El suplicatorio contra Puigdemont, Comín y Ponsatí arranca en el Parlamento Europeo

Por videoconferencia y en el más absoluto secreto, esta mañana ha echado a andar en el Parlamento Europeo el procedimiento para levantar la inmunidad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí. Arranca así de nuevo un asunto que llevaba meses congelado por la covid-19, y que tiene la capacidad de elevar considerablemente la temperatura de la Eurocámara en los próximos meses....

Por videoconferencia y en el más absoluto secreto, esta mañana ha echado a andar en el Parlamento Europeo el procedimiento para levantar la inmunidad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí. Arranca así de nuevo un asunto que llevaba meses congelado por la covid-19, y que tiene la capacidad de elevar considerablemente la temperatura de la Eurocámara en los próximos meses.

Los tres políticos independentistas reclamados por la justicia española tras su huida a Bélgica en 2017 gozan de protección como europarlamentarios desde que tomaron posesión de sus actas a principios de este año. El Tribunal Supremo, encargado de instruir la causa del procés, cursó inmediatamente un suplicatorio para reclamar a los fugados, poniendo en marcha el procedimiento mediante el cual sus colegas en la Eurocámara deberán decidir si los tres catalanes pueden o no ser juzgados.

La reactivación ha sido posible en parte gracias a la perseverante insistencia de Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente del Comité de Asuntos Jurídicos, el órgano encargado de los procesos de inmunidades. Ante la parálisis provocada por el coronavirus, cuyas medidas de distanciamiento impedían celebrar un proceso a puerta cerrada y de forma presencial, Vázquez solicitó a los servicios jurídicos de la cámara fórmulas alternativas para celebrarlo con garantías suficientes. A finales de octubre, estos autorizaron las vistas telemáticas para los asuntos de inmunidad “en las actuales circunstancias”.

“La sede de la soberanía europea no puede parar durante la pandemia”, ha dicho Vázquez en una rueda de prensa esta tarde tras celebrarse la primera sesión, en la que ha asegurado que el proceso será escrupuloso en el respeto de las garantías. “Tenemos la seguridad jurídica y la capacidad tecnológica para hacerlo", ha dicho.

La reunión de la Comisión ha durado cerca de 45 minutos, según uno de los asistentes, y no ha contado con la presencia ni real ni virtual de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Su testimonio podrá ser escuchado en la próxima sesión, cuya fecha se ha fijado, en principio, para el 7 de diciembre, y será presencial o no en función de la evolución del coronavirus. En la cita de esta mañana, el europarlamentario búlgaro Angel Dzhambazki, ponente del caso, ha presentado el informe sobre los tres políticos catalanes y los miembros de la Comisión han discutido por primera vez el asunto. Pero no ha trascendido su contenido. “Fue in camera y no sabemos nada”, aseguraron fuentes del entorno de los europarlamentarios catalanes.

El procedimiento se dilatará un mínimo de cuatro meses. Tras escuchar a los implicados, la Comisión parlamentaria habrá de reunirse y deliberar de forma secreta si decide o no levantar la inmunidad; emitirá entonces una recomendación para el resto de eurodiputados. Finalmente, el pleno del Parlamento Europeo deberá votar si retira o no la inmunidad.

“No entran nunca en el fondo del asunto”, explica una fuente parlamentaria, que destaca que en la inmensa mayoría de las veces la Eurocámara levanta la inmunidad de sus colegas. De los 60 casos de este tipo que el Parlamento Europeo sustanció en la última legislatura (2014-2019), los eurodiputados la levantaron en 55 ocasiones (más del 90%), según el recuento de este periódico.

La defensa de los prófugos se centrará en sumar aspectos procedimentales y cargas de profundidad con mayor contenido político. Por un lado, aseguran fuentes de su entorno, tratarán de exponer posibles deficiencias durante el proceso, como el hecho de que un solo ponente se encargue de los tres casos de inmunidad o posibles irregularidades en la celebración telemática, mientras por otro lado buscan convencer a los eurodiputados de que Puigdemont, Comín y Ponsatí sufren “una persecución política”; que se les reclama por sedición, "un delito que no existe en muchos países de la UE”, y que el Tribunal que quiere encausarlos, el Supremo, “no es competente” para ello, tal y como demostraría el reciente fallo de la justicia de Bélgica que rechazó entregar a España a Lluis Puig, otro de los consejeros huidos (este caso ha sido recurrido).

Desde el entorno independentista aseguran que acudirán al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si fuera necesario. “Nos estamos preparando para una batalla legal”. Y los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos ya han comenzado a notar el aliento de esa guerra, con la descarga de correos electrónicos de Gonzalo Boye, abogado defensor, con “observaciones” sobre el caso.

“Nos tiene locos”, protesta uno de los miembros de la Comisión. “Tratan de convertir algo meramente procesal en un asunto de fondo”. El proceso para levantar la inmunidad no es un juicio, pero la defensa de los independentistas “está intentando judicializarlo", asegura esta fuente. La figura trata de proteger a los europarlamentarios contra una intromisión política en el ejercicio de su cargo, algo que en este caso no existiría, según su versión, pues se les reclama por hechos previos a su estatus como eurodiputados.

En opinión de esta fuente “no hay grandes dudas” de que el Parlamento acabará decidiendo levantar la inmunidad de los huidos. Y si uno sondea entre españoles de los tres grandes grupos de la cámara (populares, socialistas y liberales), los cuales suman una cómoda mayoría parlamentaria, parece claro que este será el sentido del voto. Pero queda aún mucho tiempo para que suceda. Y el voto es secreto. Y una fuente parlamentaria alejada de España habla con mayor facilidad de “fracturas” dentro de los grupos, y de que el resultado quizá sea más ajustado de lo que los españoles prevén.

Si los eurodiputados votaran a favor de despojar a Puigdemont, Comín y Ponsatí de su inmunidad no implicaría su extradición a España de forma inmediata. El asunto pasaría a la justicia belga (en el caso de Puigdemont y Comín, asentados en Bélgica) y a la británica (en el de Ponsatí, asentada en Escocia), cuyos tribunales habrán de valorar la solicitud de extradición.