 de julio, Casado visitó Melilla y pidió un refuerzo en las fronteras entre otros motivos “por la presión que tenemos con los menas”. El líder del PP planteó “evaluar” cuál es la edad para ser considerado un menor extranjero no acompañado, aquel que tras ser declarado en desamparo recibe protección y acogida por parte del Estado. ”No es lo mismo una persona con 17 años que tiene probablemente una autonomía personal y económica en Marruecos hace cuatro, que un menor de 12 o 13 años”, afirmó frente a la valla. Con respecto a los más pequeños, los de 12 o 13 años, Casado mantuvo que “lo pasan fatal y que tienen no solo un desarraigo familiar sino también una vulnerabilidad socioeconómica [por la] que el Estado español tiene que reforzar, donde haya una presión como en Ceuta y Melilla, los medios que necesitan para su tratamiento”.

Días después, fuentes del PP matizaron que no hay ninguna iniciativa en marcha y que no se trata de “quitar ayuda a los mayores de 16 años”. Aseguran que la clave de lo que quería decir Casado, aunque no lo mencionase, es priorizar la reagrupación de los menores de 16 años en su país de origen. Los mismos menores que días antes sufrían “desarraigo familiar” y para los que había que reforzar los medios ante su vulnerabilidad.

Enrique López, consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid, explicó a EL PAÍS la idea. Antes advirtió: “No estamos formulando un cambio de legislación. [La de Casado] fue una reflexión y es una aspiración de formulación cuando gobierne”. A la hora de tratar a los menores extranjeros, López defiende, como Casado, que habría que diferenciar a aquellos que tienen hasta 15 años, pero “para centrar en ellos los esfuerzos de reagrupamiento porque tienen menos autonomía para decidir sobre su futuro”. La edad de emancipación de los menores en España, recuerda el consejero varias veces, está fijada en 16 años.

Si los menores de 16 años tienen “menos autonomía” para decidir sobre el retorno a su país, podría deducirse que sus repatriaciones serían más fáciles. Pero en los procesos de reagrupación, tanto la ley de extranjería como la jurisprudencia, otorgan al menor de 12 años —e incluso de menos si tiene juicio suficiente— la posibilidad de participar. Puede hacerlo por sí mismo si tiene más de 16 años o a través de un representante si tiene menos. En la práctica, el rechazo del niño a rehacer el camino de vuelta, tenga la edad que tenga, suele ser incompatible con la protección del interés superior del menor que pregona la Convención de Derechos del Niño de la que España es signataria. Y esto, la negativa del niño a volver, es lo que suele ocurrir en la inmensa mayoría de los casos. “Esto tiene que interpretarse en base al código civil que fija el grado de emancipación a los 16 años. El menor [de esa edad] no tiene potestad para decidir”, discrepa López.

Según publicó El Mundo, en el PP consideran que la repatriación de los más pequeños y, a su vez, la concentración de recursos en ellos “frenará la llegada masiva de jóvenes ya casi adultos a España”. López no quiso explicar el fin que se persigue con la idea propuesta. Preguntado sobre el efecto que tendría enfocarse en repatriar a los niños, que son un porcentaje mínimo del total, en lugar de a los adolescentes, que son la inmensa mayoría, el consejero despeja: “No hablo en términos de eficiencia, sino jurídicos”.

Aunque se presente como una fórmula mágica recurrente, devolver a los niños que migran solos no es nada fácil. La legislación española es muy garantista y la jurisprudencia ha ido blindando las reagrupaciones ante los abusos que cometió la Administración en el pasado. Pero es que, además, los países de origen no colaboran para documentar y cumplir los requisitos del retorno. Las reagrupaciones de niños migrantes en origen son casi inexistentes en España hace tres lustros, gobierne quien gobierne. Las memorias anuales de la Fiscalía, que supervisa estos procesos, están cargadas de lamentos de los fiscales por la “nula” cooperación de países como Marruecos. En Ceuta se está viendo cómo en los pocos casos en los que el menor y su familia quieren volver a estar juntos, las repatriaciones han fracasado porque Rabat frustra algo tan básico como que los padres se acerquen a la frontera para que pueda comprobarse, por ejemplo, que el niño no los rechaza al verlos.

La reagrupación de menores no es una idea exclusiva de la derecha. El mismo PSOE de Pedro Sánchez también intentó reactivarla hace poco más de dos años. El Ministerio del Interior y la Secretaria de Estado de Migraciones quisieron resucitar los acuerdos vigentes con Marruecos, pero no se logró ni una sola repatriación. “Hay que contar con la participación de los países, especialmente de Marruecos. Hay que instar al Gobierno de España a que presione”, mantiene López.

Una idea que no es nueva

La idea de Casado de diferenciar entre menores y mayores de 16 años tampoco es nueva. Ya la recogió una instrucción de la Fiscalía de 2003, que se oponía a decretar en desamparo y acoger de forma automática a los menores extranjeros de más edad. Según razonaba la Fiscalía, si el Estado no interviene en la vida de los menores emancipados a partir de 16 años, aquellos que trabajan por cuenta ajena y que son independientes, carecía de sentido hacerlo en el caso de menores inmigrantes que entraban en España de forma clandestina y sin estar acompañados de sus padres. ”No cabe imaginar otra prueba más notoria de vida independiente que esta”, argumentaba la Fiscalía para tratarles como adultos también para su repatriación. Esa instrucción fue derogada un año después. Un nuevo texto afirmaba que había generado “vacilaciones y dudas” e interpretaciones no compatibles con el interés superior del menor. El Consejo General de la Abogacía también denunció las condiciones “infrahumanas” en las que había encontrado a menores marroquíes retornados gracias a esa instrucción.