Bárcenas decide tirar de la manta en el ‘caso Púnica’ y en la caja b del PP

El extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado en mayo de 2018 a 29 años de cárcel por su implicación en actividades ilegales de la trama Gürtel entre 1999 y 2005, ha cambiado de abogado y decidido dar un vuelco radical a su estrategia jurídica. “Ahora sí, va a tirar de la manta”, aseguran fuentes de su entorno a EL PAÍS. La intención de Bárcenas es contar “todo lo que sabe” sobre el funcionamiento de la financiación del partido, según dichas fuentes. Para ello, pedirá declarar en el caso Púnica, que investiga la f...

El extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado en mayo de 2018 a 29 años de cárcel por su implicación en actividades ilegales de la trama Gürtel entre 1999 y 2005, ha cambiado de abogado y decidido dar un vuelco radical a su estrategia jurídica. “Ahora sí, va a tirar de la manta”, aseguran fuentes de su entorno a EL PAÍS. La intención de Bárcenas es contar “todo lo que sabe” sobre el funcionamiento de la financiación del partido, según dichas fuentes. Para ello, pedirá declarar en el caso Púnica, que investiga la financiación ilegal de las campañas del PP de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre.

Al ser gerente y tesorero nacional del partido entre 1990 y 2009, Bárcenas dispuso de información sobre los hechos que el juez investiga desde hace años en el caso Púnica. El extesorero no está implicado en esta causa, pero asegura conocer detalles relacionados con la financiación ilegal del PP de Madrid. Bárcenas disponía de documentación sobre estadillos de ingresos y gastos correspondientes a distintas campañas electorales del PP madrileño y conocía supuestamente cómo se camuflaban en sus cuentas los excesos ilegales de gasto en las sucesivas campañas electorales que auparon a Aguirre a la presidencia autonómica.

El extesorero nacional también quiere aportar datos nuevos en la pieza que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre los llamados papeles de Bárcenas en relación con las donaciones de empresarios que nutrieron la caja b del PP entre 1990 y 2009.

La información de Bárcenas puede además arrojar luz en la investigación que realiza el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las donaciones que nutrieron la caja b del PP. Esta pieza judicial trata de averiguar si hubo cohechos en las donaciones que grandes constructores efectuaron al PP.

La causa sobre el posible cohecho —pago de donaciones a cambio de contratos en concursos amañados— llego a estar casi muerta por falta de pruebas. Pero las confesiones que el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, realizó ante el último tribunal que le juzgó llevaron a reabrirla. Correa aseguró que las donaciones eran en realidad comisiones ilegales a cambio de obras. El constructor Alfonso García Pozuelo es uno de los donantes que sugirió en la vista oral que hizo donaciones a cambio de contratos.

Tras la declaración de Correa, la policía ha encontrado indicios de adjudicaciones irregulares de obras a donantes de la formación. El juez Pedraz ha ordenado investigar decenas de contratos por más de 600 millones de euros adjudicados por hasta seis ministerios durante los Gobiernos de José María Aznar. Bárcenas está dispuesto a aportar datos sobre gestiones que hizo el partido para beneficiar con contratas a donantes de la caja b, según los citados medios, lo que ayudaría a cerrar el círculo de esta causa.

El extesorero del PP está muy dolido por la situación de su esposa, Rosalía Iglesias. Pese a que ambos se hallan presos —él, en la cárcel de Soto del Real, y su esposa, en Alcalá Meco—, fuentes de su entorno señalan que la relación se mantiene muy sólida. Iglesias se ha adaptado a la vida penitenciaria, y también está dispuesta a colaborar con la justicia en lo que ella pueda aportar, según los mismos medios. Fue testigo de muchas conversaciones de su marido con dirigentes populares.

Nuevo abogado defensor

Bárcenas se siente ahora “traicionado” por el partido. Asegura que altos cargos del PP le “prometieron” que su esposa no ingresaría en prisión si, como finalmente ha sucedido, resultaba implicada en alguna de las causas abiertas a la red Gürtel, según cuentan fuentes de su entorno. Iglesias, sin embargo, lleva casi dos meses en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco cumpliendo la condena de casi 13 años de prisión que le impuso la Audiencia Nacional y que confirmó el Supremo.

