PSOE y Podemos presionan al PP con la reforma exprés del Poder Judicial
Los socios del Gobierno de coalición aprueban con sus votos en la Mesa del Congreso acelerar la proposición de ley
PSOE y Unidas Podemos pisan el acelerador con la reforma que limita el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones con el objetivo de presionar al PP. Los socios del Gobierno impusieron ayer sus votos a los de PP y Vox en la Mesa del Congreso para tramitar por la vía de urgencia la proposición de ley que restringe la capacidad del Poder Judicial para nombrar jueces con el mandato caducado. El probable retraso de la...
PSOE y Unidas Podemos pisan el acelerador con la reforma que limita el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones con el objetivo de presionar al PP. Los socios del Gobierno impusieron ayer sus votos a los de PP y Vox en la Mesa del Congreso para tramitar por la vía de urgencia la proposición de ley que restringe la capacidad del Poder Judicial para nombrar jueces con el mandato caducado. El probable retraso de las elecciones catalanas, fecha tras la que el PP se abría a un pacto para renovar el CGPJ, arroja más incertidumbre sobre la situación del órgano de gobierno de los jueces.
El mandato del órgano de gobierno de los jueces caducó en diciembre de 2018 sin que el Gobierno y el PP hayan alcanzado un acuerdo para desbloquear su renovación desde entonces. El pasado 15 de diciembre, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llamó por teléfono al líder del PP, Pablo Casado, para un último intento de acuerdo, pero el pacto no fue posible. Los populares insisten en que Unidas Podemos debe quedar fuera de las negociaciones y La Moncloa y el principal partido de la oposición se acusan mutuamente del bloqueo. La reforma de los socios del Gobierno busca presionar al PP para que se avenga a llegar a un acuerdo que desbloquee la renovación.
Aprobada la tramitación por la vía de urgencia, se ha fijado un plazo de ocho días para la presentación de enmiendas. El PP y Vox tienen una segunda oportunidad para intentar demorar la proposición de ley pidiendo prórrogas o presentando una enmienda de totalidad con un texto alternativo, lo que según fuentes populares es muy probable que hagan. La enmienda a la totalidad obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno en el mes de febrero, aunque el Gobierno podría promover una sesión extraordinaria en enero.
La proposición de ley de los partidos en el Gobierno busca modificar la ley de 1985 que regula el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de establecer su régimen jurídico para cuando ese organismo tenga que estar en funciones. En la propuesta, los socios de coalición defienden la necesidad de “limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato”. Y detallan que en situaciones como la actual, con un Consejo que debía haberse renovado hace dos años al cumplir su mandato de cinco, no debería poder nombrarse al presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias, los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o los magistrados del Tribunal Constitucional.
La Mesa ha rechazado la solicitud del PP para que se solicitaran informes sobre esta proposición de ley al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, una petición que también había solicitado el CGPJ el pasado mes de diciembre. Los letrados del Congreso habían informado de que la decisión de pedir o no informes correspondía a la Mesa y había precedentes en uno u otro sentido. Con ese margen de maniobra, el PSOE y Unidas Podemos, de nuevo con el voto en contra de PP y Vox, han decidido no recabar informes a ningún órgano. Fuentes parlamentarias populares han lamentado la decisión de los socialistas: “Es sagrado tocar los poderes del Estado, y en esto el PSOE tendría que estar con el PP”.
El probable retraso de las elecciones catalanas, previstas inicialmente para el 14 de febrero, puede afectar al posible acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovación. Como informó EL PAÍS, los populares estaban dispuestos a pactar después de las catalanas siempre que el Ejecutivo no aprobara antes indultos a los presos del procés. Si los comicios se retrasan a mayo o junio, como baraja el Govern de la Generalitat, los populares tendrán que analizar si también retrasan otro medio año el pacto para la renovación del consejo.
El Consejo General del Poder Judicial sigue ajeno a estos movimientos y continuará este miércoles con su actividad para realizar nombramientos pendientes en la cúpula judicial, con las sesiones de la Comisión Permanente previstas para hoy y el jueves para escuchar a los aspirantes a presidir las audiencias provinciales de Almería, Baleares, Ciudad Real, Cantabria, Granada, León, Navarra y Salamanca.