El Supremo juzgará el 24 y 25 de marzo al diputado de ERC Nuet
El exmiembro de la Mesa del Parlament está acusado de desobediencia por permitir la tramitación de las leyes de ruptura
El Tribunal Supremo ha señalado para los días 24 y 25 de marzo el juicio a Joan Josep Nuet, diputado de ERC en el Congreso. Nuet está procesado por un delito de desobediencia por su actuación como miembro de la Mesa del Parlament durante el último tramo del procés independentista en otoño de 2017. El entonces diputado de Catalunya Sí Que es Pot era secretario tercero de la Mesa del Parlament e iba a ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) junto con otros miembros de la Mesa que presidía ...
El Tribunal Supremo ha señalado para los días 24 y 25 de marzo el juicio a Joan Josep Nuet, diputado de ERC en el Congreso. Nuet está procesado por un delito de desobediencia por su actuación como miembro de la Mesa del Parlament durante el último tramo del procés independentista en otoño de 2017. El entonces diputado de Catalunya Sí Que es Pot era secretario tercero de la Mesa del Parlament e iba a ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) junto con otros miembros de la Mesa que presidía Carme Forcadell, pero, tras ser elegido diputado del Congreso por ERC en las elecciones generales de 2019 el Supremo asumió la competencia para juzgarle.
El alto tribunal pretendía haber celebrado la vista durante el primer semestre de 2020 y antes de que el TSJC juzgara a los otros cuatro exmiembros de la Mesa procesados por desobediencia, pero el parón judicial causado por la pandemia de covid-19 cambió los planes. Finamente, Nuet será el último de los líderes independentistas procesados (al margen de los fugados) en sentarse en el banquillo. Sus compañeros Anna Simó (ERC), Lluís Corominas (PDeCAT), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Lluís Guinó (PDeCAT) fueron condenados el pasado octubre a 20 meses de inhabilitación por permitir la tramitación de las leyes de ruptura del Parlament.
La Fiscalía acusa a Nuet de desoír las advertencias del Tribunal Constitucional y permitir la tramitación de resoluciones y leyes “contrarias al orden constitucional” el 6 y el 7 de septiembre de 2017. El ministerio público pide para él una pena de inhabilitación idéntica a la que se impuso al resto de exmiembros de la Mesa juzgados por desobediencia.