Sánchez: “El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro, que es la vacunación”

El Gobierno mantiene firme la posición sobre el estado de alarma y no se plantea ninguna prórroga ni nueva declaración ni modificación legal. Y está convencido de que el tiempo juega a favor de esta decisión porque la vacunación avanza a toda velocidad. El presidente, Pedro Sánchez, ha pedido “coherencia” a la oposición a la hora de reclamar medidas para combatir la pandemia y ha sido rotundo: “El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro, y el futuro es la vacunación”, ha zanjado Sánchez este ...

El Gobierno mantiene firme la posición sobre el estado de alarma y no se plantea ninguna prórroga ni nueva declaración ni modificación legal. Y está convencido de que el tiempo juega a favor de esta decisión porque la vacunación avanza a toda velocidad. El presidente, Pedro Sánchez, ha pedido “coherencia” a la oposición a la hora de reclamar medidas para combatir la pandemia y ha sido rotundo: “El estado de alarma es el pasado. Hay que mirar al futuro, y el futuro es la vacunación”, ha zanjado Sánchez este martes en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa tras una reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. “No puede ser que pidan ahora un estado de alarma y antes votaran en contra”, ha dicho, insistiendo en que hay herramientas para que las comunidades impongan restricciones.

“Hay seguridad jurídica, garantías legales, una ley ordinaria no puede sustituir a la Constitución Española. Iniciamos una nueva etapa. La vacunación está a 99 días de [lograr] la inmunidad de grupo. Las autonomías tienen amplios instrumentos. Hay que continuar siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias”, ha reclamado.

El PP hizo este lunes un llamamiento al Gobierno para que acometa reformas legales [los populares registraron en el Congreso una ley de pandemias] que permitan las restricciones a la movilidad. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue defendiendo que las comunidades autónomas cuentan con “instrumentos jurídicos suficientes” contra la enfermedad y ha habilitado la posibilidad de que recurran al Tribunal Supremo si los altos tribunales tumban sus propuestas, algo que antes no podían hacer. De esta manera, el alto tribunal unificará la doctrina y en breve habrá jurisprudencia para todas las autonomías que señalará si pueden o no tomar esas medidas.

El Ejecutivo ha decidido salir a la ofensiva para defender su posición y criticar la del PP, que se abstuvo en la votación del último estado de alarma de seis meses -aunque Sánchez ha dicho que votó en contra- y ahora culpa a Sánchez por los problemas de aglomeraciones en la noche de sábado, que son responsabilidad municipal porque es la policía local la que debe impedir que se beba en la calle y se acumulen un número grande de personas sin mascarilla. Poco después de que hablara Sánchez, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a que alguna comunidad pueda pedir un estado de alarma regionalizado, pero ha insistido en que lo que no se plantea el Ejecutivo es lo que pide el PP, esto es una ley que dé plenos poderes a los gobiernos autonómicos, sin control del Congreso ni de la justicia, para tomar decisiones que limiten derechos fundamentales. “Nos parece exigible para la limitación de derechos fundamentales que al menos dos poderes [el judicial y el Ejecutivo, como sudederá ahora, o el Ejecutivo y el legislativo, en el caso del estado de alarma] se pronuncien. El Gobierno va a defender siempre las libertades de los ciudadanos. El PP reivindica ahora algo muy peligroso que es que los Gobiernos por sí solos puedan limitar las libertades fundamentales”, ha señalado Montero.

El estado de alarma decayó en la noche del sábado al domingo y desde entonces los jueces han resuelto ya, con criterios contradictorios, peticiones de al menos seis gobiernos autonómicos para implantar medidas restrictivas de derechos fundamentales —como el toque de queda, cierres perimetrales o la limitación de las reuniones sociales— para combatir el virus. Los tribunales superiores de la Comunidad Valenciana y Baleares han avalado esas restricciones, mientras que los del País Vasco, Canarias y Navarra, las han rechazado. En el caso de Andalucía, ha habido tres autorizaciones para realizar confinamientos perimetrales en municipios y una negativa.

La última negativa judicial ha llegado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha rechazado este martes el toque de queda decretado por el Gobierno foral por considerarlo “desproporcionado”. Según la justicia, el control de los botellones en la calle se puede realizar con la legislación ordinaria. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado el confinamiento de tres municipios, pero ha denegado el de otro, aunque todos tienen tasas de incidencia acumulada a 14 días por encima de 1.000. La decisión final la puede tomar el Tribunal Supremo la semana que viene, gracias al mecanismo para que las autonomías recurran al alto tribunal para que decida rápido en caso de que haya un rechazo a sus restricciones.

El Consejo de Ministros se ha reunido este martes por primera vez tras las elecciones madrileñas del 4-M y el fin del estado de alarma el pasado domingo. El Gabinete de Pedro Sánchez ha aprobado la ley que regula el trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, conocida como ley de los riders y el Código de Buenas Prácticas que para la reestructuración de la deuda financiera de las empresas que recibieron financiación por la crisis de la covid-19.

Era también la primera comparecencia conjunta de la portavoz y la vicepresidenta tercera y mujer fuerte de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno. Tanto Montero como Díaz insistieron en el buen momento de salud de la coalición. “La adversidad une mucho. Larga vida a este Gobierno”, sentenció la portavoz. “Afrontamos esta nueva etapa con unidad y entusiasmo. Muchas voces han llamado al Gobierno ilegítimo. Pero hemos hecho muchas cosas y lo mejor está por hacer. Si fuera por la oposición no tendríamos ni ERTE. Vamos a hacer muchas cosas, de momento la ley de memoria democrática, la reforma de la formación profesional o una regulación para proteger a las kellys [limpiadoras de hoteles]. Es el momento de impulsar los vientos de cambio que también vemos en EEUU con el presidente Biden con una agenda muy ambiciosa. España se convierte en la vanguardia en la regulación de los riders. El mundo nos está mirando”, sentenció Díaz. El Gobierno trata así de retomar la iniciativa política tras el batacazo de Madrid y sale a la ofensiva tras las encuesas del fin de semana que auguraban que el PP puede volver a convertirse en el primer partido en España.