Las temporeras atrapadas en Huelva: “Se nos acaba el dinero y necesitamos volver a Marruecos”

“Vine aquí a recoger fresa, pero la temporada se ha terminado y ahora no puedo volver. Mi familia me necesita y el dinero que había ahorrado para ellos lo tengo que gastar en comida para vivir”. Este es el lamento desesperado de Fatna, temporera marroquí de 46 años que tiene seis hijos en su país, y que, como ella, comparten el resto de sus 7.100 compatriotas que llegaron en enero a trabajar en la campaña de los frutos rojos. Con su contrato terminado entre mediados de j...

“Vine aquí a recoger fresa, pero la temporada se ha terminado y ahora no puedo volver. Mi familia me necesita y el dinero que había ahorrado para ellos lo tengo que gastar en comida para vivir”. Este es el lamento desesperado de Fatna, temporera marroquí de 46 años que tiene seis hijos en su país, y que, como ella, comparten el resto de sus 7.100 compatriotas que llegaron en enero a trabajar en la campaña de los frutos rojos. Con su contrato terminado entre mediados de junio y julio, todas se encuentran varadas en la provincia de Huelva ante la imposibilidad de regresar a Marruecos, que ha mantenido cerradas sus fronteras desde el 13 de marzo y cuyas condiciones de reapertura a partir del próximo miércoles, en principio las excluye, ya que la única posibilidad de regresar desde España es por avión, un gasto que no se pueden permitir.

Sin posibilidad de trabajar, con apenas dinero, lejos de sus hijos a los que no ven desde hace más de seis meses y sin nadie que pueda decirles cuándo van a poder regresar, su situación es cada vez más angustiante. Tanto ellas como los colectivos agrarios que las emplean, los sindicatos y las ONG advierten de que podría derivar en una “crisis humanitaria” si los Gobiernos de Marruecos y de España no aceleran una solución. Las conversaciones entre el Gobierno de España y el marroquí son intensas, aseguran desde la Administración, pero los dos ministerios más involucrados, Migraciones y Exteriores, no asumen una responsabilidad directa en las negociaciones y no dan detalles. La Junta de Andalucía se ha ofrecido a realizarles test PCR y el cónsul marroquí en Sevilla está gestionando desde hace semanas con la subdelegación del Gobierno de Huelva su traslado, pero ninguno de estos movimientos se ha materializado, más allá la repatriación puntual de un centenar de mujeres que acababan de dar a luz, estaban embarazadas o enfermas.

“No sabemos de quién es la culpa, pero nosotras hemos venido a trabajar y estamos dispuestas a hacernos todas las pruebas. Escuchamos las noticias de Marruecos y se habla de los emigrantes en el exterior, pero muy poco de nosotras”, se queja Saidia, una jornalera que lleva 13 años viniendo a recoger la fresa y que, como sus compañeras, hace un llamamiento a las autoridades de su país para que desatasquen esta situación. “Esperamos que las gestiones que estamos realizando insistentemente con las administraciones españolas y las marroquíes fructifiquen pronto. Llevan más de una década acudiendo a trabajar a Huelva y son un pilar fundamental para las empresas en las que trabajan”, señala Pedro Marín, gerente de Intefresa, la asociación interprofesional de la fresa en Huelva.

Najiya también lleva más de una década cruzando el Estrecho cada invierno para recoger fresa para la misma cooperativa onubense. El viernes 19 de junio fue su último día de trabajo. Tanto ella como las otras siete compañeras con las que comparte casa tienen garantizada la gratuidad del alquiler —como estipula el convenio—. Aunque hasta ahora sí pagaban la luz y el agua, su empleador ha decidido asumir ese coste, además de garantizarles la vivienda, una vez que les ha vencido el contrato. “Hablamos casi a diario con nuestras familias para ver cómo está la situación allí y nos cuentan que las cosas van cada vez peor”, indica la jornalera, que tiene dos hijos de 14 y ocho años.

Las temporeras proceden de aldeas pequeñas y de entornos muy humildes donde el salario que ganan durante la campaña de los frutos rojos les permite sobrevivir prácticamente todo el año. Gastarlo para subsistir en España supone no solo una quiebra importante en sus expectativas económicas, sino un creciente estrés al no saber cuánto más se va a prolongar esta situación. “Algunas teníamos la posibilidad de trabajar en fincas de nuestros pueblos al volver, pero ya hemos perdido esa oportunidad, pero lo que realmente nos importa es estar con nuestras familias, porque algunas tenemos padres o hijos enfermos que también nos necesitan”, cuenta Saidia.

Sin apenas alternativas

Muchos de los empresarios han asumido el coste de la vivienda y algunos también han empezado a ayudarles en su manutención, mientras buscan cerrar un acuerdo con Marruecos para que sea ese país quién asuma ese coste. Desde la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía exigen, además de una “revisión radical del acuerdo de contratación que mejore sus condiciones y les garantice un empleo digno”, que ese gasto y el de su regreso se comparta entre Madrid y Rabat. De acuerdo con el convenio de contratación en origen, los freseros sufragan el trayecto de ida en ferri y del transporte en autobús hasta las plantaciones y el puerto, pero el viaje de vuelta por mar corre a cargo de las jornaleras, unos 45 €.

Las mujeres se sienten abandonadas. Las condiciones en las que se encuentran son de extrema dureza. “Muchas viven aisladas en zonas alejadas de los núcleos urbanos y no tienen medio de transporte para desplazarse hasta allí”, explica Ana Pinto, miembro de Jornaleras del Campo. Estos días es habitual verlas en grupos caminando por los senderos cercanos a la aldea del Rocío (Almonte, Huelva), para llegar hasta una parada de autobús que les lleve al municipio más cercano para comprar. Rehúsan hablar. Muchas no entienden el idioma y son analfabetas, lo que les hace casi imposible mantener una relación directa con el consulado marroquí o alguna autoridad de su país. La información les llega a través de los consultores del Prelsi (Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de Interfresa) o de las ONG.

“Las temporeras que han venido a una finca cuando se les ha terminado el empleo han sido trasladadas a otra que necesitaba mano de obra, pero cada vez hay menos demanda”, cuenta Gladys Meza, presidenta de Huelva Acoge. Algunas cooperativas están tratando de buscarles opciones laborales en otras zonas de España. 40 de ellas se han desplazado hasta Segovia para trabajar en empresas de brotes de fresa. “La mayoría preferimos quedarnos cerca por si podemos irnos”, señala Fatna. De momento, su espera incierta continúa. En los invernaderos solo quedan los toldos quemándose al sol y ellas.