Un juez cita a declarar a miembros de la cúpula de Podemos tras una denuncia por financiación irregular

El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha llamado a declarar a varios miembros de la cúpula de Podemos tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente, que acusa al partido de financiación irregular. Según avanzó Público y confirman fuentes de la fuerza política, el magistrado ha citado el 20 de noviembre como imputados a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y actual integrante del gabinete del v...

El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha llamado a declarar a varios miembros de la cúpula de Podemos tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente, que acusa al partido de financiación irregular. Según avanzó Público y confirman fuentes de la fuerza política, el magistrado ha citado el 20 de noviembre como imputados a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y actual integrante del gabinete del vicepresidente Pablo Iglesias; así como a la gerente, Rocío Esther Val; al tesorero, Daniel de Frutos; y a una trabajadora, Andrea Dedoto. También mantiene en la causa a Podemos, como persona jurídica, en calidad de investigado.

Estas citaciones se dictaron a finales del pasado julio, después de que el juez que lleva la instrucción, Juan José Escalonilla, tomase declaración a Calvente. El antiguo abogado de la formación de izquierdas, que se ha convertido en una auténtica pesadilla para el partido, denunció presuntas irregularidades de las que tuvo conocimiento, según asegura, por el cargo que ocupaba. Según dijo en diciembre en declaraciones a EL PAÍS, él y una compañera tenían “sospechas de cobros bajo mano” y de sobresueldos de unos 1.000 euros en complementos no justificados.

En Podemos han recibido esta decisión del magistrado con resignación y arremeten contra él: ”El juez está haciendo una investigación prospectiva. Se trata de una forma de investigar prohibida y sancionada en los Estados de derecho. Consiste en practicar diligencias dando por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación. El objetivo de este tipo de investigaciones es hacer un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada”, explican fuentes del partido.

Calvente, que formó parte del equipo legal de Podemos hasta 2019, ha adquirido un enorme protagonismo en las últimas semanas. Salió del partido en diciembre del pasado año acusado de acoso sexual a una compañera —caso que la justicia acaba de archivar en julio ante la falta de evidencias” de “ninguna situación objetiva intimidante, hostil o vejatoria”— y se ha convertido desde entonces en su bestia negra. No solo presentó esta denuncia por financiación irregular, sino que ha acusado también al partido de urdir un “montaje” con el conocido como caso Dina. De hecho, la Audiencia Nacional lo ha citado también como testigo en septiembre para que declare sobre ello.

Pruebas solicitadas

Tras aterrizar el caso en su juzgado, Escalonilla ordenó practicar una serie de pruebas para valorar si existen indicios de delito suficientes para mantener abierta una causa penal por malversación y administración desleal. Así, citó en primer lugar a Calvente. Este prestó declaración por videoconferencia a finales de julio y se ratificó en su denuncia. Para el 15 de septiembre se fijó también la comparecencia como testigo de Mónica Carmona, otra abogada de Podemos también cesada en diciembre; y de la diputada y exasesora legal de la formación, Gloria Elizo (anulada posteriormente, debido a su condición de aforada al ser parlamentaria). Todo ello sirve de prólogo para el plato fuerte que se avecina en noviembre, con el desfile de los imputados ante el magistrado.

Paralelamente, el instructor también ha solicitado que le envíen toda una batería de datos y documentación. Ha encargado, por ejemplo, a la policía judicial que identifique quién solicitó 55.000 euros a la caja de solidaridad de Podemos, uno de los movimientos que denuncia Calvente; y que analice los pagos a dos empresas consultoras —Neurona (a cuyo administrador se llama también como imputado) y ABD Europa LDA—, que hicieron trabajos para el partido durante la campaña para el 28-A de 2019.

Los requerimientos del juez también tienen destino en el Registro Mercantil, al que ha solicitado un informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos consejos de administración figure Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. Al partido de Iglesias, por su parte, le ha solicitado documentación sobre la normativa interna que regula sus sueldos, así como facturas y tiques relacionados con el caso. Y se cita, además, como testigo al arquitecto que realizó el proyecto de reforma de la sede de Podemos.

“Con las acusaciones que hoy se vierten, pasará como con todas las anteriores: quedarán en nada. Porque su objetivo no es judicial, sino la difamación mediática. Y, cuando estas caigan, vendrán otras... y otras. Es así desde que nació Podemos. Son las reglas del (amañado) juego”, ha valorado Pablo Echenique, portavoz en el Congreso. La formación también ha presentado un escrito ante el juzgado donde pide la “nulidad” de la declaración de Calvente, ya que se encuentra el partido en una situación de “indefensión” al no haberle facilitado la grabación entera. Según detalla Podemos, solo se le entregado 41 minutos y 52 segundos de las más de tres horas de testimonio: “[Se nos dice que] que es lo único que hay en el procedimiento, junto con la documentación que esta parte aportó en dicha comparecencia. Tampoco consta que se hiciera transcripción alguna de la declaración prestada”.