PSOE y Podemos discrepan sobre llamar a Villarejo a la comisión parlamentaria del ‘caso Kitchen’

PSOE y Unidas Podemos se reunieron en la tarde de este miércoles para impulsar finalmente la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, y el mal uso de fondos reservados en el Ministerio del Interior en los Gobiernos del PP, y acordaron que la sesión se constituya en la última semana del año y que en la misma debería comparecer el expresidente popular, Mariano Rajoy. Podemos y otros partidos querrían que a la comisión acudiesen, además,...

PSOE y Unidas Podemos se reunieron en la tarde de este miércoles para impulsar finalmente la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, y el mal uso de fondos reservados en el Ministerio del Interior en los Gobiernos del PP, y acordaron que la sesión se constituya en la última semana del año y que en la misma debería comparecer el expresidente popular, Mariano Rajoy. Podemos y otros partidos querrían que a la comisión acudiesen, además, el polémico excomisario José Manuel Villarejo, cerebro de la trama, y el actual líder del PP, Pablo Casado. El PSOE tiene sus dudas y quiere escuchar antes a otros de sus socios.

Los portavoces parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, llevaban varias semanas de intercambios de llamadas y mensajes sobre la comisión Kitchen, que se aprobó en el Congreso el pasado 1 de octubre para indagar sobre el uso de fondos reservados de Interior en los Gobiernos del PP para el espionaje ilegal al extesorero popular, Luis Bárcenas. Pero en el camino se les habían cruzado otras urgencias, como los debates sobre el estado de alarma, medidas contra la pandemia y, sobre todo, la negociación a múltiples bandas de los primeros presupuestos de la coalición.

Superados todos esos hitos, que tanto en el PSOE como en Unidas Podemos, consideran las bases que justifican la razón de ser de su mayoría progresista en el Ejecutivo y en la Cámara, Lastra y Echenique quedaron este miércoles para cumplir con otro compromiso del capítulo que denominan “regeneración democrática” del país, tras los ajustes observados y denunciados en los últimos ejecutivos del PP.

Los dos dirigentes intentaron cerrar la presidencia y la composición de la Mesa de esta comisión de investigación, el órgano clave para determinar la organización y duración de sus trabajos. Y también pretendían pactar la lista de comparecientes que deberán acudir obligatoriamente a la Cámara baja a explicar lo que pudieran conocer sobre el funcionamiento de las llamadas cloacas del Estado en el Ministerio del Interior. Pero no lograron ayer todos esos objetivos.

Lastra y Echenique sí pactaron que la comisión se constituya el día 22 o el 29 de diciembre, y siempre en cualquier caso antes de que concluya este año, pero no consensuaron ni quién ejercerá la presidencia, ni los demás componentes de la Mesa, ni el calendario o la lista de las comparecencias. PSOE y Unidas Podemos, tras comprobar sus diferentes puntos de vista en algunos aspectos relevantes para la comisión, decidieron abrir una ronda de contactos con otros partidos que estuvieron a favor de su creación, como otros socios o incluso Ciudadanos, para recibir más propuestas sobre nombres para su formación y sobre aspirantes a participar en la misma. Esa ronda se completará entre esta semana y la siguiente.

Los dos portavoces parlamentarios habían avanzado por la mañana, antes de reunirse, que debería ser obligada la presencia en la comisión de “todas aquellas personas que tuvieron una vinculación directa” durante aquellos años con esa trama. Y de esa frase se interpretó que ambas formaciones estaban de acuerdo en llamar al comisario Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017. Unidas Podemos así lo concluyó incluso tras la reunión vespertina con Lastra. El PSOE matizó, sin embargo, que ese punto no está todavía cerrado y que no puede darse por hecho hasta culminar los sondeos con todos los partidos que estuvieron en su momento a favor de la comisión, que fueron todos menos el PP.

En la reunión entre Echenique y Lastra sí se convino que deberán pasar por la comisión los máximos responsables políticos y policiales de distintos Gobiernos de Mariano Rajoy. Y en ese último cupo incluyen, además de Rajoy, a la exsecretaria general del PP en aquella época, María Dolores de Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro; y exaltos cargos de Interior, como el exministro Jorge Fernández Díaz o su entonces número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el que ahora Díaz ha mantenido duros careos sobre sus respectivas implicaciones en el caso en la Audiencia Nacional.

El PSOE también tiene dudas sobre si Pablo Casado, el actual presidente del PP, debe pasar por ese trámite porque entonces no tenía responsabilidades en el Gobierno y solo ocupaba el cargo de vicesecretario de comunicación en el partido. Echenique, sin embargo, explicó que Casado fue apoyado para ser presidente de su partido por Cospedal “y tendría mucho qué explicar sobre qué ha hecho realmente para limpiar ahora al PP”.

Delicada posición del PP

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aclaró que su formación no ha decidido aún qué harán ni quiénes estarán en esa delicada comisión, ni qué comparecencias solicitarán: “No descartamos llamar a nadie, a priori”. La dirección popular ve esta comisión como una estrategia del Gobierno actual, del PSOE y Unidas Podemos, para atacar al Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy.

El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, no anticipó tampoco su lista de comparecientes, pero sí apuntó que el PP deberá aclarar “hasta la cocina” el desarrollo en su seno de aquella trama corrupta.

PSOE y Unidas Podemos registraron la petición de la comisión el 10 de septiembre. La portavoz socialista, Adriana Lastra, la justificó entonces en la necesidad de que el PP de Pablo Casado rindiera cuentas y asumiera responsabilidades. La comisión se aprobó en pleno el 1 de octubre con un respaldo mayoritario: 206 votos afirmativos (PSOE, Podemos, ERC, PNV, BNG, EH Bildu, la CUP, UPN y Ciudadanos), 88 noes (PP y Foro Asturias) y 54 abstenciones (Vox y Coalición Canaria).