Los casos Coslada y Guateque, crónica de dos estropicios policiales

Dos de las mayores macrocausas mediáticas abiertas en los últimos dos lustros en Madrid y con repercusión en toda España, el caso Coslada (40 imputados y siete encarcelados) y la Operación Guateque (que llegó a tener 140 imputados y una decena de presos), pueden salirle caras ahora al Estado. Todos los encausados en ambos procesos han sido absueltos por la Audiencia de Madrid en sentencias en las que dan fuertes varapalos tanto a los ju...

Dos de las mayores macrocausas mediáticas abiertas en los últimos dos lustros en Madrid y con repercusión en toda España, el caso Coslada (40 imputados y siete encarcelados) y la Operación Guateque (que llegó a tener 140 imputados y una decena de presos), pueden salirle caras ahora al Estado. Todos los encausados en ambos procesos han sido absueltos por la Audiencia de Madrid en sentencias en las que dan fuertes varapalos tanto a los jueces instructores, Santiago Torres y Eduardo Cruz (ambos ahora fuera de la carrera) como a las fuerzas de seguridad que investigaron estas causas.

Seis de los siete policías locales de Coslada que acabaron en prisión (y los únicos de los 26 detenidos que se sentaron años después en el banquillo acusados de una retahíla de delitos) exigen ahora al Estado 2,6 millones de euros.

La Operación Guateque (una supuesta trama compuesta por empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de Madrid acusados en su día de mercadear con licencias municipales) fue fraccionada por el Tribunal Supremo en varias causas dada su dimensión. Una de ellas, con seis empresarios implicados, acabó en la Audiencia Nacional, que la archivó años después. Los afectados aseguran que la actuación policial y judicial arruinó sus empresas y piden que el Estado les resarza con más de 60 millones de euros. Los otros imputados, entre ellos 19 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, también fueron absueltos en 2017, tanto por la Audiencia de Madrid como por el Supremo.

Los casos Coslada y Guateque coincidieron en el tiempo con otras investigaciones judiciales en las que jueces y policías parecían primar la cifra de detenidos para buscar el mayor impacto mediático. Las dos citadas operaciones tuvieron una enorme repercusión. Del caso Coslada se grabó incluso una serie televisiva de dos capítulos titulada Coslada 0. En ambas macrocausas intervinieron cientos de agentes y los sumarios acopiaron decenas de tomos con miles de folios y una maquinaria judicial que estuvo activa durante una decena de años hasta que llegaron las absoluciones en masa.

“La supuesta mafia de Coslada”

Unos 300 policías se desplazaron el 8 de mayo de 2008 desde Madrid y Castilla-La Mancha hasta la localidad madrileña de Coslada (80.000 habitantes) para detener a 26 policías locales en el marco de la actuación contra una supuesta trama delictiva que incluía extorsiones y abuso sexual de prostitutas exhibiendo placa. Siete de ellos, incluido el oficial jefe, Ginés Giménez, acabaron en la cárcel en las siguientes horas. Los demás quedaron en libertad con cargos. Los damnificados de aquella macrorredada de policías contra policías exigen hoy al Gobierno que les indemnice con 2,6 millones de euros por daños y perjuicios. Tras ser todos ellos absueltos por la Audiencia de Madrid, presentaron una reclamación por daños y perjuicios ante el Ministerio de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial acaba de emitir un informe dándoles la razón (estuvieron injustamente en la cárcel) y pide que se les indemnice. Justicia tiene la última palabra.

El caso Coslada se convirtió en una enorme caja de resonancia que llegó a acumular hasta 40 imputados, entre policías locales, empresarios y supuestos proxenetas. Creció como la espuma, pero con los años se desvaneció. Once años de investigación que florecieron al socaire de un enfrentamiento larvado entre miembros de la Policía Local de Coslada y de la Nacional, según refiere la sentencia de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió a los siete únicos agentes que finalmente se sentaron en el banquillo. Los otros 19 implicados se fueron descolgando de la causa a lo largo de la instrucción.

“No tenemos nada sólido; el caso se está cayendo de las manos...”, confesó año después de la macrorredada a EL PAÍS un alto cargo de la fiscalía madrileña. Pese a la aparente ausencia de pruebas, la fiscalía les llevó a juicio y pidió 26 años de cárcel para el exoficial jefe, Ginés Giménez; tres, para Carlos M. G. y penas de multa para los otros cinco agentes locales. El 3 de mayo de 2018 el magistrado ponente, Eduardo Regalado, en una sentencia de decenas de folios, consideró no acreditados ninguno de los delitos.

La indemnización de 2,6 millones que reclaman ahora seis de los siete agentes entonces encarcelados (el exoficial jefe también fue absuelto, pero está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo) es por dilaciones indebidas en el proceso (once años de duración) y por haber estado en prisión periodos que oscilan entre 4 y nueve meses.