El extesorero ha asegurado a su entorno que él comentó con personas muy relevantes del Partido Popular que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad que se derivase contra él por el caso Gürtel, pero que su esposa era inocente y ajena a esos hechos, y que entonces esos dirigentes populares le garantizaron que ella quedaría exonerada de todo.

Bárcenas sostiene que el hecho de que su esposa figure en determinadas operaciones fraudulentas se debe a que firmó los papeles que él le llevaba, según ha contado el extesorero.

Lo primero que ha hecho Bárcenas en su decisión de cambiar de estrategia es nombrar a un nuevo abogado, Gustavo Galán, el cuarto que tiene desde que se vio implicado en la trama Gürtel en 2009. Considerado un experto en negociaciones con la Fiscalía, el nuevo defensor de Bárcenas se ha entrevistado ya con varios fiscales anticorrupción para comentarles las intenciones de “colaboración total” de su cliente en relación con las investigaciones todavía en marcha.

Galán es también el letrado de otros tres implicados en la red Gürtel que han optado por colaborar con la justicia. Se trata del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero; del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (ambos del PP) y de Isabel Jordán, empleada con cargo de administradora en dos de la quincena de empresas que formaban el entramado mercantil que dirigía Correa. Jordán lleva varios años colaborando con la justicia.

La nueva estrategia de Bárcenas se hará patente por primera vez en el juicio sobre la denominada caja b del PP, que comenzará el 8 de febrero en la Audiencia Nacional. El extesorero se enfrenta a una petición de la Fiscalía de otros cinco años de prisión por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Esta causa se centra en las obras de reforma de la sede central del partido en la madrileña calle de Génova, por las que la formación pagó casi 900.000 euros en dinero opaco al fisco procedente de la citada caja b, pero también en el supuesto fraude fiscal cometido por el PP al no declarar a Hacienda las donaciones ilegales recibidas en 2008.

Bárcenas ya reconoció la veracidad de la caja b popular, que él mismo controló durante casi 20 años, en la dilatada y explosiva declaración que efectuó ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en julio de 2013, cuando llevaba unos meses preso. Ahora va a detallar todos los aspectos de la financiación ilegal del PP y ratificará, según los citados medios, la existencia de esa caja y de los pagos en negro hechos por las obras de la sede de Génova e incluso los pagos de sobresueldos a la cúpula del partido entre 1990 y 2009, según indican fuentes de su entorno.

En dicho juicio declararán como testigos los expresidentes del Partido Popular y del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy.

Las pruebas que todavía conserva el extesorero

El extesorero del PP Luis Bárcenas llegó a tener documentación muy comprometedora para el partido sobre financiación ilegal y pagos efectuados desde la caja b. Todavía conserva una parte de esas pruebas, pero lamenta que el chófer que le puso el partido tras estallar el escándalo de su cuenta millonaria en Suiza le robase alguna documentación. Se refiere a Sergio Ríos, ahora implicado en la Operación Kitchen, financiada con fondos reservados del Ministerio del Interior para sustraer pruebas que Bárcenas guardaba contra el PP y sus dirigentes.

Los documentos fueron robados, según Bárcenas, cuando él estaba en la cárcel y Ríos hacía la labor de chófer para su esposa. Kitchen es el nombre de una de las 30 piezas separadas que investiga el juez Manuel García-Castellón en el marco del caso Tándem, que afecta al comisario jubilado José Manuel Villarejo y que versa sobre el operativo policial que dispuso Interior durante el mandato de Jorge Fernández Díaz como ministro.

Pese al robo, el extesorero del PP conserva a buen recaudo distintas pruebas que salpican a exmiembros de la cúpula de la formación y que revelan que estos eran conscientes de la existencia de la caja b y de cómo se alimentaba, entre otros detalles.