El caso Coslada sigue hoy vivo en lo que respecta a Ginés Giménez. Tras ser absuelto y merced a un recurso del Ayuntamiento de Coslada, su asunto llegó al Supremo y este pidió a la Audiencia de Madrid que conceptuara como válidos dos autos: el que dictó el juez instructor, Eduardo Cruz, autorizando un registro en casa de Giménez (donde se hallaron varias pistolas, algunas antiguas, lo que derivó en una acusación de tenencia ilícita de armas, entre otros delitos) y un segundo auto que permitió los pinchazos telefónicos de los agentes. La Audiencia de Madrid ha vuelto a valorar ambos autos. E indica que no aportan hechos nuevos que permitan extraer conclusiones diferentes a las obtenidas en el juicio.

El Ministerio de Justicia estudia en estos momentos la solicitud de indemnización de 2,6 millones. Ha pedido informes al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado. Los agentes se quejan del sufrimiento, con largos periodos de suspensión de empleo, vivido durante los últimos dos lustros. “Hemos estado privados de libertad por unos hechos que no cometimos, inexistentes (...)”, señalan en el escrito en el que piden ser resarcidos. Y añaden: “La estancia en prisión unida a una larguísima, indebida e inusitada instrucción de la causa, a lo largo de diez años, hasta la firmeza de la sentencia, nos ha causado unos gravísimos perjuicios, en nuestro honor, imagen y consideración pública, profesional, personal, familiar, económica y de su salud”, añaden.

La sentencia del Constitucional

El Poder Judicial ya ha emitido su dictamen y da la razón en parte a los agentes de Coslada. Sostiene que deben ser indemnizados por el tiempo que estuvieron en la cárcel. Fueron absueltos por falta de pruebas. Pero el Poder Judicial entiende que no hay inocentes de primera y de segunda. Si han sido absueltos, no han cometido delito. Y se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el pasado verano, que finiquita el sistema que empleaba hasta ese momento el Ministerio de Justicia según el cual solo eran indemnizables las absoluciones por inexistencia de delito pero no aquellas basadas en ausencia de pruebas. No les da la razón, en cambio, en la queja por dilaciones del proceso. Señala que, pese a la larga instrucción, no cabe hablar de dilaciones puesto que no se constatan paralizaciones apreciables de la causa. Once jueces han desfilado desde la redada por el juzgado que instruyó esta causa, el de instrucción 21 de la plaza de Castilla.

El juez que abrió esta investigación se ha jubilado precipitadamente por recomendación del Poder Judicial, que le abrió un expediente disciplinario muy grave por su actuación en causas diferentes a este asunto. Los mandos policiales que intervinieron directamente en esta investigación están jubilados o apartados del grupo 16 de la UDYCO por otras actuaciones irregulares. La cuantía de la indemnización que finalmente dicte el Ministerio de Justicia no irá mucho más allá de 25 euros por cada día de privación de libertad. Es el criterio que ha adoptado Justicia tras la sentencia del Constitucional que impide que se distinga entre las absoluciones por falta de pruebas y por inexistencia de delito.

Operación Guateque

Parecida repercusión mediática, aunque con mayor número de detenciones e imputados, tuvo la denominada Operación Guateque, en este caso realizada por la Guardia Civil y el Juzgado 32 de la plaza de Castilla. Nueve años después de las detenciones, un tribunal de la Audiencia de Madrid absolvió a los 30 imputados que se sentaron en el banquillo. Y reprochó incluso “mala fe” en la actuación de la Guardia Civil respecto a los pinchazos telefónicos, ya que la grabación que suscitó las pesquisas se hizo sin autorización judicial, según la sentencia.

La macrorredada de Guateque estalló el 14 de noviembre de 2007 y también puede salirle cara al Estado, incluso mucho más que la de Coslada. Una parte de los afectados pide más de 60 millones al Ministerio de Justicia por la ruina de sus empresas tras precintarlas el juez y luego dejarlas en manos de un administrador judicial. En este caso, la demanda de estos seis afectados, que aún sigue viva y que también padecieron prisión, fue interpuesta antes de que saliese la citada sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a indemnizar a las personas que han sufrido prisión y luego son absueltas sea o no por falta de pruebas. Es decir, el fallo del Constitucional es posterior a esta demanda, de ahí que el Consejo no haya aplicado sus efectos a estos afectados, a diferencia de los damnificados del caso Coslada, que han presentado su demanda después.

El Poder Judicial, cuyo informe no es vinculante para el ministerio, entiende en su informe sobre Guateque que “las resoluciones judiciales constituyen una carga legítima que el ciudadano está obligado a soportar”. Y que tanto las medidas cautelares de precinto de las empresas como la prisión preventiva que sufrieron los afectados pueden constituir un error judicial que debe dirimirse ante los tribunales y no por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado. La decisión última la tiene, pues, el Ministerio de Justicia y, frente a su decisión, los afectados pueden acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo para reclamar los más de 60 millones que reclaman.